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El reciente ataque con granadas al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, ubicado en una colonia céntrica de la ciudad, ocurre sólo un mes y medio después de que el gobierno de Donald Trump anunciara una estrategia de gran envergadura con el objetivo de desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Si bien las autoridades federales no han hecho públicas las líneas de investigación que siguen en este caso, en el que dos granadas fueron lanzadas y explotaron en el edificio del Consulado el viernes 30 de noviembre a las 22:48 horas, la vinculación del atentado con la embestida estadounidense en contra del CJNG está latente.
Inmediatamente después del ataque, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una “alerta de seguridad” en la que confirmaba que su Consulado en Guadalajara, Jalisco, había sufrido un “incidente de seguridad”, cuando toda la atención del país estaba centrada en los preparativos del arranque del gobierno lopezobradorista.
Las acciones se coordinarían entre sus siguientes instituciones y agencias: el Departamento de Estado; el Buró Federal de Investigaciones (FBI); la Administración para el Control de Drogas (DEA); la Oficina de Impuestos de Estados Unidos (IRS); la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Ese día, el entonces fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, declaró ante los medios de comunicación: “Consideramos que este cártel es una de las cinco organizaciones más peligrosas del crimen trasnacional sobre la faz de la tierra, y está haciendo un daño inimaginable a las personas de esta nación. El CJNG fue creado hace apenas nueve años, pero ya tiene presencia en tres cuartas partes de todos los estados de México así como en Europa, Asia y Australia”.
Estado de alerta
La alerta estadounidense emitida tras el atentado al Consulado de Estados Unidos descartó que las explosiones hubieran alcanzado a personas en la sede, pero advirtió que las autoridades mexicanas y de Estados Unidos estaban investigando e intensificando el despliegue de seguridad alrededor de las instalaciones del Consulado y que se le había recomendado al personal gubernamental estadounidense revisar sus medidas de seguridad personales.
Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) atraía la investigación del ataque que había iniciado la Fiscalía General del Estado, el gobierno estadounidense les solicitaba a sus funcionarios y agentes establecidos en la ciudad de Guadalajara que estuvieran “alerta de su entorno todo el tiempo”.
Aquel 16 de octubre el Gobierno de Trump aseguró que las acciones que pondría en marcha en contra del CJNG serían principalmente de tipo jurídico-penal para llevar a sus cabecillas ante los tribunales estadounidenses, así como para la detección y congelamiento de sus activos y cuentas en ese país para debilitar su estructura financiera.
El gobierno estadounidense recordó que “previamente, el Departamento de Estado emitió recompensas a través del Programa de Recompensas de Narcóticos por 5 millones de dólares por información que condujera a los arrestos de Nemesio Oseguera Cervantes, Abigael González Valencia y José González Valencia”.
Mientras esta guerra entre el Gobierno de Estados Unidos con el CJNG comienza a desenvolverse en tierras tapatías, las nuevas autoridades federales y las locales tienen diferencias importantes en materia de coordinación para atender el fenómeno de la violencia y la inseguridad pública.
A la instalación de la Mesa de Seguridad Estatal efectuada el 2 de diciembre y que encabeza el delegado federal, Carlos Lomelí Bolaños, no se presentó ningún representante del actual gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, ni del gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez.
Máxima prioridad
El combate al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue clasificado como una “prioridad máxima” por el exfiscal estadounidense, Jeff Sessions, quien en octubre reveló datos de las acciones en contra del grupo organizado.
El entonces funcionario dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a 63 sujetos y entidades empresariales vinculados con el CJNG-Los Cuinis, para obstaculizar sus acciones de lavado de dinero.
También habló de la existencia de 15 imputaciones criminales contra 45 líderes, financiadores, transportadores y suministradores de droga del CJNG, incluyendo entre ellos seis procesos de extradición en marcha contra el mismo número de cabecillas del grupo delictivo, que se encuentran presos en los países de México, Uruguay y Brasil.
Un día antes, el 15 de octubre, Sessions había dado a conocer la creación de un nuevo equipo especial para desarticular a cinco organizaciones criminales consideradas como “las máximas amenazas del crimen organizado trasnacional”, entre las que se incluyeron dos grupos mexicanos: el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Ofrece FBI recompensa
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares a quien dé información para capturar a la persona o grupo responsable del ataque ocurrido el 30 de noviembre en el edificio del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, informó ayer en la página de la Embajada de EU y consulados en México.
De acuerdo con el documento, el pasado 30 de noviembre, a las 22:48 horas, un individuo no identificado lanzó dos granadas que explotaron en la sede.