La iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género es un mensaje de que las mujeres ya no van a votar por deudores, acosadores ni agresores. Pero además, tiene al menos cuatro principales contribuciones a la democracia.

Por ejemplo, propone nuevos estándares a la ética y la responsabilidad pública e institucional que tienen que ver con no ser deudor, agresor ni acosador de mujeres.

Otra es la paridad cualitativa, es decir, no basta que sean 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres quienes ocupen cargos de elección popular, sino que los hombres electos cumplan los requisitos anteriores, señala Yndira Sandoval Sánchez, fundadora de Las Constituyentes CDMX.


También, la prevención de la violencia tanto política como institucional, el hecho de que se le cierre el paso a estas personas que cometen este tipo de perpetraciones contra las mujeres o contra las infancias. Eso permite prevenir de fondo posteriores sucesos o eventos de violencia contra las mujeres, contra las niñas o violencia institucional al estar a cargo de la toma de decisiones

Yndira Sandoval Sánchez

Feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de Las Constituyentes CDMX

Por último, contribuye a generar un mecanismo sustantivo de participación ciudadana, es decir, no basta el prestigio que pueda tener una persona, el número de encuestas ganadas, el perfil o la militancia a ultranza.

“Sino que también sean otros parámetros los que la ciudadanía mida para votar, especialmente las mujeres que somos la principal fuerza política de este país, en tanto somos la mayoría de la población, la mayoría de la lista nominal y la mayoría de las personas que votan.

“Sin embargo, no somos la mayoría politizada porque justo nos encontramos en total desventaja y discriminación en un régimen que se dice democrático; y con los índices de desigualdad, de injusticia social y de violencia que tenemos en México, pues creo que tenemos que hablar de otra democracia”.

Los desafíos de la 3 de 3 contra la violencia de género

La 3 de 3 no se va a implementar de manera adecuada ni va a funcionar si los partidos políticos encubren o dejan pasar estas situaciones, como lo que sucede en Guerrero.

“Aquí no solamente se trata de que una persona tenga una denuncia totalmente integrada a una carpeta de investigación por el delito de violación, se trata también del partido político que le presta su plataforma para ser su vehículo, para ser su medio y que pueda participar.

“Por eso decimos que esto tiene que ver no solamente con personas en lo individual y candidaturas, sino también tiene que ver con estructuras y partidos políticos específicos”, señala Yndira.

Uno de los mayores retos tiene que ver con la falta de verificación e investigación de las autoridades electorales para comprobar que quien firmó la 3 de 3 contra la violencia dice la verdad.

Por lo que desde la sociedad civil, explica Yndira, están en construcción de un mapa, que puede ser mensual o quincenal, durante el proceso electoral que muestre a los deudores, agresores y acosadores de todo el país. A la fecha han identificado a 10 hombres en esta situación.

“Con los datos de los casos de violencia, de quién firmó el 3 de 3, quien no la firmó, de qué partido es, a qué cargo aspira, de qué distrito es, de qué sección electoral es, lo estaremos construyendo.

“Pero también sabemos que aunque tengamos las denuncias, si no contamos con las sentencias y si no contamos con la colaboración de los Institutos electorales de los estados, a nivel federal, con las fiscalías y los tribunales superiores de justicia, pues seguirá el tema de la impunidad. Tenemos muy claros los avances pero también tenemos muy claro dónde estarán los desafíos”, dice.

Paridad en la mira

Uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres en las elecciones de 2021 es la resistencia de sus compañeros para que ellas puedan contender por puestos de elección popular como gubernaturas.

Esto se debe a que los partidos políticos deben acatar la disposición de postular a siete mujeres como aspirantes a las gubernaturas de las 15 que estarán en juego durante las próximas elecciones, pese a las inconformidades de sus militantes varones.


Aunque en papel los grupos parlamentarios celebraron en el 2019 la aprobación de la reforma constitucional #ParidadEnTodo, que establece que las mujeres deben ocupar la mitad de los cargos de elección popular, en la práctica incluso realizaron impugnaciones para que esto no sucediera en las elecciones estatales de este año

Uno de los ejemplos más recientes es el de San Luis Potosí, una de las entidades donde el partido Morena definió que la candidata será una mujer y dejó afuera a los candidatos hombres, por lo que dos de estos aspirantes impugnaron el proceso de selección en la entidad.

Se trata del diputado Ricardo Delsol y del exnotario público Leonel Serrato, quienes argumentaron que la designación de las candidaturas de mujeres no se realizaron conforme a los resultados de una encuesta y que en ese estado no hay candidatas fuertes.

Sin embargo eso no impidió que ayer se registraran mujeres, entre ellas Paloma Rachel Aguilar Correa, exadministradora general de Recursos y Servicios del SAT; quien también fue parte de la Ayudantía del presidente López Obrador.

Entre las otras aspirantes que se registraron se encuentran María del Consuelo Jonguitud, cantante y vidente; Marcelina Oviedo, exoficial mayor del Congreso; Francisca Resendiz, líder sindical; y Luz María Lastras Martínez, directora general del Registro Civil de San Luis Potosí.

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