Por primera vez en la Ciudad de México, se tomaron en cuenta los derechos laborales de las personas de la tercera edad en el trabajo legislativo.
En el Congreso capitalino se hizo una propuesta de reforma a la ley para garantizar el derecho a un trabajo formal para dicho sector de la población. La intención, es asegurar una vejez digna y con ingresos estables para los mayores de 65 años en la capital.
Fue el pasado 2 de febrero cuando se presentó dicha iniciativa ante el pleno del Congreso durante sesión virtual, que propone una reforma a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para otorgar incentivos fiscales a los empresarios que contraten personas adultas mayores.
En caso de que se apruebe la reforma, su aplicación será complicada porque no se puede obligar a los empresarios a contratar adultos mayores
Sin embargo, especialistas consideran que esta reforma no es suficiente para garantizar un ingreso digno a este sector de la población ni tampoco asegura su contratación debido a que hace falta agilizar el proceso de pago de impuestos.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital del país viven un millón 22 mil 375 personas de la tercera edad. Mientras que información del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México, señala que del total de adultos mayores de la capital, alrededor del 30 por ciento están económicamente activos debido a que no tienen pensión para el retiro o su ingreso no les alcanza para satisfacer sus necesidades.
Terminar con el etarismo
La reforma a la ley planteada tiene la intención de erradicar el etarismo (la discriminación por edad que padecen los adultos mayores) y asegurarles una vejez digna, afirma el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, legislador que preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y presentó la iniciativa de reforma.
Según la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS 2017) que realizó el COPRED, los adultos mayores son el sexto grupo que más padece discriminación en la capital.
Villanueva considera que esta discriminación se ve reflejada en la falta de oportunidades laborales.
El etarismo es una discriminación de la que poco se habla y es muy común en todo el país, llega a ser un problema en la iniciativa privada
Explica que aunque la capital del país y el Gobierno federal han otorgado diversos apoyos a la población de la tercera edad, estos solo son un complemento a sus ingresos.
“No hay un programa social que pueda completar su ingreso, afortunadamente existen acciones como las del Gobierno local y federal, pero esto solo es un complemento”, dice.
Por lo cual, señala, es necesario reformar la Ley de Protección y Fomento al Empleo para que, además de actualizarla, se integre a los adultos mayores dentro de los grupos vulnerables y excluidos catalogados en el marco legal para que su contratación, sea motivo de reducción de cargas fiscales para los empresarios.
“Lo que se plantea es modificar los requisitos para que se pueda entregar incentivos fiscales a quien contrate personas adultos mayores y acceda a los mismos beneficios fiscales que quienes dan trabajo a personas con discapacidad o que están en proceso de rehabilitación de alguna adicción”, dice.
Por último, señala el legislador local, espera que sea en este semestre cuando el pleno del Congreso apruebe su iniciativa.
La propuesta de ley fue turnada a la Comisión de Trabajo, que encabeza Margarita Saldaña, y será la responsable de dictaminarla.
Difícil aplicación de derechos para la tercera edad
En caso de que se apruebe la iniciativa de reforma, su aplicación será complicada porque no se puede obligar a los empresarios a contratar adultos mayores, dice Roberto Rosales, especialista en derecho y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Rosales menciona que si la iniciativa se aprueba, los empresarios primero pensarán si es factible o conveniente meter en su nómina con derecho a seguridad social a los adultos dependiendo de las actividades que desarrolla y después se fijarán en los beneficios fiscales.
Explica que si una compañía no tiene un departamento o área apta para adultos mayores, se dificultará que se aplique la ley.
A esto, se suma que pagar impuestos es un trámite complejo, en el que si ocurre un error, no se les deducen las cargas fiscales.
“Ocurre muy frecuentemente, que un empresario contrata a una persona con discapacidad, pero comprobarlo es complicado porque se piden una serie de documentos y si algo falta o un papel viene con una falla, o no está vigente, no se aplica la deducción fiscal”, detalla.
Esto, considera Rosales, implica un impedimento para la aplicación de la posible reforma de ley.
“Entonces, primero, el empresario debe encontrar un lugar y después, asegurar que les apliquen la deducción. Pero si esto no se agiliza desde el fisco, aunque esté en la ley, no le convendrá a los empresarios”, menciona.
Dice que este tipo de problemas, son los que generan que exista el outsourcing y se abuse de la contratación por honorarios.
“La dificultad de deducir impuestos y lo complicado que es, es lo que genera que las empresas recurren a la subcontratación, porque es más fácil pagarle a una empresa para que lleve la nómina que hacerlo de manera directa y arriesgarse a no deducir todo lo que podría puede”, señala.
