La violencia y el feminicidio en el país no solo va en aumento, sino que además amenaza cada vez más a las niñas y adolescentes de México.
Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), reveló que el ritmo de crecimiento de los feminicidios de las niñas y adolescentes es más acelerado respecto al de las mujeres de 18 años y más.
Según la organización, en 2018 los feminicidios de niñas y adolescentes crecieron un 32.3 por ciento respecto a 2017; 22.6 por ciento ese año respecto a 2016 y en 2016 se incrementaron un 6 por ciento en comparación con el 2015.
A nivel nacional hay 549 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Las cinco entidades con mayor número de carpetas son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla
Debido a este problema, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, propuso una iniciativa para que en todo el país se tipifique el feminicidio infantil de la misma manera y que las autoridades judiciales cuenten con los elementos correctos para hacerlo.
Esto debido a que los registros de homicidios infantiles pueden contener sesgos metodológicos para acreditarse como feminicidio. Por ejemplo, en 2017, 181 niñas menores de 15 años fueron asesinadas en México y no se pudo contabilizar cuántos de esos fueron feminicidios.
Para lograr el cambio, Anaya plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer los antecedentes de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, trata de personas, pornografía infantil, negligencia en el cuidado, abandono, matrimonio forzado, rapto, violencia física por razones de género particulares.
De acuerdo con la legisladora, para resolver el problema no basta únicamente con aumentar las penas, sino que es importante que la policía de investigación, los Ministerios Públicos y los jueces, tengan bien claras las razones que acrediten estos tipos de delitos en contra de las niñas y mujeres y para lograrlo, deben de estar definidas en el Código Penal Federal.
“Si logramos contabilizar bien los casos y podemos identificar bien las agravantes que lo califican como feminicidio se podría dejar de correr el riesgo de que la persona que lo cometió no le den una pena que le corresponde, la propuesta es una forma de combatir la impunidad que hay en el país”, declara en entrevista.
Anaya Mota asegura que actualmente, en el delito de feminicidio se tiene considerado a las mujeres que son mayores de 18 años, sin embargo, recalca que ha habido un aumento de asesinatos contra niñas y adolescentes.
“Tener una estadística con las edades y el contexto familiar o social en el que vivían es vital para que la política pública se pueda hacer de una manera correcta, si no tenemos un número real de cuántos son los feminicidios infantiles que se cometen en el país, será complejo que haya persecución penal adecuada o medidas preventivas para la protección de las menores”, detalla.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el aumento o disminución del feminicidio en México depende de la medición que se realice y de que durante su Segundo Informe de Gobierno aseguró que ha habido una reducción en este delito, la senadora apunta a que en el país no se puede negar las violencias que hay en contra de las mujeres.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de julio de 2020 detallan que a nivel nacional hay 549 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Las cinco entidades con mayor número de carpetas son el Estado de México con 80, Veracruz con 52, Ciudad de México 41, Nuevo León 39 y Puebla con 38.
“Lo primero que tenemos que reconocer es que no podemos cambiar las mediciones solo para que la actual administración no se vea perjudicada por el incremento de determinado delito, si eso se hace, solo estaríamos yendo a un retroceso en el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen el bienestar de niñas y adolescentes”, explica.
‘Justicia para todas’
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), concuerda con Anaya Mota y detalla que para poder detener el delito de feminicidio infantil no es suficiente con agravar las penas sino que es necesario eliminar las omisiones en las investigaciones.
“Muchas veces, por no tener elementos capacitados con perspectiva de género, las personas que recaban la evidencia, por ejemplo, lo hacen con malos procedimientos y así seguimos hasta llegar a elementos del Ministerio Público que aún caen en prácticas de revictimización hacia los familiares, esas conductas son las que urge modificar. Si se tiene una adecuada investigación, se puede generar un proceso de reparación del daño y de impartición de justicia para todas las mujeres de una manera más fuerte”, explica.
Sin embargo, la abogada menciona que en general el tipo penal de feminicidio ya debería de abarcar a niñas y adolescentes.
“Enfatizar más en los asesinatos en contra de este sector de la población no perjudica el estado penal pero no es necesaria que se incorpore porque explícitamente, es decir, en la ley, el delito de feminicidio es contra las mujeres de todas las edades”, comenta.
Para poder combatir al delito Ana Yeli urge la necesidad de asegurar la justicia para la víctima y sus familiares, ya que es la mejor manera para combatir la incidencia.
Si la investigación es hecha sin fallas, si se tiene capacitación en perspectiva de género y se exige el cumplimiento de las obligaciones en la procuración y en la administración de justicia, se podrá luchar contra la impunidad
