“No invadimos competencia, siempre hemos sido respetuosos del marco federal y nuestra posición como gobierno de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lo ha reiterado, es que seremos respetuosos de lo que la SCJN establezca y determine”
El titular de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino dijo que uno de los requisitos para la vigencia de la Constitución era que fuera aprobada por mayoría calificada
En marzo pasado, la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad para invalidar 39 artículos de la Carta Magna y la CNDH, de 33
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya trabajan en las leyes secundarias, con un pendiente sobre todos, la promulgación de la Ley Electoral
Una cascada de impugnaciones le cayó a la Carta Magna de la capital del país. Cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales.
Y aunque cuando la Constitución de la Ciudad de México se publicó -el 5 de febrero de este año- los actores que participaron en su elaboración tenían contemplado que pudieran surgir impugnaciones, no esperaron que fueran por parte de la Federación.
Es el primer caso en la historia de México, que la constitución de una entidad es impugnada por el Gobierno Federal.
Porfirio Muñoz Ledo, comisionado de la Reforma Política y diputado constituyente, afirma que el Gobierno Federal tuvo espacio y participación en la elaboración y aunque haya perdido algunos debates, debería respetar el resultado de los trabajos.
“Lo que no ganas en el debate, lo que no ganas en el parlamento, lo que no ganas en acuerdo político, luego lo vas a pelear, porque son los mismos actores, es ser un mal perdedor, entre otras cosas.
“¿Qué no estuvieron de acuerdo en lo que hicimos? ese es su problema, tuvieron espacio, se les dio la oportunidad, incluso se discutió mucho la constitucionalidad de quienes eran senadores y diputados y al mismo tiempo eran constituyentes”, asegura.
La razón de la sorpresa: el Gobierno de la República participó en la elaboración a través de sus asambleístas designados, sumados además a los priistas que llegaron a la Constituyente a través del poder legislativo federal.
Las impugnaciones fueron presentadas por actores como la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, la PGR y el Tribunal Superior de Justicia capitalina, entre otros, mismas que ya fueron respondidas por el gobierno de la ciudad. Ahora la decisión recae en la Suprema Corte.
Para muchos, esta acción obedece a motivaciones políticas, quizá un intento de golpear al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
La conformación de la Asamblea Constituyente, con un 60 por ciento de diputados electos a través de la representación proporcional y un 40 por ciento de designados por los gobiernos federal y local así como por la Cámara de Diputados y el Senado fue motivo de debate previo al inicio de la discusión de la Constitución.
Esta composición, fue cuestionada no solo por la presencia del Gobierno Federal en la toma de decisiones, sino que se acusó de la sobrerrepresentación de algunos partidos como el PRI, que tenían un número de asambleístas superior al que hubieran alcanzado por elección popular.
Manuel Granados Covarrubias, Consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad de México, quien encabeza la defensa jurídica de la Carta Magna, señala que aunque esperaban algunas observaciones, jamás imaginaron que serían de tal magnitud, ni que provinieran de entes políticos que participaron en su elaboración.
“Sí es un tema en donde hay un grado de sorpresa en términos de que participaron todos los entes políticos en la constituyente e incluso la designación del Senado, de la Cámara de Diputados, del ejecutivo federal, del ejecutivo local”, apunta.
En manos de la SCJN
Apenas la semana pasada, la Consejería Jurídica del gobierno capitalino presentó ante la SCJN la última parte de la defensa jurídica de la Constitución, el documento que da respuesta a las controversias constitucionales interpuestas por la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia.
Ahora, una vez que ya se dio respuesta a todos los recursos, corresponde a la Suprema Corte de Justicia resolver todas las impugnaciones, y desde el gobierno capitalino Constitución han pedido a los ministros que las audiencias sean públicas.
“La opinión pública tiene que estar atenta a todo esto, no vaya a perderse entre los corredores o en las penumbras, tiene que actuar como corte abierta la Suprema Corte, como nosotros actuamos como parlamento abierto”, afirma Muñoz Ledo.
Mientras, Granados Covarrubias reitera que su interés es que también sean audiencias públicas, que se llame a quienes participaron en la construcción de este proceso democrático.
Mientras se resuelven estas impugnaciones, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya trabajan en las leyes secundarias, con un pendiente sobre todos, la promulgación de la Ley Electoral que tendrá que estar lista antes de 31 de mayo, y para que las nuevas reglas puedan ser aplicadas en la próxima elección en 2018.
Las impugnaciones
> La Procuraduría General de la República
Pide invalidar 39 artículos de la Carta Magna capitalina, la acción más severa en contra del documento.
> La mesa directiva del Senado de la República
Interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte con el argumento de que la Constitución capitalina invade facultades del Congreso de la Unión.
> La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República
Interpuso una controversia constitucional contra 13 artículos, por considerar que invaden facultades federales como el uso de la cannabis y la justicia penal, entre otros.
> La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de 33 artículos argumentando invasión de facultades a la Comisión de Derechos Humanos capitalinos.
> El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Interpuso una controversia constitucional a los artículos 33 y 37 que aseguran violan la autonomía e independencia del Poder Judicial capitalino.
> Morena
En contra de la conformación del primer Congreso de la Ciudad de México.
> Nueva Alianza
En contra de la figura del cabildo establecida en la Constitución.
Las impugnaciones
La principal razón jurídica que está detrás de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales a la Constitución de la ciudad es la posible invasión de facultades de un órgano hacia otro en la parte legislativa o en áreas de competencias locales y federales.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el pasado mes de marzo una acción de inconstitucionalidad para invalidar 39 artículos de la Carta Magna capitalina, la acción más severa en contra del documento.
Entre los puntos que pide revisar la PGR a cargo de Raúl Cervantes está la regulación en materia de derechos humanos, lo referente a las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa, secreto profesional, así como la invalidez de la revocación de mandato y los requisitos para declarar la nulidad de una elección por no estar armonizados con la Constitución Federal.
La mesa directiva del Senado de la República también interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte con el argumento de que la Constitución capitalina invade facultades del Congreso de la Unión.
Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional contra 13 artículos, por considerar que invaden facultades federales como el uso de la cannabis y la justicia penal, entre otros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de 33 artículos argumentando invasión de facultades a la Comisión de Derechos Humanos capitalinos y porque no se establece con claridad cómo la autoridad local va a cumplir con sus obligaciones de protección a las garantías individuales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México interpuso una controversia constitucional a los artículos 33 y 37 que aseguran violan la autonomía e independencia del Poder Judicial capitalino.
A ello se suman dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena y Nueva Alianza, la primera en contra de la conformación del primer Congreso de la Ciudad de México, y la segunda en contra de la figura del cabildo establecida en la Constitución.
Un sentido distinto
Porfirio Muñoz Ledo, uno de los hombres fuertes de Miguel Ángel Mancera en el proceso de redacción de la Constitución de la Ciudad de México, asegura que la legislación local va en un sentido distinto que la legislación federal, sin que esto signifique que se enfrente a ella.
“No es la primera vez que una constitución de una entidad tiene avances sobre la constitución federal, con tal de que no violente ninguno de sus principios, sino que le de más derechos a los ciudadanos, esto es perfectamente válido.
“Nosotros no tenemos por qué copiar la Constitución Federal, podemos ampliar derechos, esa es la gran discusión y cambiar formas de hacer las cosas, de hecho muchas constituciones en México, en el pasado se avanzaron sobre la Constitución Federal”, detalla.
El comisionado para la Reforma Política recordó que la figura del amparo se instituyó por primera vez en la Constitución local de Yucatán, o como el voto a la mujer fue reconocido por primera vez en la década de los 20 en 4 entidades, y posteriormente se adoptaron a nivel federal, ejemplos del avance que han tenido legislaciones locales sobre la Constitución Federal.
“Ya se acabaron las calcas al carbón de la constitución federal que fueron mucho tiempo las constituciones de los estados, volvimos a las mejores épocas republicanas, cuando había un dinamismo en los estados”, dice Muñoz Ledo.
El político señala que tanto la Consejería Jurídica como la comisión a su cargo están perfectamente preparados y continúan trabajando para la defensa de la Constitución, la cuál tiene que ser en el ámbito jurídico, pero también en la implementación.
“Las Constituciones se defienden y se aplican. Es un hecho histórico una constitución de las dimensiones y de vanguardia como la que hicimos, pero defender la constitución en los hechos puede convertirse en una acción heroica, la tenemos que defender en la realidad también”.
Muñoz Ledo reconoce que podría haber motivaciones políticas que quieran frenar esta Constitución, pero se muestra confiado en que ésta sirva como parteaguas para que otras entidades puedan seguir el ejemplo de la Ciudad de México.
“Por una razón natural, que es lo que algunos no quieren, va a replicarse en muchos estados de la república, y sobre todo lo que les preocupa es que probamos que se puede hacer una nueva constitución y también se puede hacer a nivel nacional”.
‘No invadimos competencia’
Manuel Granados Covarrubias, titular de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino y principal responsable de la defensa jurídica de la Constitución reitera que ésta no invade atribuciones de otros entes, y se muestra confiado en la solidez de su defensa.
“La argumentación que nosotros estaremos dando es lo suficientemente sólida para demostrar que no incurrimos en esquemas de violación constitucional”, asegura.
Aunque hay un marco jurídico constitucional que permite hacer este tipo de impugnaciones, Granados reconoce que recibieron con sorpresa los señalamientos, sobre todo los provenientes del Gobierno federal.
“Creo que debieron puntualizar específicamente más en algún tema. Hubo una representación del ejecutivo federal e incluso en la propia integración del Constituyente en donde hubo un expertiz muy amplio.
“Por ejemplo, quienes fueron incluso por parte del PRI designados, muchos de ellos han ocupado cargos y posiciones técnicas jurídicas, que son especialistas en materia constitucional”, indica.
Granados Covarrubias hace énfasis en que la Constitución fue aprobada por mayoría calificada, que era uno de los requisitos para su vigencia, y que cada uno de los artículos fue votado, discutido y analizado, lo que le da no solo legalidad a la Carga Magna, sino legitimidad.
“Por eso es un poco el esquema de generar esta conciencia de la defensa de la constitución de la ciudad porque está en un marco democrático, plural y abierto”.
Se quieren centralizar las facultades
Jaime Cárdenas, quien participó en la Asamblea Constituyente como representante de Morena, asegura que detrás de la ola de impugnaciones que recibió la Constitución hay un intento de centralizar en la federación diversas facultades.
“Sí hay un intento de centralización de facultades y de negar a los estados de la República, en este caso a la Ciudad de México, las facultades que deben corresponderle a nivel local en un Estado federal que se preciara de tal.
“Son impugnaciones para reducir derechos y para quitarles a las entidades federativas poder jurídico. Desde mi punto de vista son para reducir los contenidos en materia de derechos humanos y en materia de democracia”.
El investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM asegura que estas acciones sumadas a diversas reformas constitucionales que ha sufrido la Carga Magna federal en los últimos años buscan coartar las atribuciones de los gobiernos locales.
“Hay en el país un proceso de deconstrucción del Estado federal a nivel jurídico para centralizar funciones en el ejecutivo y también en el Congreso.
“Vamos a probar con la decisión de la Corte si en México existe federalismo o no existe, al menos desde el punto de vista jurídico. La Corte tiene que ser muy sensata”.
Cárdenas también sostiene que otra de las motivaciones de los alegatos presentados ante la Suprema Corte es que las autoridades federales no desean el efecto de contagio en el resto de los estados ni tampoco en la Constitución federal en temas como los derechos a favor de los homosexuales, la despenalización del aborto o la revocación de mandato.
“Saben que en 2018 la ciudad seguirá votando por los partidos de izquierda y no desean que los partidos de izquierda que gobiernen la ciudad den ejemplo a otras entidades federativas de lo que se puede hacer a nivel local, hay cosas que no les parece que puedan existir y que puedan contagiarse”.
