Por las circunstancias, que tengan una sanción ejemplar debido a que una muy importante cantidad de delincuentes portan armas y las usan contra la fuerza pública”
El Municipio de San Nicolás planteó ayer endurecer las sanciones contra las personas que lesionen o asesinen a un policía.
El alcalde Víctor Fuentes presentó en la Oficialía de Partes del Congreso local una iniciativa para sancionar con la pena máxima de 60 años de cárcel para que cometa este tipo de delitos.
Se informó que se contempla modificar los Artículos 305 y 318 del Código Penal.
La medida fue apoyada por las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y de la Independiente, así como otros 14 diputados de estos grupos legislativos del Congreso.
“Lo que se busca es agravar las penas considerablemente contra quien agrede, lesiona o lamentablemente llegue a asesinar a un servidor público encargado del orden o de la seguridad.
“Ya sea Policía de Proximidad, Policía de Reacción, Ministerio Público, Policía Militar, Gendarmería, Marino o cualquiera de sus distintas representaciones, es muy lamentable que sean en ciertas condiciones solamente una agravante más”, dijo el presidente municipal.
Esto, según el edil, se debe a que una importante cantidad de delincuentes ya portan armas de fuego.
“Consideramos que por las condiciones por las que estamos pasando, por las circunstancias, que tengan una sanción ejemplar debido a que una muy importante cantidad de delincuentes portan armas y lamentablemente las usan contra la fuerza pública”, explicó Fuentes.
La seguridad de un marco jurídico
El pasado mes de agosto varios delincuentes mataron a un policía de San Nicolás, cuando éste intentó evitar el robo de un cajero automático de un negocio ubicado en las calles Jorge González Camarena y Pensamiento, en la colonia Hacienda del Roble.
El uniformado identificado como Gustavo Hernández Dolores, quien murió cuando recibía atención médica.
El alcalde Víctor Fuentes confió en que los diputados abrirán el tema a discusión y en mesas de trabajo llegarán a la mejor de las conclusiones aprobando que todo el peso de la ley recaiga en los asesinos de un uniformado.
A pesar de que en la iniciativa se solicita el tope máximo en las penas, el munícipe señaló que hay otros estados del país, como Guanajuato, donde éstas son 30 ó 40 por ciento mayores.
