“(El PRI) da un paso y retrocede dos, porque no sabe respetar los acuerdos establecidos”
“Soy pesimista a lo mejor y ojalá me equivoque (…) creo que esas dos leyes no pasarán en la actual legislatura”
Se busca un punto de equilibrio para que el Ejército y la Marina continúen su trabajo de seguridad en las calles, pero con garantías constitucionales
Una vez concluidas las elecciones, el Congreso federal retomará el proceso para aprobar tanto la Ley de Seguridad Interior como el proyecto del Mando Mixto de Policía, los dos grandes pendientes legislativos.
La aprobación urgente de ambas iniciativas son una prioridad para el Legislativo, buscando que la discusión y el debate no coincida con los tiempos electorales para la sucesión presidencial en el 2018.
La celebración de las elecciones del pasado 4 de junio aplazó en el Congreso la discusión en torno a las dos reformas en el ámbito de seguridad en el país.
En el compás de espera que se ha abierto para legislar sobre una Ley de Seguridad Nacional, cuya discusión ya cumple dos años en las dos cámaras, resaltan como eje central las fuerzas armadas de la Federación en el combate a la delincuencia.
Se busca llegar a un punto de equilibrio que permita al Ejército y a la Marina continuar con su trabajo de seguridad, pero con garantías constitucionales para esa labor.
En el 2004 se reformó el Código Penal Federal estableciendo el delito de Delincuencia Organizada.
De acuerdo al diputado Waldo Fernández González, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, se observa difícil que en la actual legislatura se pueda resolver el tema de las leyes de Seguridad Interior y de la de Mando Único, “porque el PRI-Gobierno, no ofrece las condiciones necesarias para el debate de esas leyes”.
“Soy pesimista a lo mejor y ojalá me equivoque, pero no se observan las condiciones necesarias para llevar la discusión de estas leyes a un periodo extraordinario. Es más, creo que esas dos leyes no pasarán en la actual legislatura”, y esto es porque ya están encima los tiempos electorales de la sucesión presidencial.
Por su parte, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, miembro de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, dijo que es urgente resolver estas leyes, aunque consideró que hay falta de seriedad por parte del PRI
“Da un paso y retrocede dos, porque no sabe respetar los acuerdos establecidos”, siendo el principal responsable de que el debate de estas leyes se encuentre en suspenso.
Perdidos entre iniciativas
Las discusiones de estas leyes fueron suspendidas por las elecciones locales en cuatro entidades del país.
Ahora, las posturas encontradas entre las fracciones ante los resultados de la elección en al menos dos estados dificultarían retomar el debate.
También interfiere la cantidad de iniciativas que se han presentado sobre el mismo tema, pues a la propuesta inicial del diputado panista Jorge Ramos se suman las que presentaron el panista Roberto Gil Zuarth, el priista César Camacho y el petista Miguel Barbosa.
Las cuatro iniciativas de ley sobre el mismo tema de seguridad interna del país, son tan disímbolas que ni siquiera empatan en cuanto a las definiciones semánticas para establecer los términos de “seguridad nacional”, “seguridad interior” y “seguridad pública”.
Tampoco hay empatía en cuanto a las facultades que deben tener las fuerzas federales en el combate a la delincuencia, ni sobre el tiempo en que estas deberán estar haciendo labores de seguridad, mucho menos en cuanto a los candados para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población civil.
Ley que nació muerta
Para el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, “la Ley de Seguridad Interior, nació muerta”.
Desde su óptica no observa posibilidad de que ese proyecto se pueda sacar adelante, no tanto por las posturas encontradas entre las fracciones políticas, “sino porque es una ley polémica de por sí”.
El propio contenido de la propuesta de ley, explicó Waldo Fernández a Reporte índigo, confronta a la sociedad al tocar asuntos de derechos humanos.
El tema se polariza porque habrá quien se diga a favor de la presencia del Ejército y Marina en las calles y habrá quien se ponga a favor de la defensa de los delincuentes”, explicó.
Consideró que la de Seguridad Interior es una ley que urge porque lleva de la mano la Ley de Mando Único de Policía, necesaria para evitar que los gobernadores y alcaldes dejen la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la Federación, como ha venido ocurriendo.
“A nadie, más que a los delincuentes, le beneficia que la Ley de Seguridad Interna y la de Mando Único de Policía no se logre, porque entonces estamos mandando un mensaje de que no hay una sociedad unida, de que no nos estamos poniendo de acuerdo en la forma en que los ciudadanos queremos que se combata a la delincuencia”, explicó.
Solapan corrupción
El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez dijo que no crear ese marco jurídico solo beneficiará a los gobiernos estatales corruptos que han permitido la infiltración de sus policías por parte del crimen organizado.
Recordó que existen muchos ejemplos de solapar la corrupción de las policías locales, como son los casos de los exgobernadores Tomás Yarrington, en Tamaulipas, y Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, entre otros, donde la falta de una ley como la que se pretende habría evitado el avance del crimen organizado a niveles superiores de gobierno.
Además, consideró el senador por Colima, esta ley en ciernes evitará que los gobernadores y alcaldes sigan en la actitud que han asumido muchos, “que se han tirado al sillón a echar la hueva” en materia de seguridad pública, dejando toda la responsabilidad al Gobierno federal y a las fuerzas federales.
