El pago de servicios, una parte del recibo de electricidad y el equipo necesario para que los trabajadores lleven a cabo las actividades de home office (teletrabajo), será el primer desembolso que tendrán que llevar a cabo los dueños de empresas.
La integración de nuevas regulaciones a las actividades laborales que se llevan a cabo de manera remota en la Ley Federal del Trabajo eran medidas urgentes y necesarias para mejorar las condiciones de los empleados y generar un marco de certidumbre, señala Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
Las modificaciones establecen que se entiende por teletrabajo la organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón que no requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen aprobado en el Senado la semana pasada es que el patrón debe asumir el pago de servicios de telecomunicación y parte proporcional de la electricidad.
Además, tendrá que proporcionar, instalar y dar mantenimiento al equipo necesario para que el empleado de teletrabajo lleve a cabo sus actividades como equipo de computo, sillas ergonómicas o impresoras entre otros.
En este aspecto también se establece la obligación de los trabajadores de cuidar, guardar y conservar los insumos proporcionados para realizar sus labores, así como respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Garantiza el derecho a la “desconexión” al término de la jornada laboral e inscribir a un régimen de seguridad social a quienes realicen actividades de teletrabajo.
Es una responsabilidad de los empresarios darles herramientas adecuadas a sus trabajadores, porque también para los empresarios en esta época de pandemia el trabajo bajo esta modalidad ha sido una bendición porque gracias a eso no han disminuido tanto sus actividades
Sin embargo, señaló la necesidad de fijar lineamientos para determinar el monto que corresponde pagar a los patrones en servicios de electricidad, teléfono y otros, lo cual resultará complicado, así como la forma en que se deberán facturar estos gastos para que sean deducibles.
“Esos son los puntos más críticos, hay que poner lineamientos muy generales que sean comprensibles para todos. Los patrones y trabajadores tendrán que ponerse de acuerdo y en todo caso recordar que el teletrabajo no tiene que ser obligatorio, sino voluntario entre ambas partes”.
Cálculos de la encuesta COVID-19 y Home Office elaborada por The Wellness and Productivity Project, advirtieron que en mayo de este año 41 por ciento de los trabajadores mexicanos laboraron desde casa.
Presión en gasto pensionario
Las reformas al sistema de pensiones aprobadas el pasado nueve de diciembre en la Cámara de Diputados tienen aspectos positivos para los trabajadores mexicanos, pero no modifican elementos relevantes para contrarrestar los riesgos fiscales por el aumento anual en el pago de las pensiones.
Los cambios establecidos a las leyes del IMSS y del Sistema del Ahorro para el Retiro determinan un incremento gradual de las aportaciones de 5.1 a 13.7 por ciento que realizan los patrones, disminución en las semanas de cotización de mil 250 a mil semanas de forma gradual y aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a trabajadores que cumplieron con los requisitos para gozar de la prestación y no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una remuneración mayor a dicho monto.
Esta reforma también establece limitaciones en el cobro de comisiones por parte de las Afores.
Sin embargo, es necesario un enfoque más amplio para poder incluir cambios en el gasto y sistemas de pensiones contributivas y las no contributivas, advierte Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Los cambios que se están haciendo a los trabajadores de cuentas individuales puede ser que mejore la cobertura y el nivel de pensión de esos empleados, que son 30 por ciento de la población económicamente activa, pero lo que presiona es que no se plantean acciones que apoyen para disminuir este gasto”, apunta.
El pago de pensiones representa 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y 20 por ciento del presupuesto federal total.
Si bien este gasto es una obligación del Estado, Macías señala que el sistema se encuentra segmentado en diversos esquemas con obligaciones y beneficios desiguales.
Gran parte de ese gasto se concentra en extrabajadores de Pemex, CFE y Luz y Fuerza y va a seguir creciendo porque cuando se hizo la reforma del IMSS en el 97 se dejó abierta la opción de que trabajadores que cotizaban antes de la reforma del 97 pudieran decidir pensionarse por la Ley 73 que es una pensión más alta de los sistemas individuales
Las pensiones contributivas, es decir, aquellas que se otorgan a trabajadores que cotizaron durante sus años laborales, son las que ejercen más presión a las finanzas públicas.
Pues este alto gasto no permite liberar espacio fiscal para llevar a cabo políticas públicas que disminuyan los efectos de la crisis sanitaria y económica a corto, mediano y largo plazo, advierte el CIEP.
A esto se agrega el costo fiscal de las modificaciones recién aprobadas que no se verán reflejadas en los primeros años de su implementación.
En el caso de la disminución de las semanas que deberá cotizar un trabajador para poder pensionarse, provocará un incremento en las personas que demanden estos recursos, también se señala el aumento en la cuota que deberán aportar los empleadores y el gobierno.
De acuerdo con el CIEP, la cuota de 15 por ciento generará un crecimiento de 74.6 por ciento, equivalente a 438 mil pesos adicionales en el monto promedio de recursos en las Afores.
