Ríos negros

En México, el 70 por ciento de los cuerpos de agua, según Greenpeace, están contaminados y no existen políticas claras, desde la federación, para frenar el deterioro de los principales suministros de agua a la población.

Eso ha hecho que la disponibilidad de líquido para consumo humano siga siendo cada vez más difícil; hace 50 años -según Greenpeace- cada mexicano tenía acceso hasta 11 mil 500 metros cúbicos de agua al año. A la fecha, esa disponibilidad se ha reducido en menos de 4 mil 263 metros cúbicos anuales por persona.

No es que haya menos agua, sino que la mayor parte se encuentra contaminada. Las tres principales causas de contaminación son los desechos industriales, las aguas de drenaje y los escurrimientos de basureros municipales, en donde los principales afectados son los ríos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente recomendó a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala prevenir las emisiones de contaminantes sobre los ríos Atoyac y Xochiac, de los más afectados por la industria en México.

En 2010, esta misma dependencia ya había recomendado al gobierno de Jalisco acciones urgentes para frenar la contaminación del Río Lerma-Santiago, que recibe la mayor descarga de aguas residuales desde que nace en el Estado de México.

A la fecha, la CNDH interviene en por lo menos 14 casos que tienen que ver con cuerpos de agua que son contaminados principalmente por la industria y descargas de drenajes públicos.

Los casos en los que interviene la CNDH, a fin de buscar si de allí se deriva una recomendación, son los afluentes Atoyac y Xochiac, en Puebla y Tlaxcala; Lerma en Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco; Turbio y Temascatio, en Guanajuato; Santiago, en Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Nayarit; Blanco, en Veracruz; Sabinas, en Coahuila, y Cutzamala, en Estado de México y Michoacán.

De acuerdo al último informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en base a denuncias de los pobladores se han realizado 2 mil 382 visitas de supervisión para conocer las fuentes contaminantes e iniciar el proceso administrativo correspondiente.

De las 2 mil 382 visitas, el 97.4 por ciento de ellas fueron clasificadas como “sin irregularidades” o “irregularidades leves”, por lo que se permitió que continuaran las fuentes contaminantes.

El Lerma, el más observado

De todos los ríos contaminados de México, el Lerma es el más vigilado por la Profepa, pero es donde menos sanciones registra desde el 2015. Sobre este río ninguna comisión estatal de derechos humanos, en el Estado de México, Querétaro, Michoacán Guanajuato o Jalisco, ha emitido alguna recomendación para frenar la contaminación.

De acuerdo a Greenpeace, este es uno de los afluentes más contaminados del país, en donde contribuyen las más de 563 empresas instaladas en la zona industrial de Toluca, y las casi 200 granjas porcícolas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que emiten sus aguas residuales sobre el cauce.

El investigador Fernando Tejeda Alvarado, presidente de la Organización Especial de Investigaciones (OEI) en Michoacán, estima que algunas industrias depositan allí altos contenidos de mercurio, plomo, sulfuro y arsénico.

Aun así, de las mil 171 visitas de supervisión que ha realizado la Profepa sobre todo el trayecto de este río, solo en 11 casos se han clausurado empresas en forma parcial y temporalmente, en ocho se ha llegado a la clausura total temporal, en 719 supervisiones solo hubo observaciones para las fuentes contaminantes, y en 433 casos se concluyó que no existía fuente de contaminación alguna.

Río Atoyac, un caso especial

Bajo la clasificación 10/2017, la CNDH advierte a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla sobre el abuso a los derechos de los vecinos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, en Tlaxcala, en donde considera violatorio el derecho a un medio ambiente sano y aguas limpias.

La recomendación se deriva de los altos índices de contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac que ya no abastecen de agua a la población, pero se han convertido en fuentes de contaminación y en el alza en el índice de cáncer y enfermedades de la piel y de las vías respiratorias.

En 2015, la Profepa emitió dos recomendaciones colectivas a los gobiernos estatales y 22 municipales de Puebla y Tlaxcala.

Pero las empresas contaminantes solo fueron multadas, pero no obligadas al tratamiento de las aguas residuales, antes de verterlas al río.

Estudios de impacto ambiental oscuros

El problema de la contaminación de cuerpos de agua se observa grave, no solo por el incremento que se registra en la actividad industrial en México, sino porque no hay claridad en las actividades de las empresas contaminantes, que incurren en violaciones desde el momento en que presentan sus Estudios de Impacto Ambiental para su operación.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA) reconoce que entre las principales fallas en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental se encuentran que “la consulta pública no cumple con los estándares internacionales en materia, no se permite el efectivo acceso a la información del proyecto para afectados, no se evalúan los aspectos sociales de los proyectos, no se evalúan los perjuicios indirectos y existe discrecionalidad de la autoridad”, entre otros.

Por esa razón, el CMDA considera que el proceso de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental debe ser reformado a fin de que se vigoricen en México los tratados internacionales que obliguen a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos, frente a los proyectos de desarrollo.

Instancias sin dientes

Otra de las razones por las que se considera que los efectos contaminantes en los mantos de agua, principalmente ríos, ha ido al alza, es porque la sanción a las empresas contaminantes queda en manos de instancias sin dientes, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que termina su función al momento de emitir una recomendación, que solo tiene efectos morales.

La Profepa, que es la instancia que puede actuar jurídicamente contra los contaminadores o facilitadores de la contaminación, de manera extraña no cumple con su función, pues de acuerdo a sus propias estadísticas, de mil 932 procesos iniciados contra empresas contaminantes, solo 180 fueron integradas en una causa penal y 30 terminaron en una sentencia.

Las sanciones más “severas” radican en las recomendaciones que esa instancia hace, que tienen efectos económicos para las empresas, pero no para las autoridades locales que son r facilitadoras de la contaminación, y a las que no se les puede obligar al cumplimiento de la norma ambiental.

Río Atoyac

De las 526 revisones que ha hecho a la fecha la Profepa:

>> 305

Fueron reconocidas con ‘irregularidades leves’

>> 22

Causaron clausura parcial de alguna empresa

>> 194

Fueron calificadas ‘sin irregularidades’

>> 5

Resutaron en clausura total temporal de la fuente contaminante