Se espera que en los próximos días Codere, de los casinos Caliente, inicie una ofensiva contra el Municipio por la clausura de cuatro negocios. También se advierten acciones del Miravalle Palace.
La pugna que existe entre los diferentes grupos que operan casinos en la ciudad se ha intensificado, implicando en este conflicto a las autoridades de Monterrey, el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.
La clausura del casino Revolución que realizó el martes el Municipio de Monterrey se convirtió en el más reciente de una serie de acontecimientos que, directa o indirectamente, aviva la disputa entre los propietarios de centros de apuestas en la ciudad.
En estos momentos se libra en el estado una especie de round robin (todos contra todos) donde cada grupo casinero recurre a su red de influencias en los diferentes niveles de gobierno para defender sus intereses y contraatacar a sus rivales.
Disputa que extendió a los juzgados del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia estatal, órganos que recientemente han incrementado sus intervenciones en el tema de casinos.
Las relaciones entre los casineros están tensas desde principios de este año, cuando la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, inició una cruzada contra casinos.
Acción que terminó con la clausura de 10 establecimientos que operaban sin permisos de uso de suelo.
Fue el 27 de febrero cuando las autoridades municipales cerraron tres casinos de la empresa Caliente, el Foliatti de Gonzalitos, el Yak de Plaza Cumbres, el Casino 909, el Crystal Palace, el California Palace, el Yak Valle Oriente y el Miravalle Palace.
Esta campaña recibió críticas alegando que favoreció a los intereses del Grupo Palmas, de Juan José Rojas Cardona.
Es precisamente un negocio de este grupo –el Crystal Palace- el único que ha podido revertir por la vía legal el cierre municipal gracias a un amparo que le concedió hace un mes el Poder Judicial de la Federación.
Fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, que encabeza el magistrado José Elías Gallegos, el que ordenó al Municipio de Monterrey retirar los sellos de clausura impuestos a este centro de apuestas ubicado en la avenida Revolución.
Hoy este establecimiento ubicado en el corredor de la avenida Revolución sigue cerrado.
Pero fue la ejecución del abogado casinero Eliseo Martínez Elizondo, ocurrida el 26 de abril de este año en San Pedro, el suceso que estremeció el negocio de los casinos en Monterrey.
Martínez Elizondo era un personaje influyente en el mundo de los casinos en México.
Este abogado había creado un emporio primero con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, y después con los polémicos permisos de Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, Comenchi.
Hasta el momento las autoridades no han informado avances de la investigación para esclarecer el asesinato de Eliseo Martínez, un abogado con altas influencias no sólo en el Poder Judicial de la Federación, sino también en la Procuraduría de Justicia del Estado que encabeza Adrián de la Garza.
Y fue precisamente la Procuraduría de Justicia estatal, la que hace un mes intervino en estas disputas entre casineros.
Porque la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a los propietarios del casino La Fortuna, entre ellos al abogado Arturo Cardona.
En torno a este centro de apuestas existe una disputa legal entre Cardona y sus socios, contra un grupo que encabeza el juez federal Luis Amando Jerezano Treviño, suspendido hace dos años por el Consejo de la Judicatura Federal, a raíz de la tragedia del Casino Royale.
Hoy Cardona está recluido en el Penal del Topo Chico, acusado del delito de despojo de inmueble con violencia, gracias al cumplimiento de una orden de aprehensión que liberó en “fast track” el juez Segundo de lo Penal de Nuevo León, Raymundo Martínez González.
La rapidez inusual con la que actuó tanto la Procuraduría de Nuevo León, como con la que juzgó el caso Martínez González, contrasta con la decisión que tomó hace un año el Ministerio Público que es regido por la Procuraduría del Estado.
La fiscalía dictó inejercicio de la acción penal en contra del juez Luis Armando Jerezano Treviño.
Éste había sido acusado por Cardona de privación ilegal de la libertad y de pertenecer al crimen organizado.
El último capítulo relacionado con esta disputa casinera lo protagonizó el Municipio de Monterrey, que decidió clausurar el martes el Casino Revolución, uno de los establecimientos más grandes.
Las autoridades municipales decidieron cerrar este negocio una vez que el casino perdió un juicio de amparo que se libraba en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León, que depende del Estado.
El cierre se produce justo cuando el Casino Revolución estaba en proceso de venta por parte de la familia del polémico empresario Rogelio Garza Cantú, quien fue ejecutado en el 2009 por un comando en Monterrey.
Y hay más frentes legales abiertos por las empresas en la ciudad: se espera que en los próximos días Codere, que opera los casinos Caliente, inicie una ofensiva en contra de la administración municipal por la clausura de cuatro de sus locales.
Es el mismo caso del Casino Miravalle, que está enfrascado en un conflicto legal con la autoridad municipal a raíz de la clausura que se le impuso el 27 de febrero, por no contar con permisos municipales.
El Casino Miravalle curiosamente es un centro de apuestas donde tiene intereses el abogado Filiberto de la Garza, hermano del procurador Adrián de la Garza.
