La FGR finalmente firmó el decreto para crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación cuya responsabilidad será resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación el día ayer, ocurre después de que el fin de semana pasado se diera a conocer el video de tortura de un presunto involucrado en el caso.
Alejandro Gertz Manero, titular de la institución, fue el encargado de designar a Gómez Trejo y también tendrá la facultad de removerlo, de ser necesario.
En su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, calificó como un avance para la investigación del caso el nombramiento del fiscal de la Unidad, tema por el que ya comenzaban a enfrentar críticas.
Una de las mayores responsabilidades que tendrán la Unidad Especial de Investigación y la FGR será resarcir el cúmulo de anomalías que hay en torno al caso que fue indagado en un inicio por la Procuraduría General de la República (PGR).
También deberán dar la atención debida a la sentencia que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, estableció en junio de 2018 para que la entonces PGR reiniciara la investigación de Ayotzinapa, debido a la tortura que sufrieron algunos de los imputados o testigos.
La sentencia del Tribunal dejó al descubierto la falta de legalidad con el que se condujo la autoridad investigadora y, con ello, los pocos avances sobre la verdad de la desaparición de los jóvenes quedó en un limbo.
Aunado a este avance, la Comisión de Justicia para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se reunió por primera ocasión con Ángel Aguirre, uno de los personajes más cuestionados y quien fuera gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.
El exgobernador platicó con familiares de las víctimas para explicarles detalles sobre cómo surgió la información del hecho.
Para Luis Tapia, director del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es momento de que la Fiscalía General de la República tome las riendas del caso Ayotzinapa y atienda todas las irregularidades de la investigación, a partir del video que comprueba que hubo tortura a personas presentadas.
“Este video es la primera prueba que confirma que se usó la tortura, porque además no hay que olvidar que cuando la ONU da a conocer su informe sobre el uso de esta práctica en el caso, el gobierno del presidente Peña Nieto descalifica incluso a las Naciones Unidas por el trabajo que había realizado; y minimiza cualquier crítica a la investigación”, explica el especialista.
Es por ello, que además de las líneas de investigación que tienen como propósito explicar y dar con el paradero de los estudiantes normalistas, ahora debe indagarse cuáles fueron los funcionarios que efectuaron estas prácticas, en las que obtuvieron confesiones poco creíbles y de manera ilícita.
El encargado del Área Jurídica del Centro Prodh también menciona que la tortura no es la única irregularidad, debido a que hubo casos documentados en los que la entonces PGR realizó detenciones sin órdenes judiciales a personas para las cuales solamente tenían órdenes de localización, además de que se recogieron evidencias sin expediente, entre otras prácticas.
En cuanto al estatus de la investigación, Tapia lamenta que parte de los procesos no se sustenten y que no surjan nuevas teorías que investigar.
“En la parte del seguimiento a las responsabilidades penales hay que decir que se le están cayendo los procesos a la Fiscalía. Una investigación tan mala iba a tener este resultado previsible”.
Por su parte, Tania Reneaum, dice que estos problemas fueron heredados por las administraciones pasadas y reconoce que en los casi ocho meses de gobierno es imposible revertir esta situación, no obstante, recalca que hay que exigir resultados, de lo contrario jamás se podrá reconstruir la confianza perdida entre la ciudadanía y el Estado.