El conflicto por la banda 2.5GHZ pone de relieve “el uso discrecional y arbitrario de la ley para beneficiar a algunos actores o para perjudicar a otros que son incómodos”, dice Aleida Calleja.
Para la presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) atestiguamos una decisión precipitada a tres meses de que la administración de Felipe Calderón concluya.
Con un complejo proceso litigioso, “como si necesitáramos uno más en el sector”. Y sin que nadie pueda utilizar esa banda mientras el mismo dure.
La acción del gobierno federal, comenta Calleja, cancela la posibilidad de que siga existiendo un tercer competidor. Ahora solo queda el bloque conformado por las empresas Televisa y Iusacell, en asuntos de telefonía, y para banda ancha Telmex, de Grupo Carso.
MVS queda suprimido como tercer competidor. Y lo lamentable, en opinión de la comunicadora social, es que esta empresa aportaba una cobertura social y cobertura rural. Por ello piensa que la decisión de retirarle la concesión constituye “una decisión arbitraria en la que terminamos perdiendo todos”.
La presidenta de la AMEDI dice que el problema esencial es contar con discrecionalidad en vez de con certeza jurídica.
Considera urgente cambiar de forma integral el marco normativo para gestar certeza jurídica que dé “equilibrio, competencia, reglas antimonopolio de tal forma que no sea el contentillo del gobernante que se maneje un sector tan estratégico para la nación y para el desarrollo”.
Calleja trae a colación la licitación 21. Cuando el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, insistía en que la recaudación no era lo importante para la licitación de las bandas.
Las empresas ganadoras fueron Televisa y Nextel a quienes les dieron “un precio bastante módico y con una exención de impuestos”.
Aunque luego Televisa se salió de la asociación, “también ganó por un precio irrisorio la licitación de los dos kilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.
De este modo, resulta que la recaudación importa para el gobierno en turno dependiendo del actor del que se trate.
Las consecuencias están a la vista. Al final, dice Calleja, “no queda clara cuál es la política en el sector”.
Lo que se tendría que analizar además de ver cómo se otorga la contraprestación de la banda, señala la experta, es cómo asegurar que el competidor “va a generar cobertura social y si va a abaratar costos… pues mucha gente no puede pagar el acceso a la banda ancha a los precios actuales”.
Miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio y del Consejo Consultivo de Oxfam México, Calleja considera muy lamentable el proceder que ha tenido la Presidencia de la República en el asunto de la 2.5GHz.
Y destaca lo importante que es que se generen condiciones para blindar a los órganos reguladores “de las injerencias indebidas del poder económico y del poder gubernamental”.
En su parcer, la responsabilidad es de la clase política.
“Todos los partidos políticos han contribuido a que tengamos convertidos a los poderes económicos en poderes fácticos”.
Y sitúa al gobierno de Calderón como “el más obsequioso para con las televisoras. Les ha dado todo, ha hecho en la práctica la implementación de la ley Televisa”.
Separar la política
Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel), apunta que la problemática en torno a la 2.5 es consecuencia de “un marco jurídico deficiente que no establece los parámetros para fijar una contraprestación en el caso de las prórrogas” de las concesiones.
La discrecionalidad es la que en su opinión conlleva “una gran incertidumbre jurídica tanto para inversionistas como para usuarios”.
Dice que quien decide las cuestiones sobre la prórroga y el cambio de los títulos de concesión, que son los grandes temas en el caso MVS, es el secretario de Comunicaciones y Transportes “que sabemos está íntimamente vinculado a presiones políticas, coyunturales”.
En su opinión, esta decisión se debería trasladar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, “no tiene que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que decida qué es lo mejor para el espectro”.
Levy señala, además, que el presidente de la República prometió contar con un reglamento interior “que iba a atenuar la doble ventanilla y no lo tenemos. Seguimos sin tenerlo y seguramente ya no lo tuvimos”.
La titular de Observatel apunta que “urge una modificación legislativa para liberar de presiones políticas las decisiones de carácter técnico”.
Y que se tiene que hacer un rediseño institucional congruente.
Se ha dicho que la banda 2.5 es “la joya de la corona”, sin restar su importancia por el gran espectro que tiene, Levy considera que una banda más eficiente para las comunicaciones móviles es la 700 de la que pocos están hablando y la cual requiere menos inversión.
Pero subraya que, en cualquier caso, “si no modificamos la ley, cada caso en concreto va a ser la misma historia”. Se debe atajar la discrecionalidad.
