La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó este jueves las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que interpusieron el Congreso de la Unión, organismos defensores de derechos humanos y autoridades municipales contra la Ley de Seguridad Interior.
Los ministros dieron entrada a los recursos presentados por senadores y diputados de oposición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y el ayuntamiento de Parral, Chihuahua, presentaron controversias constitucionales en contra de la ley que sido criticado por presuntamente promover la militarización del país.
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Los gobiernos locales han argumentado que la ley transgrede su autonomía, pues permite a las Fuerzas Armadas iniciar trabajos de seguridad interior sin necesidad de convenio con las autoridades estatales o municipales.
Mientras que los organismo de derechos humanos y el INAI indicaron que la ley viola la privacidad de la personas, pues los militares pueden tener acceso a información personal de éstos bajo el argumento de la seguridad interior.
Tanto las acciones de inconstitucionalidad como las controversias fueron acumuladas por existir identidad respecto al decreto compartido, es decir, todas los recursos serán conjuntados en un mismo proyecto.
La Suprema Corte no tiene plazo para resolver el tema, sin embargo, podría tardar hasta un año para que el proyecto sea votado en el pleno, el cual necesitará el voto de ocho de los 11 minitros para ser invalidado.
