La crisis de desapariciones ha ido aumento en los últimos siete años en la Ciudad de México, lo que ha ocasionado que las familias de las víctimas conformen el primer colectivo de búsqueda local.
En julio de 2019 se creó “Hasta Encontrarles” en la capital del país a raíz del crecimiento de casos como la desaparición de Viviana Garrido Ibarra.
“Nos formamos el día 20 de julio de 2019, decidimos acompañarnos y cuidarnos entre las familias, hacer búsqueda como podamos porque acá en la ciudad apenas nos estamos organizando (…) Este fenómeno nos agarró de sorpresa”, cuenta Juana, hermana de Viviana.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0328200004520, realizada a la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital, las desapariciones de 2012 a 2019 se han incrementado más del 100 por ciento.
El documento detalla que la comisión tiene registro de que en 2012 desaparecieron tres personas, cifra que se elevó a 10 en 2016 y en 2019 alcanzó su punto más alto con 171.
Lo anterior significa que de 2016 a 2019, la problemática aumentó 17 veces.
El colectivo “Hasta Encontrarles” en la capital fue formado por 11 familias que buscan a sus seres queridos cuyas desapariciones datan de 2016 a la fecha
Juana comenzó su lucha para encontrar a su familiar el 30 de noviembre de 2018.
“A Viviana la vieron por última vez afuera de la estación del Metro Ermita en la alcaldía Benito Juárez, cerca de la colonia Miravalles.
“Nosotros fuimos a levantar la denuncia por su desaparición al día siguiente, recorrimos su camino pero no encontramos nada. Ya va a ser casi año y medio de su ausencia y la verdad es que ha sido un camino muy complicado”, comenta.
En un principio denunció ante la entonces Procuraduría General de Justicia cuando Edmundo Garrido Osorio era el titular.
Sin embargo, el caso perdió continuidad en diciembre de 2018 al entrar la nueva administración que nombró a Ernestina Godoy como nueva procuradora.
Fue al acudir a las autoridades para que encontraran a su hija que coincidió con las otras familias en una situación similar a la de ella.
Con marchas y rodadas en bicicleta, la familia de Viviana ha hecho eco para exigir a las autoridades que la joven de 32 años no debe estar en otro lugar más que con su hija y su familia.
No obstante, Juana explica que desde que se formó el colectivo también han tenido mesas de trabajo mensuales con la Comisión de Víctimas, la de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Gobierno.
Y de manera independiente, realizan investigaciones y entrevistas a las personas que podrían conocer algo sobre el paradero de sus familiares.
En febrero pasado, acudieron a un recorrido a los Centros Penitenciarios de la capital pero hasta el momento el colectivo no ha tenido resultados.
Fallas sistemáticas impiden justicia en desapariciones
Las cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas local, la Fiscalía de Personas Desaparecidas (FIPEDE) y el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no coinciden y esto vulnera el derecho de acceder a la justicia de las víctimas.
Estas tres instancias son las encargadas de llevar a cabo el registro de desapariciones en la capital.
Por una parte, la Comisión de Búsqueda de Personas tiene en su registro interno a 394 víctimas de desaparición de 2012 a marzo de 2020, consta la solicitud de información 0328200004520.
Sin embargo, el Informe de Actividades de la misma Comisión de Búsqueda de Personas al Congreso local, del 12 de marzo de 2020, da a conocer otras cifras del RNPED y de la FIPEDE.
En primer lugar, el documento menciona que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hay 59 personas cuya localización se desconoce desde el 2012 hasta el 2018. Dicha cifra concierne al fuero federal.
Respecto al fuero común, el informe indica que el RNPED tiene 3 mil 521 denuncias por desapariciones en la ciudad de 2008 a 2018.
Por otra parte, según la FIPEDE de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de 2012 a 2018 recibió en promedio 2 mil 500 denuncias por desaparición, de las que localizaron al 70 por ciento de los involucrados.
Estas diferencias de cifras son una falla del sistema judicial que vulnera el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, asegura Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Rivas explica que estas deficiencias consisten en que los registros de las distintas fuentes no contemplan los mismos periodos ni metodologías.
Argumenta que en el observatorio han documentado que en los registros de desaparecidos hay personas que son localizadas y continúan en las bases.
Añade que tampoco hay métodos homologados, por ejemplo, existen fiscalías locales que alimentan sus bases de datos con pluma y papel en lugar de hacerlo digitalmente.
Ante esto, considera que el Gobierno local y el federal deben de invertir más recursos, capacitar al personal y mejorar sus métodos de colaboración.
Grace Fernández, integrante del colectivo “Buscando desaparecidos México: Búscame” coincide en que el sistema de justicia local tiene carencias en el registro y búsqueda de desaparecidos.
“Falta reacción, trabajar en conjunto con áreas cercanas para hacer más búsquedas inmediatas y generar políticas públicas que te permitan tener una respuesta efectiva”, explica.
