A casi un año de las elecciones más grande de México, el ambiente se polariza por las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE).
El 6 de junio de 2021 se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, casi dos mil ayuntamientos y las 16 alcaldías capitalinas.
Aunque fue el INE el que organizó la elección que llevó a AMLO a la presidencia en 2018, el político tabasqueño no ha cesado en sus críticas al tacharlo de oneroso e ineficiente.
Al entrometerse el Ejecutivo federal en las elecciones se pierde legitimidad y se le quita autoridad a las instituciones electorales que se han construido a lo largo de 30 años
El 5 de febrero, tras encabezar la ceremonia de conmemoración por el aniversario 103 de la Constitución, López Obrador y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, coincidieron en un restaurante de barbacoa en la carretera México-Querétaro, en donde se saludaron con respeto.
Un día después, desde Palacio Nacional, el presidente aseveró que el INE se hizo de la “vista gorda” en elecciones fraudulentas como la de 2006 y 2012 en donde hubo “dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada”. En esos dos comicios, AMLO perdió la presidencia de la República.
En tanto, Lorenzo Córdova respondió que la relación institucional debe conducirse por los cauces del respeto.
El 30 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó una medida cautelar para detener el envío de cartas firmadas por el primer mandatario a beneficiarios de créditos por la crisis del coronavirus por ser una promoción personalizada de servidores públicos.
Al otro día, López Obrador le dijo al INE que “estén tranquilos” porque ya no las enviarían.
En la mañanera del 9 de junio el primer mandatario presentó la estrategia de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), sin conocer su origen ni confirmar su autenticidad, cuyo objetivo según es debilitar a su gobierno y al partido Morena en las elecciones de 2021 y 2022, el cual está integrado por políticos, periodistas, intelectuales, consejeros electorales y empresarios, entre otros.
El INE de inmediato se deslindó al afirmar que es ajeno a cualquier postura política. Córdova Vianello aseguró que el rol del Instituto como árbitro de las elecciones es ser garante de la neutralidad.
Otro desencuentro ocurrió el 22 de junio cuando el presidente aseveró que se convertirá en “guardián” para que se respete la voluntad popular en la elección, además de que está obligado a denunciar si hay intentos de fraude como cualquier ciudadano.
“Nosotros triunfamos (en 2018) porque fue una ola, era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores, sí lo permitió el INE”, exclamó desde el Salón Tesorería.
Ese mismo día, el presidente del INE advirtió que “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo autónomo que es garante de nuestra democracia”.
Defienden la autonomía del INE para las elecciones
José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México y profesor visitante de la Universidad de Harvard, considera que además de centrar el poder en su persona, el presidente debilita a las instituciones con sus señalamientos.
Ahora como López Obrador ve que difícilmente en las elecciones del año próximo va a tener el control del Congreso, entonces lo que hace es poner en entredicho la objetividad, la institucionalidad y la imparcialidad de la autoridad electoral
Además, considera que el presidente sí asume el papel de juez, aunque no le corresponda.
Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del entonces IFE de 2008 a 2014 y del INE del 2014 al abril de 2020, señala que el presidente debe atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, la recuperación económica y la problemática social, ya que al descalificar al INE genera una discusión pública innecesaria.
“Le corresponde al gobierno vigilar que los recursos públicos no sean destinados a fines electorales y que los servidores públicos no hagan difusión de los logros de gobierno en las campañas”.
Afirma que si hay intromisión del Ejecutivo federal se pierde legitimidad en las elecciones como vía para renovar al poder público y se le quita toda la autoridad a las instituciones electorales que se han construido a lo largo de 30 años.
“Habría una involución democrática si permitimos estas injerencias de los servidores públicos en las elecciones”, expresa.
Baños dice que al INE hay que fortalecerlo haciendo una designación imparcial de los cuatro consejeros electorales que van a cubrir las vacantes dentro del órgano autónomo.
Un proceso que se reiniciará de manera formal el día de hoy en la Cámara de Diputados y el cual se prevé concluya el 22 de este mismo mes.
De las críticas sobre el costo del INE, Baños refiere que tiene una gran estructura porque se han ido acumulando funciones a lo largo de las reformas electorales, como la fiscalización de todos los precandidatos y candidatos de todas las elecciones federales y locales, administra los tiempos en radio y televisión, es el responsable del padrón electoral y entrega una credencial para votar.
Por su parte, Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero electoral, manifesta que con estas declaraciones el presidente da la impresión de que “se quiere meter y no va a respetar la propia Constitución”.
“Sabe que no debe hacer mención ni de partidos políticos ni de procesos electorales ni beneficiar a uno ni criticar a otro porque justamente el gran avance del sistema democrático mexicano es que las autoridades no intervengan en los procesos”, dice.
El 6 de junio de 2021 se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, casi dos mil ayuntamientos y las 16 alcaldías capitalinas
Sánchez Gutiérrez afirma que si hay un problema real en materia electoral se deben interponer las quejas correspondientes y el INE y el Tribunal Electoral se encargarán de resolverlas.
Puntualiza que discutir la autonomía del INE y su desempeño desencadena una lucha política fuera de tiempo que no le viene bien al próximo proceso en su conjunto.
“Cuando el presidente empieza a mencionar partidos en su mañanera como con el BOA lo que hace es que los demás institutos políticos empiecen a realizar el mismo tipo de pronunciamientos y se generen un serie de quejas que acaban por ensuciar el proceso electoral, algo que no le conviene a nadie”, resalta.
