¿Los adolescentes están en conflicto o en contacto con la ley penal? Organizaciones como Renace y Paso de Esperanza A.C., a cargo de Martín Carlos Sánchez Bocanegra y Alejandro Ramírez Martínez, respectivamente, buscan configurar un sistema para la prevención social de la violencia, la protección integral y la justicia penal para adolescentes en Nuevo León.
En 2005, con la reforma al artículo 18 constitucional, México tomó la decisión de cumplir con la obligación internacional de establecer un sistema de justicia para adolescentes y aunque en 15 años ha habido avances normativos, Nuevo León no cuenta con un sistema integral.
Las organizaciones buscan la coordinación entre el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y el Sistema Estatal de Prevención de la Violencia y Delincuencia para la creación de un modelo de protocolo de atención. Nuevo León requiere un ente coordinador para que las instituciones de cada uno funcionen como un todo.
Por ello, en junio de este año, ambas asociaciones de la sociedad civil publicaron un documento que contiene varios lineamientos apegados a los derechos humanos a partir de dos reuniones locales y una a nivel nacional, en las que moderó el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
Su director, Javier Carrasco Solís, explica que la frase “en conflicto con la ley penal” estigmatiza a los adolescentes, pues no respeta el principio de presunción de inocencia.
Así, un cambio de paradigma y la integración de los tres sistemas empezaría a generar cambios desde la forma de nombrar, pues el lenguaje en sí mismo puede causar violencia.
“Decidimos denominar contacto con la ley penal para apartarnos de la frase conflicto con la ley penal, porque si no asumimos que el joven tiene grados de responsabilidad. Entonces, el documento parte del derecho humano que tiene el adolescente de vivir una vida libre de violencia”, dice Carrasco Solís.
El director del IJPP señala que las políticas públicas en Nuevo León deben de orientarse a la prevención de la violencia, no sólo del delito.
“Con este enfoque entran las instituciones de seguridad pública de todos los niveles, junto con las educativas, el sistema de salud y cualquier órgano en contacto con adolescentes deben estar al pendiente”, menciona.
Pide sesionar a Subcomisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Para configurar un sistema para la prevención social de la violencia, la protección integral y la justicia penal para adolescentes, el director de la organización Renace, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, considera que tiene que activarse la Subcomisión de Justicia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Nuevo León.
La urgencia es trabajar en el diseño de protocolos de coordinación tomando en cuenta la propuesta de lineamientos de este documento. Por ello, Sánchez Bocanegra solicitó que esta subcomisión sesione para la instalación de la Unidad de Análisis.
“Esto nos permite analizar los datos y tomar las decisiones adecuadas para atender la problemática que se está generando. Esperamos que la Fiscalía de Adolescentes trabaje con la judicialización de los casos”, afirma el director.
Durante 2019, de mil 827 resoluciones de casos penales que involucran a personas adolescentes, 870 se judicializaron y en 957 no fue así.
“Si ya tenemos como Estado el acceso a la situación del adolescente, su familia y su problemática, es necesario que la atendamos. Dejar que se vaya sin recibir la atención que le permita recuperar su situación de educación, de un ambiente adecuado, de oportunidades de desarrollo, es hacer que vuelva a caer a lo mismo”, expresa Sánchez Bocanegra.
