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Estas mismas instituciones fueron las que en marzo del 2015 presentaron la plataforma 3 de 3
El ofrecimiento de recompensas, la intervención de comunicaciones y la protección a denunciantes son algunas de las nuevas propuestas de combate a la corrupción que buscan ubicarla como una actividad del crimen organizado
Estas tres medidas son algunas de las que se proponen en la iniciativa de creación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos –conocida como Ley 3 de 3-, que un grupo de ciudadanos buscan llevar al Congreso de la Unión.
Creada en el seno de instituciones académicas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y apoyada por otras figuras del ámbito político y académico, la iniciativa de Ley busca crear mecanismos para castigar la corrupción y hacer obligatoria la transparencia de los servidores públicos.
Esta propuesta busca llegar al Congreso de la Unión bajo el esquema de iniciativa ciudadana; por ello, ahora se recopilan las 120 mil firmas necesarias para su envío.
Estas mismas instituciones fueron las que en marzo del 2015 presentaron la plataforma 3 de 3, en la que pidieron a candidatos a puestos de elección popular que hicieran públicas sus declaraciones de impuestos, de intereses y patrimonial.
Hasta ahora son muy pocos los funcionarios que han cumplido con esta petición ciudadana.
Un nuevo sistema
Para Max Kaiser, director de Anticorrupción del IMCO y uno de los creadores de la propuesta, la legislación pretende convertirse en el tronco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ya que contiene todos los aspectos y herramientas para el combate a ese flagelo.
“Es un problema muy complejo, enraizado en el Estado, de personas que no quieren ser sorprendidas, que hacen lo posible por no ser sorprendidas y, por lo tanto, tenemos que dotar a las autoridades de todas las herramientas posibles para tratar de que puedan ser sorprendidas y sancionadas.
“La tarea hacia el futuro es titánica, pero este es un buen principio para empezar a poner la plataforma”, afirmó Kaiser.
El investigador del IMCO afirmó que, si bien reconoce que los actos de corrupción son delitos que se cometen en red, la connotación que la expresión “crimen organizado” daría a la discusión, se vería contaminada por el contexto que vive el país.
En México, la corrupción cuesta 347 mil millones de pesos al año, según cifras del INEGI
De acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, el 14 por ciento de los ingresos de los hogares son dedicados al pago de actos de corrupción o cuestiones relacionadas a ella.
“No se puede combatir la corrupción si no se tiene un buen sistema, por ejemplo, de seguimiento de recursos financieros. O no se puede combatir adecuadamente la corrupción si no también se toma en cuenta cuál es la posibilidad, por ejemplo, de intervenir comunicaciones.
“La corrupción es un fenómeno análogo al de la delincuencia organizada, porque no solamente son conductas individuales sino también son conductas que se van dando en redes. Y para investigar comportamientos en red hay que tener las técnicas, los métodos, la inteligencia financiera”, expuso José Roldán Xopa, académico del CIDE y uno de los redactores de la iniciativa en un video explicativo para la Red por la Rendición de Cuentas.
Para combatir este delito, la iniciativa ciudadana propone varios mecanismos que hoy son utilizados también en el combate al crimen organizado y que ayudarían a desmantelar las redes de corrupción.
Se especifica en la iniciativa de Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que la corrupción se podrá investigar de oficio o por denuncia, y se considera sujetos de responsabilidad no sólo a los funcionarios, sino a particulares.
Una de las propuestas es que se establezca un sistema de recompensas para fomentar la denuncia de actos de corrupción.
Una de las modalidades para el otorgamiento de una recompensa es que ésta sea del 10 por ciento del daño al erario, que se haya recuperado.
Para hacerse acreedor a esa recompensa, los denunciantes deben suscribir un acuerdo de coadyuvancia con las autoridades, y dar pruebas “que sirvan de manera sustancial en la determinación de la responsabilidad”.
Otra de las preocupaciones de los autores de la Ley es la seguridad y la preservación de la integridad de los denunciantes y testigos.
Por ello, se propone que los denunciantes puedan ser protegidos y hasta cambiados dentro de la estructura de las dependencias de gobierno, para evitar represalias.
Esta protección alcanzaría también a testigos, a terceros coadyuvantes de la investigación, a peritos y a víctimas de actos de corrupción.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados donde queden asentadas todas las personas sancionadas por actos de corrupción.
Transparencia, tarea pendiente
La “Ley 3 de 3” tiene como antecedente la iniciativa de estas instituciones por transparentar la situación patrimonial, de posibles conflictos de interés y la situación fiscal de candidatos y políticos de todo el país.
Esta intención, sin embargo, no ha tenido eco en la clase política mexicana, pues son muy pocos quienes han hecho públicas sus declaraciones.
De acuerdo con el portal tresdetres.mx, solo 365 funcionarios han publicado sus tres declaraciones.
Se trata de nueve gobernadores; 16 presidentes municipales; siete jefes delegacionales; 41 diputados locales; 75 diputados federales y los líderes nacionales del PRI, el PAN y el PRD, han hecho el ejercicio.
En el caso de los gobernadores, se trata de los nueve que fueron electos en el 2015: Claudia Pavlovich, de Sonora; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; Francisco Domínguez, de Querétaro; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Silvano Aureoles, de Michoacán; Héctor Astudillo, de Guerrero; Rafael Moreno, de Campeche; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; y José Ignacio Peralta, electo este año gobernador de Colima.
En el caso del Gobierno Federal, ningún servidor público ha hecho públicas sus declaraciones.
De aprobarse la ley, todos los servidores públicos del país, de los tres niveles de gobierno, tendrían que hacer públicas las tres declaraciones, lo que permitiría dar seguimiento a su desempeño como funcionarios de gobierno.
Las formas de la corrupción
> Soborno
> Peculado
> Tráfico de influencias
> Abuso de funciones
> Enriquecimiento oculto
> Obstrucción de la justicia
> Colusión
> Utilización de información falsa o confidencial
> Nepotismo
> Conspiración para cometer esos actos