Anticorrupción, sin presupuesto

A pesar de ser presumido como uno de los grandes logros de este año, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no tiene asignado un solo peso para el 2017.

En los discursos ha sido presumido como un avance sustancial para evitar el mal manejo de los recursos públicos, pero ni así se le asignó una partida a las funciones de los nuevos órganos que lo conformarán.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2017 ni siquiera se menciona la palabra anticorrupción.

La Secretaría de Hacienda tampoco envió ninguna medida para procurar una mayor transparencia en el gasto que ya se hace para el combate a la corrupción.

Cada una de las secretarías tiene dinero para actividades contra la corrupción; pero no se tiene certeza del dinero que el Gobierno destina a este tema.

Un análisis de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, calcula que en 2016 se destinaron solo 63 mil millones de pesos a esa tarea; aunque no se sabe a ciencia cierta.

El rastreo del dinero se hace secretaría por secretaría, que hasta este año tuvo etiquetados recursos para combate a la corrupción.

Para 2017, sin embargo, se esperaba que con el nuevo Sistema Nacional se etiquetaran recursos para el funcionamiento de los órganos que deberán crearse, además de dar más a aquellos que 

tendrán más funciones como parte de la reforma.

Según expertos, no asignar recursos económicos al SNA pone en riesgo su puesta en marcha.

A esto se suma que no se han llevado a cabo los nombramientos de dos de los principales involucrados en el combate a la corrupción: al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y al fiscal anticorrupción, piezas clave en el nuevo Sistema, cuya elección tiene ya un retraso de casi 60 días.

Solo en el discurso

Reconocido como uno de los cánceres más peligrosos que acechan al país, la corrupción ha ocupado los discursos de casi todos los políticos en los últimos meses.

Por escándalos como el cobro de moches que estalló entre los panistas y gobernadores de todos los partidos perseguidos por la justicia, el tema de la corrupción fue cobrando importancia en la agenda pública del país.

Pero no solo de grandes escándalos se alimentó la polémica. La corrupción alcanzó a sectores sociales y productivos, lo que llevó a organizaciones sociales y empresariales a impulsar una agenda anticorrupción.

En México se calcula que el 14 por ciento del ingreso de los hogares se destina al pago de actos de corrupción, según datos de Transparencia Mexicana.

El fenómeno pega más a los más pobres. En los hogares donde se percibe solo un salario mínimo, este índice sube al 33 por ciento.

En su obra Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar refiere que en cuanto al índice de percepción de la corrupción entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar de los 35 países miembros. Es el país más corrupto de ese organismo.

En el índice de Transparencia Internacional, que evalúa a 175 naciones, México ocupa el lugar 103. 

Entre el 2008 y el 2014, el país cayó 31 posiciones.

El 44 por ciento de las empresas, señala la radiografía de Casar, ha pagado algún tipo de soborno.

“Hemos sido testigos en las últimas dos décadas del incremento en la exhibición de los escándalos de corrupción en las modalidades privada y pública y, dentro de esta última, en las tres ramas y los tres órdenes de gobierno así como en las empresas paraestatales y en los órganos autónomos.

“Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra –el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados- es similar a la del resto de las violaciones a la ley: 95 por ciento”, señala la investigadora del CIDE en su estudio.

La compleja situación de corrupción y la presión social hicieron que creciera la necesidad de castigar estos delitos.

Vino la creación constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello diversos sectores comenzaron a trabajar en su legislación secundaria.

El senador Luis Humberto Fernández (PRD) presentó una iniciativa para que la corrupción sea considerada como una operación de delincuencia organizada y sea tratada como tal.

Vinieron después las organizaciones de la sociedad civil con su propuesta ciudadana de la Ley 3de3, en cuya discusión los legisladores federales se vieron obligados a abrir –aunque sea mínimamente- el proceso de negociación en el Congreso.

Finalmente, tras semanas en que la negociación de las leyes secundarias del SNA estuvo empantanada, la presión de las organizaciones civiles hizo que éstas fueran aprobadas.

Mientras ocurría la negociación, los discursos contra la corrupción ocupaban todo el debate político.

Todo fueron alabanzas y celebraciones por la aprobación del SNA.

Sin recursos asignados para su entrada en operación en el 2017, esta promesa podría quedar en 

solo un discurso.

¿Para qué se necesita dinero?

Aunque se trata de un sistema transversal que combatirá la corrupción en cada una de las dependencias y organismos de todos los poderes de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción necesita recursos para sus tareas.

De no asignársele dinero, la operación del día a día del SNA estará en entredicho. Algunas dependencias y organismos ya existentes que destinan recursos al combate a la corrupción sí tienen recursos etiquetados.

Por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública le fueron asignados mil 227 millones de pesos; 69 millones de pesos menos que en el 2016.

Sin embargo, ninguno de los nuevos organismos cuya creación fue decretada con la entrada en vigor de las leyes anticorrupción cuenta con dinero asignado para el 2017.

Ocurre así con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción –conocida como Fiscalía Anticorrupción-, que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), y que no tiene asignado un solo peso para el 2017 en el Proyecto de Presupuesto.

En la PGR, las otras cuatro fiscalías –de Delitos Electorales; de Violencia contra las Mujeres; de Libertad de Expresión; y de Búsqueda de Personas Desaparecidas- sí cuentan con presupuesto.

El Sistema Nacional Anticorrupción también necesitará dinero para la operación de la Secretaría Ejecutiva, que será el órgano de apoyo del Comité Coordinador del SNA, así como la Comisión Ejecutiva que estará conformada por el secretario técnico y el Comité de Participación Ciudadana.

Ninguna de esas instancias está contemplada en el proyecto presupuestal del Ejecutivo.

Al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le fueron asignados 107 millones de pesos más que en el 2016, a pesar de que tendrá más magistrados y otras actividades para sancionar los actos de corrupción.

En la Ley Orgánica de este Tribunal –parte de las siete leyes del SNA- quedó establecida la creación de una nueva sección en la Sala Superior –llamada Tercera- que tendrá tres magistrados, así como las salas especializadas en cuestiones de responsabilidad administrativa.

En su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017, el Gobierno federal tampoco envió un anexo o una propuesta sobre la forma en que se fondeará el SNA, o sobre la forma en que se puede dar un seguimiento más puntual y transparente al dinero que hoy día se destina al combate a la corrupción.

Expertos coinciden en que, de no hacerse las modificaciones pertinentes en la Cámara de 

Diputados, el nuevo andamiaje de combate a la corrupción podría existir en el papel, pero no en la acción.

SNA, en peligro

Desde antes de la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos que realizó la Secretaría de Hacienda, organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la etiquetación de recursos para la operación del SNA.

Las organizaciones del Colectivo por un Presupuesto Sostenible –o Colectivo PE$O- alertaron sobre la necesidad de establecer montos y forma en que operan eso recursos.

Alfredo Elizondo, coordinador del Colectivo PE$O, sostuvo que al no tener certeza sobre de cuánto es el gasto para el tema anticorrupción, se genera incertidumbre sobre la propia operación del Sistema.

“Nos preocupa porque una de las vías mediante las cuales se podría estrangular al Sistema para que su operación no pueda ser eficiente es que no cuente con los recursos necesarios. Aquí se requiere que haya completa transparencia sobre cuánto es lo que se va asignar al Sistema Nacional 

Anticorrupción”, consideró.

Para Dalia Toledo, de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, la intención del Ejecutivo para echar a andar el SNA debió plasmarse desde el Proyecto de Presupuesto. Ahora, la tarea está en manos del Legislativo.

“Sería bueno que el Legislativo se involucrara en asegurar bien de dónde van a salir esos recursos que se van a destinar para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, de las nuevas dependencias; y bajo qué condiciones y en qué tiempo se van a otorgar, porque de lo contrario se puede retardar su creación y, por lo tanto, de la operación del nuevo Sistema”, apuntó.

Además de los recursos económicos, Toledo consideró que deben crearse indicadores para monitorear la eficiencia del gasto, si da los resultados deseados, pues hasta ahora el presupuesto anticorrupción que ejerce el Gobierno es irrastreable y no puede saberse si es efectivo o no.

La propuesta del Colectivo PE$O es arrancar en los próximos días con una mesa técnica entre la Secretaría de Hacienda, legisladores federales y las organizaciones de la sociedad civil para poder integrar las partidas específicas del SNA.

Compromiso vigente

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, expuso que el compromiso del Gobierno federal con el combate a la corrupción sigue vigente.

En entrevista, el legislador señaló que no se etiquetaron recursos para las labores del Sistema Nacional Anticorrupción porque aún no está estructurado.

“Al no existir todavía, no hay un Sistema o una entidad propiamente dicha a la cual etiquetar recursos. No tiene estructura ni se ha presupuestado su funcionamiento”, detalló.

Ramírez Marín indicó que se darán recursos económicos a los entes del SNA una vez que se tenga ya la estructura institucional que se requiere, aunque en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación sí debe especificarse y esa es tarea del Legislativo.

“Sí se requiere hacer las previsiones en el decreto para esperar su conformación”, sostuvo.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto del 2017.