Crimen organizado lucha por el control de la región Bajío-Occidente del país
El Bajío-Occidente de la República vive una fuerte crisis de inseguridad y violencia detonada por distintos factores en cada una de las entidades que lo conforman, un problema que se agrava ante la falta de una estrategia coordinada por parte de la federación y los estados y por la impunidad con la que operan los grupos del crimen organizado frente a las autoridades
Carlos MontesinosEl robo de alrededor de dos decenas de contenedores del puerto de Manzanillo, Colima, representa apenas la más reciente evidencia de la desbordada actividad criminal en la región Bajío-Occidente del país, misma que en los últimos años, se ha posicionado en los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional.
De acuerdo con el informe mensual presentado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 12 mil 737 homicidios dolosos cometidos entre enero y mayo de 2022, tres mil 312 tuvieron lugar en Guanajuato, Michoacán o Jalisco. En los nueve estados de la región se cometieron cuatro mil 697, casi el 37 por ciento de todo el país.
#LaMañaneraDeAMLO | El mandatario reconoció que en estados donde domina solamente una banda del crimen organizado, como #Sinaloa, hay menos homicidioshttps://t.co/TdyzszwTVt
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 15, 2022
Aunque en la región también se encuentran Aguascalientes y Querétaro, que mantienen bajos índices de violencia, son la excepción ante la constancia de los enfrentamientos y el descubrimiento de fosas clandestinas, como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el pasado mes de marzo.
De los 20 municipios de la región censados, más del 81.3 por ciento de los pobladores dijeron sentirse inseguros en Zacatecas, Fresnillo, Irapuato, Guadalajara, Uruapan, Colima y León. En Morelia, San Luis Potosí, Tonalá, Manzanillo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Guanajuato, no menos del 63.7 por ciento de los habitantes reportaron lo mismo.
Para analizar el panorama de la región, Reporte Índigo entrevistó a José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, quien plantea que, aún con su crecimiento económico y estabilidad política, el Bajío-Occidente resulta atractivo para el crimen organizado por su desarrollada conectividad.
Aunado a esto, menciona que hay una serie de factores que han llevado a cada entidad a esta situación. Por ejemplo, por el puerto de Manzanillo ingresan los precursores químicos para drogas sintéticas elaboradas en laboratorios de Michoacán o Jalisco. Mientras que en Guanajuato, el robo de hidrocarburos ha detonado los índices de violencia.
“Si hablamos de cómo la ciudadanía percibe a las instituciones de seguridad federal, algunas de las ciudades de esta región tienen los índices más bajos respecto a la confianza que se les tiene”, plantea el exintegrante de la Comisión Nacional de Seguridad especializado en análisis geoespacial de la incidencia delictiva.
“Si bien hay entidades del Bajío-Occidente que lideran algunos de los indicadores de delitos, hoy en todo el país hay un incremento considerable en la violencia. La falta de resultados de la estrategia federal, así como potenciales colusiones de gobiernos locales con organizaciones delictivas han hecho que el país se vea envuelto en un espiral de violencia”.
“Parte de esos homicidios se están dando en esta región del Bajío-Occidente y no solamente los homicidios, sino que cada vez más vemos cómo las milicias privadas de las organizaciones criminales actúan con toda impunidad y, a pesar de que las Fuerzas Armadas están presentes en esos lugares, la orden que tienen es de no intervenir.
“Es evidentemente que las plazas se las pelean. ¿Michoacán por qué se lo están peleando? Porque ahí están los laboratorios”, también hace hincapié en que “es muy grave lo que está pasando en estos lugares y es más grave que la autoridad de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina no intervenga”.
Destacando casos como los asesinatos en Zacatecas o las persecuciones y hasta detenciones a elementos de las Fuerzas Armadas en Michoacán, considera que “estas milicias privadas de las organizaciones criminales están empoderadas porque no pasa absolutamente nada. Se pueden pasear en vehículos blindados y vestidos con uniformes militares”.
Recordando las cifras manejadas por autoridades de Estados Unidos respecto a que hasta una tercera parte del territorio nacional estaría bajo control de las bandas criminales, Ortega advierte que “este crecimiento de las milicias privadas de los grupos criminales a lo único que nos va a llevar es a que nuestro país sea una selva”.