Contratos abiertos, ¿el fin de la corrupción?

Una de las acciones que propone el próximo gobierno federal para combatir la corrupción es que los contratos de obra pública se realicen mediante concurso entre varias empresas y bajo la observación de ciudadanos y de representantes de la Organización de las Naciones Unidas.

En la lista de 50 medidas para la austeridad y el combate a la corrupción presentada el 15 de julio por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se encuentran tres propuestas que pretenden reducir la entrega de contratos de manera directa o mediante licitaciones a modo y de controlar las compras que hacen las dependencias.

Las medidas presentadas por el próximo gobierno han generado opiniones encontradas entre especialistas debido a la centralización que podrían tener las compras de los entes gubernamentales y al tiempo que podría llevar implementar un sistema que consolide todos los convenios con el sector privado.

El punto 44 señala que las compras de gobierno se realizarán de manera consolidada mediante convocatoria. El punto 45 asegura que todos los contratos de obra serán otorgados luego de una licitación entre varios concursantes.

Mientras tanto, el punto 50 estipula que se revisarán los convenios suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado “mediante el influyentismo, la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública”. De existir irregularidades, se acudiría la Congreso de la Unión y a tribunales nacionales e internacionales.

En cuanto al tema de la consolidación de las compras del gobierno, el reto será el tiempo que podría llevar la implementación del sistema que permita centralizar los datos de las transacciones, pues podría sustituir a las oficialías mayores de cada ente gubernamental y representaría el cierre de unidades compradoras, explica Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La Cofece propone

La semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una serie de acciones a fin de que se regulen los procedimientos a través de los cuales se entregan contratos por parte del gobierno federal.

La agenda elaborada por la Cofece fue entregada al gobierno actual y al equipo de transición de López Obrador, e incluye seis medidas por las que podría optar la administración entrante, además de siete propuestas que requieren modificaciones legislativas.

La Cofece plantea que se emita un decreto presidencial que obligue la participación de la Comisión en licitaciones relevantes para que se garantice la competencia entre empresas. También incluye la creación de un mercado virtual para que las dependencias y entes gubernamentales realicen sus compras mediante ese sistema.

Otra de las medidas señala que las dependencias deben exigir al ganador de una licitación que informe a detalle cuándo va a subcontratar a empresas para cumplir con el objeto del convenio celebrado. Asimismo, sugirió que sean transparentadas las modificaciones de concesiones, permisos o contratos, y evitar la discrecionalidad en estos procedimientos.

Entre las acciones en el tema legislativo, la Cofece recomienda acotar los procedimientos para contratar empresas diferentes a las licitaciones; es decir, reducir las adjudicaciones directas y a las invitaciones restringidas.

También la Comisión puso a consideración la creación de una Ley General de Contratación Pública que se apegue a los estándares internacionales.

Adjudicación directa, la regla

El estudio Índice de Riesgos de Corrupción: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y presentado en marzo reveló que el 70 por ciento de los contratos celebrados entre el gobierno federal y sus mil principales proveedores fueron entregados mediante adjudicación directa del 2012 a julio de 2017.

En su informe el IMCO detalló que la revisión de todos los contratos se hizo a través de información contenida en el sitio de transparencia Compranet, donde el gobierno federal aglomera las contrataciones que celebra con el sector privado.

Para el Índice de Riesgos de Corrupción, el IMCO tomó en cuenta la falta de competencia, de transparencia e integridad, en las unidades compradoras de las dependencias o entidades del gobierno federal y con ello evaluó el riesgo de corrupción en cada una de ellas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue el ente con más riesgo de corrupción, y ejerció más de 424.4 mil millones de pesos entre el 2012 y julio del 2017, lo cual representó el 19 por ciento del monto total de todos los órganos gubernamentales.

En el índice de riesgo de corrupción, el segundo lugar lo ocupa el ISSSTE, que utilizó recursos por 147 mil millones de pesos para realizar contrataciones. En tercer lugar está el IMSS con 401 mil millones de pesos por contratos.

Las dependencias que en la mayoría de los contratos hacen uso de la figura de adjudicación directa, faltan a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la cual estipula en el capítulo primero que “las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones”.

No obstante, lo señalado en la ley es letra muerta cuando de otorgar contratos se trata.

Para Héctor Villarreal el hecho de que el próximo gobierno hable de realizar los contratos de obra mediante licitaciones sí disminuiría los contratos entregados de manera directa.

“Uno de los aspectos donde hay mucho que ganar es precisamente en la cancelación de tanta adjudicación directa (…) de repente puede ser muy cómoda, pero también se presta mucho para la corrupción”, agrega el director del CIEP.