El escándalo de corrupción en el que está inmerso el nuevo gobierno de Baja California genera datos conforme avanzan las investigaciones.
Antes de que iniciara la actual administración en Baja California, una empresa intentó acaparar contratos con el gobierno a través de sobornos.
Esta compañía mantiene dentro de su registro de asociados al empresario Gustavo de Hoyos Walther, quien preside la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Rodrigo Llantada Ávila, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.
Así lo revelan las investigaciones que realizan de manera simultánea la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Honestidad y Función Pública de la entidad, así como los datos obtenidos a través de la plataforma del Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía (SE).
Los documentos están en poder de Reporte Índigo y de Punto Norte Tijuana.
Gustavo de Hoyos y Rodrigo Llantada figuran como directivos e integrantes del consejo de administración de la empresa Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, la cual durante los meses de septiembre y octubre de este año, negociaron un contrato para la alimentación de personas internas de las prisiones estatales.
Esto a través de la entrega de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo y la creación de una promesa de contrato con el nuevo gobierno.
Evolución de los hechos
A raíz de la denuncia interpuesta el 25 de noviembre por Rosendo Colorado –testigo de los supuestos actos de corrupción– se abrió una investigación contra los integrantes del gabinete de Jaime Bonilla Valdez, dada la probable responsabilidad de algunos funcionarios en el cobro de participaciones millonarias para asegurar contratos con el gobierno estatal.
A raíz de los supuestos ‘moches’ entregados por Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla para obtener convenios, dos funcionarios fueron separados del gabinete de Bonilla
En la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación se abrió bajo el número único de caso 0202-2019- 4471.
Días después de revelarse la presunta red de “moches” y corrupción –negociaciones que habrían tenido lugar meses antes de la toma de protesta del nuevo gobernador– dos funcionarios de alto nivel fueron separados de su cargo: Cynthia Gissel García Soberanes, secretaria de Bienestar y Jesús Núñez Camacho, quien se desempeñaba como Oficial Mayor.
Ambos exfuncionarios fueron identificados por Rosendo Colorado como responsables de recibir millones de pesos en efectivo por parte de Productos Agropecuarios Cachanilla –su nombre comercial–, empresa dedicada principalmente a “la producción y comercialización en los mercados nacionales y extranjeros de huevo líquido pasteurizado”, como lo indica su acta constitutiva.
Tanto García Soberanes como Núñez Camacho habrían llegado a estos acuerdos durante el periodo de transición gubernamental y por lo tanto sin aún ser funcionarios estatales, según consta en la carpeta de investigación del caso en la Fiscalía. Razón por la que fueron separados de sus cargos el pasado 2 de diciembre, un mes después de iniciado el gobierno de Bonilla Valdez.
Según Rosendo Colorado, el contrato sería por un monto superior a los 300 millones de pesos, por lo que dicha empresa entregaría a los funcionarios más de 24 millones de pesos.
La investigación con repercusiones tanto penales como administrativas, no solo parte de los testimonios de Rosendo Colorado –quien fuera diputado local en 2013 y operador cercano a García Soberanes– sino de capturas de pantalla de conversaciones y audios compartidos vía WhatsApp, que ilustran cómo se fraguó la entrega del contrato los días previos al inicio del gobierno.
A la investigación se anexó el documento de “promesa de contrato”, firmado por María de Lourdes Patiño Montoya, quien es socia mayoritaria de la empresa en conjunto con su esposo Roberto Valadez García.
El empresario Valadez García fue quien mantuvo conversaciones con Rosendo Colorado para acordar el contrato con el gobierno entrante y son elementos de prueba en manos de las autoridades a cargo de la investigación por corrupción.
Coparmex involucrada en caso de corrupción
En una revisión a los Registros Públicos de Comercio de la SE, realizada por Punto Norte Tijuana, se reveló que dentro de las actas constitutivas y de asambleas de Productos Agropecuarios Cachanilla participan como integrantes del consejo de administración, desde el año 2015, tanto el presidente nacional de Coparmex como el titular del CCE de Mexicali.
El 1 de diciembre de 2015, dos días antes de que Gustavo de Hoyos Walther fuera electo por unanimidad como presidente nacional del organismo empresarial, este se integró al Consejo Administrativo de Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla bajo el cargo de “secretario”.
Una responsabilidad superada en jerarquía únicamente por Roberto Valadez, quien fue designado presidente del Consejo.
Esto quedó asentado en el acta de asamblea registrada ante la Secretaría de Economía el 16 de febrero de 2016 bajo el folio mercantil electrónico 37756.
Desde entonces, la empresa no ha reflejado trámite alguno para la modificación de su consejo ante la dependencia federal.
Otro de los integrantes de Productos Agropecuarios Cachanilla es Rodrigo Llantada Ávila, quien asumió la función de vocal. En 2016, este empresario fue nombrado como titular de Coparmex Mexicali y en 2019 se convirtió en el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali y exlíder de Coparmex del mismo municipio.
Entre las credenciales que la empresa presentó para justificar la entrega del contrato por parte del gobierno de Baja California, están el ser proveedora para marcas nacionales como SuKarne, Bachoco y Bimbo.
Niega participación en empresa
El presidente nacional de Coparmex aseguró que nunca mantuvo relación o cargos en la empresa Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S de RL de CV, la cual es la protagonista del escándalo de corrupción y moches en Baja California.
Al ser consultado por Reporte Índigo, De Hoyos Walther negó su relación con la empresa, anticipando que formaba parte de una firma de abogados que representaba a múltiples organizaciones.
“No soy, ni he sido nunca socio de esa empresa. No tengo conocimiento ni intervención en ninguna de sus operaciones. Soy parte de una firma de servicios legales con centenares de clientes en todo el país y el extranjero.
“No he desempeñado en ningún momento ese cargo, ni he participado en ninguna reunión o actividad de esa empresa. Dudo mucho que haya firmado esa escritura y menos aún la aceptación de ese cargo”, aseguró.
Al cuestionarlo sobre el acta de asamblea registrada ante la Secretaría de Economía el 16 de febrero de 2016 bajo el folio mercantil electrónico 37756, el titular de la Coparmex procedió a verificar si se llegó a prestar en algún momento servicios legales a Productos Agropecuarios Cachanilla.
La empresa mencionada jamás ha realizado una sola operación comercial. Se constituyó legalmente pero nunca operó. En el acta constitutiva se me nombra como secretario. Nunca acepté el cargo, nunca celebré y en su oportunidad renuncié al cargo. Está debidamente documentado
En una aclaración adicional, el presidente nacional de Coparmex detalló que la empresa referida “es Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla S. de R.L. de C.V. No confundir con otra que aparece registrada como Productos Agropecuarios Cachanilla en la cual no hay relación alguna”.
Sin embargo, de acuerdo a la documentación de la SE y a la promesa de contrato en poder de las autoridades a cargo de la investigación, las empresas diferenciadas por De Hoyos Walter comparten la misma dirección en la calle Chilpancingo número 1499 en la colonia La Esperanza en Mexicali, Baja California.
Asimismo, registran el mismo año de formación en 2011 bajo los nombres de los esposos Valadez García y Patiño Montoya como fundadores de empresa, según el acta constitutiva.
Figura clave
Durante este 2019, Gustavo de Hoyos Walther se convirtió en uno de los principales críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Tanto López Obrador como el propio gobernador, lo han señalado públicamente de aspirar a una candidatura para la gubernatura de Baja California para las próximas elecciones, estipuladas de momento para 2024. No obstante, estos son señalamientos que el empresario ha rechazado.
Gustavo de Hoyos negó pertenecer o mantenerse activo en la empresa Productos Agropecuarios Cachanilla, contrastando la documentación oficial de la Secretaría de Economía
Sobre el caso de los sobornos, el gobernador Jaime Bonilla Valdez admitió que “la corrupción está penetrada en toda la actividad gubernamental. Podemos cambiar de gobierno y se siguen filtrando viejas actividades y costumbres”.
No obstante, aseguró “eso ya cambió”.
“En este gobierno que yo represento, vamos a combatir la corrupción, no importa de qué gobierno emane o de nuestro propio gobierno, si nosotros vemos una actividad corrupta en algunos de nuestros funcionarios, no hay vacas sagradas, van a rendir cuentas, se van a tener que ir”, dijo.
Respecto a las investigaciones que su propio gobierno encabeza, el mandatario estatal añadió: “¿cuándo había visto la gente que un gobierno a sus mismos funcionarios los delatara?, ese fue el caso de nuestro gobierno. La Función Pública hizo la investigación y no importó quién haya sido, si fue una persona propuesta por nosotros, se va, no va a haber moches, eso ya se acabó”.
