El Congreso de la Ciudad de México está atorado por los legisladores de Morena que se fueron a promover la revocación de mandato, el ejercicio en el que se consultará a la ciudadanía si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe continuar en el cargo hasta el 2024 o dejarlo en este año.
Se trata de once congresistas de Morena —quienes representan el 35 por ciento de la bancada y el 16 por ciento del total del Congreso— que pidieron licencia entre el 3 y el 16 de marzo para promover el ejercicio que tendrá lugar el próximo 10 de abril.
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Los legisladores con licencia son Miriam Valeria Cruz Flores, Alberto Martinez Urincho, Nancy Núñez, Gerardo Villanueva, José Fernando Mercado Guaida, José Octavio Rivero, Leticia Estrada, Valentina Batres, Carlos Mirón, Xóchiltl Bravo y Yuriri Ayala Zúñiga.
“Hacemos un ejercicio político, conforme a la circunstancia política, donde creemos que vamos a realizar el papel que debió hacer el Instituto Nacional Electoral (INE) de promover la consulta”, declaró el pasado 7 de marzo Valentina Batres, respecto a los motivos para presentar licencia de los legisladores.
Diputados opositores acusan que lo anterior ha frenado la atención de temas importantes como la discapacidad, que tienen el carácter de prioritarias por venir desde el Ejecutivo o porque órganos colegiados han ordenado dictaminar
El argumento para no avanzar es que los suplentes no tienen el contexto de los trabajos legislativos que se estaban llevando a cabo y solo están para ocupar el espacio del diputado que se fue a promover la consulta.
Morena, distraído
El partido Morena está más preocupado por irse a promover la consulta de Revocación de Mandato que atender los pendientes y agilizar los trabajos en el legislativo, denuncia Daniela Álvarez Camacho, diputada local de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
“Están tan preocupados por la revocación de mandato que dejan el trabajo legislativo de lado”, comenta.
La diputada refiere que los suplentes solo cubren temporalmente a los diputados titulares y no tienen el contexto completo de lo que se está llevando a cabo, por lo que no se puede dar seguimiento a las iniciativas.
En consecuencia, habrá 3 semanas perdidas de trabajo porque los últimos diputados de Morena pidieron licencia desde el 15 de marzo y regresarán el 11 de abril, después de la consulta.
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Además, tras la consulta, vendrá el receso de tres días hábiles de Semana Santa en el Legislativo: del 13 al 15 de abril y se retomarán las sesiones hasta el 19 de abril.
Además de lo que implica la revocación de mandato, el Reglamento del Congreso tiene artículos que contribuyen al rezago legislativo, señala la diputada.
Por ejemplo, dice Álvarez Camacho, el reglamento estipula que los puntos de acuerdo deben ser discutidos en los 45 días posteriores a que se presentaron en el pleno y en el caso de las iniciativas de ley, este plazo puede llegar hasta los 90 días.
Sin embargo, acusa la legisladora, si la comisión no dictamina en sentido positivo o negativo la iniciativa o el punto de acuerdo, solo se desecha.
“Si como presidente de comisión en esos 90 días no hiciste nada, la iniciativa o el punto de acuerdo se desecha sin dictaminar”, reprocha.
A principios de este año, informa la representante popular, ella y su compañero de asociación parlamentaria, Royfid Torres, presentaron una iniciativa para modificar el reglamento del Congreso y poder agilizar los trabajos de dictaminación.
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No obstante, indica la legisladora, la revocación de mandato ha frenado el trabajo porque la ausencia de diputados de la mayoría de Morena también ha dejado a la mayor parte de las comisiones que crean leyes sin su titular.
Los temas atorados
Daniela Álvarez Camacho comenta que entre los temas más importantes que se han dejado de lado están los discapacitados: ella ha presentado al menos dos iniciativas y puntos de acuerdo que no se han dictaminado. Tampoco se ha expedido el reglamento de la Ley de Accesibilidad en Favor de las Personas con Discapacidad.
Además de lo anterior, existen temas que tienen prioridad y no se han tomado en cuenta: convertir los programas sociales en derechos; así como la eutanasia.
El 26 de enero, el gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional los programas “Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar” y “La escuela es nuestra”.
“Vamos a presentar la iniciativa que vamos a enviar mañana al congreso de la CDMX para una reforma constitucional, para garantizar la beca de bienestar para niñas y niños; y el programa La escuela es nuestra. La educación es un derecho y la garantía pasa por apoyar la economía de las familias”, señaló el 25 de enero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.
Sin embargo, a más de dos meses de que fue enviada, la iniciativa no ha sido aprobada por el pleno, a pesar de que las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo local tienen carácter de preferente.
También está el tema de la eutanasia: el pasado 23 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó al Congreso local a avanzar en la legislación del derecho al bien morir en la capital durante un foro en la Cámara de Diputados.
Este es otro tema que ya ha sido tocado en iniciativas pero hasta el momento no se ha discutido; el diputado de Morena, Norberto Nazario, presentó una propuesta de ley para avanzar en este tema a nivel local pero hasta el momento tampoco ha sido discutida.
