Los tres informes de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, han estado marcados por el amotinamiento de reos en los diferentes centros penitenciarios de Nuevo León, hechos violentos que lo acompañan, como invitados incómodos, a la rendición de sus cuentas públicas.
Y es que, días o minutos antes de que el gobernador presente su informe de labores a la ciudadanía, han ocurrido rebeliones penitenciarias que exhiben que autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Bernardo González, no pueden controlar el interior de los reclusorios.
Motines, muertes y riñas han sido la constante en el primer trienio de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, quien muestra su incapacidad para poner un verdadero orden en las prisiones, una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.
Tras ganar la elección a gobernador en 2015, y con un nivel de popularidad muy alto, Jaime Rodríguez Calderón llegó a su Primer Informe de Gobierno el 13 de octubre de 2016.
Minutos antes de presentarse ante los diputados del Congreso local, estalló una riña en el interior del Penal de Topo Chico, entre reclusos de los ambulatorios cinco y seis, que dejó una persona muerta y ocho heridos.
“El Bronco” arrastra una crisis penitenciaria desde el 11 de febrero de ese año. A tan sólo cuatro meses de haber llegado a Palacio de Gobierno, experimentó una masacre que dejó 49 reos muertos.
Tras darse esos hechos, quedó expuesta la extorsión e intimidación que existe al interior, la sobrepoblación en esa cárcel, así como la falta de custodios y de control, ya que los internos tenían armas, drogas, y televisiones, entre otros objetos que están prohibidos en estas instalaciones.
En este mes de octubre se espera que el gobernador nuevoleonés rinda su Tercer Informe de Gobierno y el pasado miércoles ya hubo disturbios en prisiones
El secreto a voces en el sistema penitenciario en administraciones pasadas rompió el silencio en el Gobierno de Rodríguez Calderón.
La extorsión, el pago de cuotas a reos y la disputa por el control de la venta de drogas son el común denominador.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) reveló que, de octubre de 2015 a la fecha, es decir, durante los tres años de Gobierno de “El Bronco”, han acontecido más de 90 muertes, dentro de los centros penitenciarios estatales, de acuerdo con cifras oficiales.
“Hasta que el Gobierno del Estado asuma cabalmente su obligación frente a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y solucione los problemas de control que mantiene la delincuencia organizada, será imposible lograr la función de reinserción a la que estos espacios están orientados”
La historia continúa
A cuatro días antes de rendir su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario Jaime Rodríguez Calderón recibió el 10 de octubre de 2017 el reporte de que 18 reos habrían muerto en el Penal de Cadereyta.
La tarde de ese día, cientos de internos se subieron a los techos de los ambulatorios y con mantas acusaron a los vigilantes de exigir una cuota para recibir un beneficio. Al no ser escuchados, los reos comenzaron a quemar colchonetas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que en ese entonces estaba a cargo de Arturo González García, se introdujeron a la prisión para disipar el motín, a través del uso de la fuerza letal y hasta el momento no se ha esclarecido cuántos murieron por arma de fuego y cuántos a causa de los disturbios.
En los penales de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta se agudizó la violencia desde 2015
Reporte Índigo adelantó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la indagación por la muerte de los internos, donde se sospecha que se utilizó la fuerza letal de manera desproporcionada.
El gobernador llegó a rendir su informe el año pasado ante el Congreso, en medio del cuestionamiento sobre la incapacidad del Sistema Penitenciario de Nuevo León para tener control en los penales que se gobiernan solos.
“Hoy es urgente una intervención adecuada para evitar que los hechos escalen a situaciones como las ocurridas durante febrero 2016, marzo y octubre de 2017 en los penales de Topo Chico y Cadereyta, fechas en las que se documentaron graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo en el comunicado enviado a este medio la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC).
No se escapa de la tercera
Cuando parecía que Jaime Rodríguez Calderón iba a rendir a su Tercer Informe de Gobierno sin ningún incidente penitenciario, el Penal de Topo Chico volvió a ser el escenario de un amotinamiento.
El pasado miércoles 26 de septiembre cientos de reos se subieron a los techos de los ambulatorios y denunciaron cobros de cuota por dos cabecillas ligados a la delincuencia organizada.
Los reclusos protestaron con pancartas en mano contra dos internos identificados como “El Flaco” y “El 27”, quienes exigen un pago a la población del Penal de Topo Chico.
También se registraron protestas en el Penal de Apodaca por varios traslados de reos hacia el Penal de Cadereyta.
+90
Ante estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió medidas precautorias dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Solicitó que se garantice la integridad y seguridad de las personas trasladadas y del resto de la población penitenciaria.
“Además de que se adopten las medidas necesarias e inmediatas, a fin de erradicar los riesgos de pérdida de la vida y de atentados a la integridad personal, tanto a las personas trasladas como a las que ya se encuentran en dicho centro”, señaló el organismo.
