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La reforma que busca establecer el mando mixto en las corporaciones policiacas, impulsada principalmente por el PAN, ya fue aprobada en el Senado y está esperando su turno en la Cámara de Diputados
A pesar de que el PRI se había comprometido con el Ejército a que la Ley de Seguridad Interior se aprobaría a más tardar en abril pasado, César Camacho, su líder, no pudo lograr los consensos para lograrlo
Aunque el tricolor asegura que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior ya está listo, el PAN ha amagado con ni siquiera ponerlo a discusión si primero no se aprueba el mando mixto policial
“Hay que hacer una convocatoria pública para ver las condiciones en las cuales se va a definir la forma en la que trabajará la Fiscalía General y después de eso ya poder hablar de nombramientos”
Cuando hay voluntad política para aprobar un tema se hace a la brevedad no solo en una Cámara, sino en las dos; pero un tópico impulsado el año pasado por la sociedad no ha corrido con esa suerte: la creación del SNA
Los senadores tienen pendiente el nombramiento del fiscal Anticorrupción, de los 3 magistrados de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y de 15 magistrados para las 5 nuevas salas locales de este Tribunal
A 23 días de que el SNA tenga que estar en vigor, todavía nadie se pone de acuerdo sobre si se realizará o no un periodo extraordinario ni qué temas se tratarán
Tal parece que en el Congreso de la Unión conviven dos universos paralelos: uno, donde en los discursos se ensalza el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos y el combate integral a la inseguridad; y otro en el que, por intereses políticos y electorales, nada se concreta en realidad.
La última batalla que se libra en el Legislativo es, ni más ni menos, la de nombrar a quienes investigarán los delitos de corrupción y los castigarán. En el verbo, todos juran estar comprometidos con el combate a la corrupción; en los hechos, tratan de que todo siga igual.
El próximo 18 de julio se termina el plazo para que todas las instituciones involucradas en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) realicen los cambios internos y los nombramientos necesarios porque al día siguiente, el 19 de julio, el SNA deberá estar funcionando con todas sus capacidades.
A la guerra por el tema anticorrupción le preceden otras que también fueron catalogadas como “urgentes” para cambiar la dinámica del combate a la inseguridad, pero que en años no se han podido concretar.
Se trata de la reforma policial, para instituir el mando mixto en las corporaciones; y la Ley de Seguridad Interior, para enmarcar legalmente la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Ha sido y es así en el Congreso: el interés político sobre ciertos temas siempre será el mejor impulso para que una reforma se concrete o no; muy pocas veces importa la agenda de las organizaciones civiles o de la ciudadanía.
En estos días de receso legislativo, aunque el Congreso debiera estar enfrascado en la construcción de una Fiscalía nacional independiente del Ejecutivo y se nombre a un fiscal anticorrupción fuerte, los legisladores se han empantanado en un estira y afloja donde nadie parece cambiar sus posiciones.
Mientras el PAN presiona para no hacer los nombramientos hasta que la Fiscalía General de la República no forme parte del poder Ejecutivo y no dependa más del presidente de la República, el PRI ha bloqueado la discusión sobre esa posibilidad y solo acusa al albiazul de no querer hacer ya las designaciones pendientes.
El reloj avanza irremediablemente. A 23 días de que el SNA tenga que estar en vigor, todavía nadie se pone de acuerdo sobre si se realizará o no un periodo extraordinario ni qué temas se tratarán; porque si los nombramientos para el combate a la corrupción todavía se ven lejanos, más se ven todos aquellos temas relacionados con la seguridad.
Anticorrupción, ¿solo en el discurso?
Faltaban ya unos días para cerrar el periodo ordinario de sesiones, en abril pasado. El Partido Verde impulsó, contra viento y marea, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre para prohibir el uso de los delfines para fines no científicos.
En la Cámara de Diputados, el tema causó polémica y rechazo de los partidos de Oposición. El primer día que se subió al pleno, la sesión tuvo que ser cancelada porque los diputados que estaban contra el tema se salieron del salón, dejando sin quórum al órgano.
En un segundo día, el tema tuvo que ser bajado de la agenda por la falta de acuerdos. Fue hasta la tercer sesión en que se trató el asunto cuando pudo ser aprobado. En el Senado también pasó días después, antes de que concluyera el periodo ordinario.
Ese es uno de tantos temas que son impulsados por intereses políticos y que encuentran su camino fácilmente en el Congreso de la Unión.
Otro ejemplo fue la reforma energética, aprobada en un tiempo record de 48 horas por las dos Cámaras del Congreso.
Estos ejemplos demuestran que cuando hay voluntad política para aprobar un tema, se hace a la brevedad no solo en una Cámara, sino en las dos.
No ha ocurrido así con uno de los temas que fue impulsado el año pasado por la sociedad civil: la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante la presión de cientos de miles de firmas que fueron entregadas al Senado, además del acompañamiento permanente de las organizaciones de la sociedad civil, los senadores tuvieron que aprobar el andamiaje legal, pero dejando algunos cabos sueltos.
Uno de esos cabos sueltos es el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción –llamada comúnmente Fiscalía Anticorrupción-.
Las organizaciones de la sociedad civil han pedido que se cancele el proceso para nombrar al nuevo fiscal que combatirá la corrupción, porque no tendrá las herramientas para hacer su trabajo: meter a los corruptos a la cárcel.
Pero no se trata solo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción –nombre formal de esta oficina-, sino del mal diseño de la Fiscalía General de la República cuyo andamiaje legal no le permite ser autónoma del poder federal.
Esta falla en la Fiscalía General no permitirá que ninguno de sus entes tenga plena independencia, entre ellos, la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, los senadores nombrarían a un fiscal cuyos jefes serán el procurador general y el presidente de la República; y su tarea sería investigarlos a ellos y a todos los servidores públicos que estén envueltos en delitos de corrupción.
Para el PAN, esta condición de subordinación no permitirá que haya investigaciones verdaderas para combatir la corrupción, sino ningún otro delito que sea investigado por la Fiscalía General.
El albiazul se opone al pase automático del actual procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General. Ello significaría, dice el PAN, que llegaría ahí un amigo del actual presidente Enrique Peña Nieto, lo que garantizaría que no habrá investigaciones de su ejercicio de gobierno.
“No se nos ha olvidado que el Presidente de la República presentó una iniciativa para eliminar el pase automático de PGR a Fiscalía General, y ésa hay que dictaminarla antes de hacer cualquier otro movimiento.
“Hay que hacer una convocatoria pública para ver las condiciones en las cuales se va a definir la forma en la que trabajará la Fiscalía General y después de eso ya poder hablar de nombramientos”, ha condicionado Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN.
Además del nombramiento del fiscal Anticorrupción, los senadores tienen pendiente el nombramiento de los 3 magistrados de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, que será la encargada de juzgar los hechos graves de corrupción; y de 15 magistrados para las 5 nuevas salas locales de este Tribunal, que tendrán la misma misión, pero en los estados.
Reporte Indigo publicó el 26 de abril que dos de las candidatas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para ser magistradas de este tribunal están afiliadas al PAN.
Seguridad, sin avances
Durante meses –incluso años en el caso de la reforma policial-, las bancadas en el Congreso de la Unión han dado largas a la aprobación de las reformas en materia de seguridad.
Se trata, primero, de la reforma que busca establecer el mando mixto en las corporaciones policiacas; es decir, que convivan a la vez el mando único –propuesto por el presidente Peña Nieto- y el mando local, a petición de los senadores de Oposición.
Esta reforma, impulsada principalmente por el PAN, ya fue aprobada en el Senado, y está esperando su turno en la Cámara de Diputados, donde se topó con otra negociación importante.
El PRI comenzó a finales del año pasado la construcción de una Ley de Seguridad Interior que, a exigencia del Ejército mexicano, busca dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
Aunque el tricolor asegura que el dictamen de esta Ley ya está listo, el PAN ha amagado con ni siquiera ponerlo a discusión si primero no se aprueba el mando mixto policial, que garantizaría el compromiso de formar y mejorar a las policías y no “normalizar” legalmente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
A pesar de que el PRI se había comprometido con el Ejército a que esta Ley se aprobaría a más tardar en abril pasado, cuando terminó el periodo ordinario de sesiones, César Camacho, su líder, no pudo lograr los consensos para lograrlo.
Se manejó en ese entonces que sería necesario un periodo extraordinario para aprobarlo, una vez que pasaran las elecciones del 4 de junio; sin embargo, todo indica que estos dos temas de seguridad no tendrán cabida en un posible periodo extraordinario que podría ocurrir antes del 18 de julio.
> El 26 de abril, Reporte Indigo publicó que dos de las candidatas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para ser magistradas de este tribunal están afiliadas al PAN.
