Construir un legado

[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_r2a3w6gm” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Todo aquel que llega a ocupar el máximo cargo político de México busca dejar una huella como una constancia de su tiempo en el poder. Sin embargo, a lo largo de su recorrido, hay marcas que también permanecen como un recuerdo para la historia y que no siempre son reflejo de orgullo.

Para el presidente Enrique Peña Nieto fue el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también lo fue el antimonumento que ahora reposa sobre Avenida Paseo de la Reforma y recuerda la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El sexenio de Felipe Calderón dejó la “suavicrema”, o como la llamaron oficialmente: Estela de Luz. Pero también legó la fecha 5 de junio de 2009, la cual quedó grabada en la memoria de un país entero después de que 49 niños murieran en un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

Ahora Andrés Manuel López Obrador lucha por inscribir su nombre en la historia de México con la Construcción del Tren Maya, un proyecto que costará cerca de 150 mil millones de pesos y que promete generar empleo, turismo y desarrollo económico para los estados que cruzará, pero que también se convertirá en un reto ecológico, financiero y de transparencia para el nuevo gobierno, cuestiones que de no atenderse correctamente, también pueden dejar una huella, pero para mal.

De acuerdo con lo que ha dicho el próximo presidente de México, la obra del Tren Maya cruzará los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y contemplará 17 estaciones que pasarán por Palenque, Tulúm, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche.

La construcción forma parte de una de las 7 obras de infraestructura que el tabasqueño ha presentado como prioritarios para su gobierno y el cual será financiado en un 25 por ciento con dinero público y el 75 por ciento restante con inversión privada tanta nacional como extranjera.

En un principio se dijo que el tren contaría con 830 kilómetros de recorrido, sin embargo, el futuro primer mandatario del país explicó que ya se cuentan con los derechos de vía del antigua ferrocarril del sureste de Palenque, lo que facilita la construcción de la obra además de que consideró que era importante incluir en el trayecto a las entidades de Yucatán y Campeche, por lo que ahora el proyecto contempla mil 500 kilómetros de punta a punta.

La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador se reunió tanto con los gobernadores electos como los constitucionales de los estados que se verán inmiscuidos en la construcción de la obra.

Desde ahí, el tres veces candidato a la presidencia de la República anunció que todos los mandatarios le dieron su respaldo para llevar a cabo el proyecto, el cual está planeado para concluirse en un periodo de cuatro años. Por lo que López Obrador aseguró que las licitaciones comenzarán el próximo 1 de diciembre, día en el que tome cargo como presidente de la República.

Al concluir la reunión donde se discutió el plan del morenista, éste también aseguró que ya se hicieron las consultas a las comunidades que se verán afectadas.

“Ya hay consultas en las comunidades con ejidatarios y pequeños propietarios y sí hay aceptación”, lanzó el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dice que es muy irresponsable por parte de Obrador asegurar que el proyecto va y comprometerse a lanzar las licitaciones para su construcción cuando no se han hecho las evaluaciones correspondiente s y todavía no se tienen los permisos y autorizaciones.

“Lo primero que considero que deben hacer es tomar las cosas con mesura y no asegurar que el proyecto ya va así como así. Tú no puedes, aunque seas el presidente de la República, decir que un proyecto ya es seguro cuando todavía no se cumplen con los requisitos que establece la ley”, explica.

A pesar de ello, Andrés Manuel López Obrador ya dijo que la construcción del Tren Maya arrancará en los estados de Chiapas y Tabasco, donde ya cuenta con el apoyo de los actuales y futuros gobernadores, por lo que para el 2019 ya se tendrá contemplado un presupuesto inicial de 16 mil millones de pesos.

Ante la duda de dónde saldrá el dinero para pagar este nuevo medio de transporte, el tabasqueño señaló que se utilizará el impuesto que se cobra al turismo y que se usa para el fomento de ese ramo, además del ahorro que se genere en el presupuesto público.

“Estamos contemplando que todo el impuesto que se cobra a turistas y que se utiliza para el fomento al turismo se destine a este programa. Se habla de alrededor de 8 mil millones de pesos. Además el presupuesto público por los ajustes y ahorros que se están haciendo van a destinar otro tanto de modo que para el año próximo, de entrada, se cuente con 16 mil millones de pesos”, comentó.

La multimillonaria inversión que implicará la realización y conclusión de esta obra también implicará un reto a nivel de finanzas y transparencia para la próximo administración, asegura Carlos Brown, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

“Lo que se espera de la nueva administración, de entrada, es que para la construcción del Tren Maya se dé la máxima información posible para dar certidumbre a la ciudadanía sobre el uso de los recursos tanto públicos como privados, algo que hasta la fecha no existe y que es fundamental.

“Por ello lo primero que se necesita es un documento público lo más abierto posible con los costos-beneficios y los impactos evaluados”, indica.

Los requisitos ambientales

Más allá de los beneficios que la construcción del Tren Maya traerá a nivel turístico y económico para la región sureste del país, hay una preocupación ambiental en torno a su edificación que podría, incluso, poner fin al sueño de Obrador.

Las cinco entidades que atravesará el ferrocarril son consideradas como algunas de las más ricas en cuanto a fauna y flora de la nación. Por lo tanto, conseguir los permisos por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no será una tarea sencilla.

Dicha Ley establece que precisamente obras de infraestructura como ésta se tienen que someter -no es opcional- a un procedimiento de impacto ambiental para ver si en este sentido el proyecto es viable o no.

No obstante, estos estudios son muy técnicos y comprenden análisis biológicos, físicos y de ingeniería, los cuales pueden tomar muchos meses o incluso años de elaborar.

A este reto se suman las consultas que se deberán hacer a las comunidades que actualmente ocupan parte del territorio por donde pasaría la obra.

Para un proyecto de esta naturaleza hay dos consultas que se pueden hacer, explica el experto.

Una desde el punto de vista de la Ley Ambiental que establece que la Semarnat podrá llevar a cabo una consulta pública del proyecto cuando lo pide una persona de alguna comunidad que se vea afectada o involucrada.

Y por el otro lado también tiene que haber una consulta donde haya pueblos indígenas porque así lo establece el convenio 169 de la OIT. El cual es un convenio internacional y por lo tanto no se trata querer o no querer, sino que es una obligación del Estado mexicano llevarlo a cabo

“No es que la gente no quiera vender, sino que les quieren comprar muy barato, entonces se sienten invadidos porque ahí está su tierra, su familia, sus tradiciones y sus costumbres”, asevera Gustavo Alanís.

Por ese motivo, el especialista en materia ambiental, asegura que el hecho de que López Obrador salga a decir que la obra ya es un hecho es una irresponsabilidad de su parte.

“Si ni siquiera se ha elaborado el documento de impacto ambiental, si ni siquiera se ha evaluado, si no se han hecho las consultas y tampoco conocemos un resolutivo desde el punto de vista de las instituciones responsables no nos podemos adelantar y decir que la obra va”, advierte.

Sin embargo, los puntos antes mencionados son sólo unos cuantos pasos del proceso para que una obra de tal magnitud sea aprobada por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por ello el presidente del Cemda menciona otros puntos que deben tomarse en cuenta.

El primero de ellos sería ver si un proyecto como éste va a requerir de cambios de uso de suelo forestal, ya que de ser así, también lo debe aprobar la Semarnat.

El segundo elemento que hay que contemplar es si en la zona existen ordenamientos ecológicos del territorio porque, de ser así, habría que ver cuáles son las directrices y lineamientos para determinar si un proyecto de esta naturaleza encuadra o no dentro de los mismos.

El siguiente tema que se debe revisar son los planes municipales de desarrollo urbano por donde va a pasar el tren, porque éstos también establecen restricciones.

Aunado a esto se debe marcar una ruta clara para determinar si el tren cruzará por áreas naturales protegidas.

“Las áreas protegidas federales cuentan con un decreto presidencial y también cuentan con ciertos requisitos y normas sobre lo que se puede y no hacer en ciertos sectores dependiendo de la riqueza natural del sitio.

Habría que ver la compatibilidad entre las posibles fases del proyecto y las zonas que se verían inmiscuidas en la construcción del Tren Maya”, señala Alanís.

El experto en materia ambiental también comenta que es posible que a lo largo del trayecto donde se planea realizar la obra se encuentren especies que estén amenazadas o en peligro de extinción y que puedan verse afectadas, por el que como último punto recomienda que se evalúe cada región de manera independiente para efectos de saber cuáles son las condiciones de cada sitio y a partir de ahí generar un diagnóstico certero que garantice la protección de todos estos seres vivos.

El reto de las finanzas y la transparencia

El nivel en el que se encuentra el acceso a la información y la transparencia en México todavía deja mucho que desear, sin embargo, cada vez resulta más sencillo poder jalar el hilo desde muchos frentes para ver qué está pasando con el dinero que utiliza el gobierno y que proviene de los impuestos de la ciudadanía.

En este sentido, para evitar que el próximo gobierno caiga en señalamientos de malversación de fondos, corrupción u opacidad en la construcción del Tren Maya, la futura administración deberá transparentar todo el proceso para que los mexicanos puedan consultar en qué se han utilizado los recursos, los avances de la obra y a quienes se les asignaron los contratos para su edificación.

Por ese motivo, Carlos Brown, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, comenta que lo primero que se necesita es un documento público lo más abierto posible con los costos beneficios y los impactos evaluados, algo que todavía no existe.

El segundo reto sería tener muy clara la forma en la que se quiere implementar este proyecto, ya que en papel se puede ver todo todo muy bien, pero al final pueden surgir imprevistos que, por lo general, son los que terminan por aumentar el costo planeado del proyecto.

“Precisamente el tema de los sobrecostos que se dan tan frecuentemente, como ya sucedió con la construcción del NACM, vienen por cambios en la implementación del proyecto”, revela Brown, quien agrega que uno de los temas que no se ha dejado en claro y que podría fomentar este problema es cómo se llevará a cabo la compra o expropiación de las tierras por donde va a pasar el tren.

“Hay que preguntarnos de quién son esas tierras, si no son terrenos federales, a quién se le comprarían y a qué costo, bajo qué esquema fiscal se va a hacer, si mediante una expropiación o una compra directa del gobierno Federal. Porque todos esto va a influir muchísimo en el costo final del proyecto y por ahora año único que sabemos son los detalles a grandes rasgos”, cuestiona.

El experto de Fundar también explica que existe un tema pendiente en cuanto a la transparencia sobre la ejecución del proyecto, pues desde su óptica es fundamental que sepamos cuáles serán los pasos a seguir de la manera más clara y minuciosa posible sobre cómo se van a utilizar los recursos públicos, a pesar de que se haya dicho que sólo el 25 por ciento se financiará de manera pública.

Para Carlos Brown también es de vital importancia pensar en el proyecto a largo plazo y dejar en claro el papel que jugarán los inversionistas privados.

“No necesariamente es malo que haya dinero privado, pero se debe ver cómo va a ser esa participación, cómo se les va a regresar el dinero y en que condiciones porque el inversionista privado no sólo pone el dinero por ponerlo, está esperando tener un retorno, entonces cómo se le dará esto; también saber cómo se están comprometiendo, a cambio de qué, qué pasa si no se tienen los ingresos esperados; el privado va a absorber la pérdida o será el público”, cuestiona el coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

Como ejemplo de los problemas que puede provocar la falta de transparencia en las finanzas de un proyecto como el del Tren Maya, Brown recuerda lo sucedido con la construcción del tren México-Querétaro, en donde a causa de una serie de irregularidades que se encontraron en las licitaciones se canceló.

Mejorar el turismo: ¿excusa o realidad?

México actualmente es el sexto país en el mundo que más turismo recibe. Sin embargo, esta actividad se ha concentrado en zonas muy específicas del país impidiendo que otras regiones se desarrollen al mismo nivel.

Para contrarrestar este efecto, articular los distintos sectores turísticos del sureste del país y que las ganancias dejadas por los visitantes extranjeros se distribuyan de una manera más equitativa, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la construcción del Tren Maya.

Otros beneficios que se han anunciado serán la creación de más empleos para impulsar el desarrollo económico del país y una mejora en la movilidad de la región, ya que el tren no será exclusivamente para los turistas, sino que también se usará como un medio de transporte para quienes habitan en la región y como medio de carga.

Para el maestro Claudio Nieto, especialista en Urbanismo de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, la obra que busca desarrollar Andrés Manuel López Obrador es demasiado ambiciosa para la posición que México ya tiene a nivel turístico.

Además, considera que el desarrollo urbano que se va a dar en las zonas por donde pasará el ferrocarril también podría traer consecuencias negativas a mediano o a largo plazo para quienes viven en los alrededores.

“Cuando se desarrollan proyectos turísticos de esta índole difícilmente las personas originarias de la zona se ven beneficiadas. En este caso la obra se llevará a cabo en una de las regiones más pobres de México y estará enfocada en atraer turistas con un poder económico mucho más elevado, lo que a su vez provoca que los comercios y el desarrollo que se genere aún los alrededores no sea accesible para las personas locales obligándolos eventualmente a desplazarse”.

Por otra parte, Gustavo López Prado, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comenta que la intención de evitar que el capital turístico se quede estancado sólo en algunas zonas puede ser benéfico para las entidades por donde hará su recorrido el Tren Maya

“Si se fomenta lo que se conoce como turismo alternativo sí podrían haber beneficios para los lugareños en materia laboral ya que se podrá aprovechar la industria de los alimentos además de los tours o actividades que ellos ofrezcan y que les remunere ante la visita de un turismo más amplio”, dice.

Los procedimientos y las negociaciones para comenzar a construir una de las obras que marcará el legado de Andrés Manuel López Obrador ya comenzaron, sin embargo, si el proyecto no se supervisa bajo los más altos estándares, la huella que dejará esta propuesta del tabasqueño no pasará a la historia como una iniciativa que benefició a miles de mexicanos, sino como otro fracaso que se sumará a la lista de los proyectos presidenciales polémicos.