Desde hace más de 30 años, las carencias sociales en el país han venido disminuyendo gradualmente gracias al desarrollo de políticas públicas y a la implementación de programas sociales.
La falta de acceso a la salud, por ejemplo, presentó una disminución a nivel nacional de 37.2 puntos porcentuales entre el año 2000 y el 2020. Mientras que entre 1990 y el año pasado, en el país decreció el porcentaje de personas con rezago educativo al pasar de 26.6 por ciento -hace 20 años- a 17.3 por ciento actualmente, una de las evoluciones más lentas de las últimas dos décadas.
A marzo de 2021, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia por parte de las entidades federativas
Sin embargo, ante el complejo escenario por la pandemia que enfrenta el país en cuanto a servicios de salud, recuperación económica y rezago educativo, entre otros, los avances obtenidos en la reducción de diversas carencias sociales hasta antes de la crisis sanitaria podrían perderse.
“Existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018. Por ello, es urgente reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos”, advirtió el Coneval en su “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020”.
Grupos prioritarios
Entre los principales retos por atender actualmente se encuentran: el abandono escolar, el aumento de la pobreza laboral y el mejoramiento del sistema de salud, problemas que además se agravan para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables.
Entre los más afectados, por ejemplo, están los integrantes de los pueblos originarios, un grupo que en comparación con la población no indígena, sufre mucho más el rezago educativo, cuenta con menos accesos a los servicios de salud, a la calidad de los espacios de la vivienda y carece de alimentación suficiente así como de seguridad social.
Las mujeres, quienes padecen alguna discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, así como las personas de la tercera edad también se consideran vulnerables.
“Existen grupos de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra sistemáticamente comprometido y en los que se observan menores niveles de bienestar. Asimismo, hay regiones del país que enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de los derechos sociales de su población, a las cuales se debe dar atención prioritaria para cumplir con los compromisos establecidos por el Estado en términos de derechos sociales, así como mitigar lo más rápidamente los impactos de la pandemia”, dice el documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El Dr. Felipe Gaytán, especialista en sociología de la Universidad La Salle, explica que en parte esto se debe a la manera en que el Gobierno federal decidió manejar los programas sociales conocidos como Bienestar, los cuales no son integrales.
“Los programas del Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han estado enfocados en dar la ayuda de manera directa, es decir, otorgar dinero a la gente que lo necesita, más no en brindar los servicios o facilitar el acceso a ciertos derechos, por lo que hacen falta acciones integrales que atiendan diversas necesidades, como se hacía con los comedores en las escuelas, ahí se brinda un servicio educativo y de alimentación para los estudiantes”
Respuesta a medias ante carencias sociales
En este sentido, el informe del Coneval destaca que si bien “existe una clara intención por construir un sistema de bienestar universal, los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de vida”.
En relación con la atención a los efectos derivados de la pandemia, el documento señala que al primer trimestre de 2021se identificaron 20 afectaciones y 76 riesgos que se vinculan principalmente con los derechos a la salud, la educación y al trabajo, así como con la dimensión de bienestar económico.
Para atender este panorama, el Coneval menciona en su estudio “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres” que el gobierno impulsó 44 programas de desarrollo social con alguna medida o acción para la atención de la pandemia por COVID-19, de estos se encontró que 38 pueden incidir en la disminución de los riesgos planteados, de acuerdo con los diferentes apoyos o servicios que entregan.
En 2020, de las 53 intervenciones federales, 31 fueron programas presupuestarios y 22 acciones no presupuestarias.
En cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades federativas, a marzo de 2021, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia.
“La etapa de recuperación se podría orientar a la construcción de medidas oportunas que permitan disminuir niveles de riesgo y reorientar la política de desarrollo social a recuperar aquellos espacios afectados en el bienestar de la población.
“Asimismo, es pertinente continuar con los esfuerzos para garantizar el acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales, a través de diagnósticos a profundidad para identificar los principales retos a los que se enfrentará la población una vez que termine la pandemia, considerando elementos como: la fragmentación del sistema de salud en México, la atención de brechas de financiamiento entre subsistemas y el reto de incentivar la atención primaria y preventiva”, dice el documento “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres”.
Entre los principales retos por atender actualmente se encuentran: el abandono escolar, el aumento de la pobreza laboral y el mejoramiento del sistema de salud, problemas que además se agravan para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables
