La sociedad civil organizada encontró los mecanismos necesarios para luchar contra la privatización del agua en el país.

A pesar de que todavía son pocos los instrumentos a través de los cuales la población puede intervenir para exigir sus derechos como el acceso al agua, las consultas ciudadanas serían una opción para quitarle el control del líquido a los privados.

El 6 de junio próximo, día en que se celebrarán elecciones federales y locales, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, del estado de Quintana Roo, los electores podrán decidir si la empresa Aguakan continuará prestando el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Parte de las exigencias de la población son los altos costos por el líquido, así como la falta de mejoras en la infraestructura hidráulica.

A inicios de diciembre de 2020, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó la realización de la consulta ciudadana contra la privatización en las demarcaciones mencionadas y será a través de la elección popular como se determinará el futuro del aprovechamiento del agua en esa región.

Marybel Villegas Canché, senadora por la entidad quintanarroense y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es una de las impulsoras del mecanismo electivo y tuvo el respaldo de Laura Beristain, presidenta municipal de Solidaridad.

Concesión hasta 2053

La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, mejor conocida como Aguakan, recibió su primer título de concesión en 1993 por aprobación del Congreso de Quintana Roo.

En la décima cláusula del título se establece que esta compañía se encargaría de la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales durante 30 años, es decir, que dicha concesión vencería en 2023.

Las actividades que realizaría Aguakan, solamente se enfocarían en las ciudades de Cancún (municipio Benito Juárez) e Isla Mujeres.

En 2014, el Congreso local determinó extender el aprovechamiento de agua para ofrecer servicios hidráulicos a la ciudadanía por 30 años más; es decir, que Aguakan podrá explotar el recurso y cobrar por sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2053.

En el Artículo Primero del Decreto se autorizó que la entonces directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estatal, Paula Guadalupe González Cetina, contratara créditos bancarios hasta por 980 millones de pesos para el pago de contraprestaciones correspondientes a la concesión otorgada a la compañía Aguakan.

En ese mismo decreto, se estableció que se incorporara la concesión del servicio público del municipio Solidaridad. El documento se encuentra firmado por González Cetina y por el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, hoy preso por aprovechamiento ilícito de poder, entre otros delitos.

En septiembre de 2016, Laura Beristain, quien entonces se desempeñaba como diputada local por el PT, exhortó al ayuntamiento de Solidaridad a rescindir los convenios por servicio de agua potable a la empresa Aguakan, al argumentar que la imposición del Legislativo estatal violaba la autonomía municipal y la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

El artículo 127 de dicha ley estipula que las administraciones de los municipios quintanarroenses pueden declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes.

En entrevista con Reporte Índigo, Beristain Navarrete, explica que la privatización del servicio de agua no ha traído mejoras para la ciudadanía del municipio de Solidaridad, que hoy gobierna.

“Luego de numerosas asesorías que se han brindado a la ciudadanía, se observa un cobro desmesurado en el servicio que presta Aguakan, ya que no establece un parámetro de cobro fijo y los medidores de agua en los domicilios de los particulares están en mal estado”, comenta.

La munícipe agrega que en la actualidad está en proceso un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado en el que se solicita que se declare la nulidad del decreto en el que se acordó la ampliación territorial y temporal de la concesión de agua potable y alcantarillado.

Además de la falta de claridad en los cobros, Beristain agrega que el sistema hidráulico tampoco ha recibido el mantenimiento adecuado.

“Derivado que no se actualizó ninguna inversión en infraestructura entregada por la CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) al particular de concesión, se ha generado un detrimento en la calidad del servicio y la contaminación del ecosistema de la región”, agrega la presidenta municipal.

Continúa leyendo:

Privatización del agua sin beneficio a ciudadanía