Aunque la aspiración del procurador del Estado, Bernardo González, de contender para el cargo de fiscal general del Estado es legítima, existe un factor por el que podría ser descartado por el Congreso local o el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se trata de que González no podría garantizar la imparcialidad y ausencia de vínculos con el actual Gobierno independiente, aunque asegure que no hay un conflicto de intereses, detalla la organización Redes Quinto Poder.
Entre los principales requisitos que exige el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción es que debe ser autónomo e independiente.
“Las organizaciones tenemos que pronunciarnos por la mayor transparencia para que no lleguen personas con algún tipo de interés, o que tengan una relación con algún grupo específico, y eso le tenga atado de manos para resolver alguna situación.
“(En el caso del procurador) cumple con los requisitos de la ley, pues bueno, pero no solo determina el Congreso y el Comité de Selección, sino el interés público y usaremos la voz para determinar el conflicto de interés del señor procurador”, señaló Juan Manuel Ramos, presidente de Redes Quinto Poder.
Agregó que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción tendría que asegurar la relación de poder, económica y política del candidato, y con esto evitar algún tipo de conflicto de interés.
“Si bien la convocatoria no dice que no debe tener un conflicto de interés el candidato, eso se puede saber cuando se hagan las evaluaciones de los perfiles, y que se tengan que dar a conocer en la sociedad para que conozca a fondo a esas personas.
“Y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que hacer lo propio para pronunciarnos por la mayor transparencia posible en los procesos… si hay algo que muestre algún conflicto, tenemos que señalarlo muy puntualmente”, explicó Ramos.
“(Bernardo González) cumple con los requisitos de la ley (…) pero no solo determina el Congreso y el Comité de Selección, sino el interés público, y usaremos la voz para determinar el conflicto de interés del señor procurador”
Reporte Indigo adelantó que la Comisión Anticorrupción del Congreso local, a cargo de la diputada panista Yanira Gómez, estableció requisitos muy laxos para los aspirantes a ocupar los cargos de la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales, y no exige ausencia de conflicto de interés.
Tampoco estipuló que el aspirante o seleccionado deba aprobar exámenes socioeconómicos, polígrafo o pruebas de control y confianza, de toxicología y, en especial, que tenga maestría en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Que presente Ley 3 de 3
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace A.B.P., solicitó que los aspirantes para el cargo de la Fiscalía General, Anticorrupción y Magistrado Electoral presenten la Ley 3 de 3.
“Al momento de ser seleccionados tendrán que cumplir la Ley 3 de 3, y obviamente se tienen que ir descartando por el Comité de Selección los que no sean capaces o que tengan un riesgo de influencia de alguna autoridad o política.
“Creo que el candidato electo tendría que presentar esto para que posiblemente se pueda aplicar todos los elementos necesarios como las pruebas de control y confianza, entre otras”, señaló Sánchez Bocanegra.
Agregó que aunque no esté estipulado en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, tendrá que cumplir con este requisito en caso que sea nombrado fiscal.
“Tendrá que dar cuenta de su patrimonio y de sus bienes”, dijo Sánchez Bocanegra.
Reporte Indigo publicó que la Comisión Anticorrupción del Congreso local estableció requisitos laxos para los aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales.
El debido proceso
El Consejo Cívico de las Instituciones destacó la falta de elementos mínimos para contender por alguna Fiscalía del Sistema Estatal Anticorrupción, al considerar que tendría que estipular que el aspirante tenga conocimientos bastos en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“(Deberá tener) experiencia y conocimiento del Sistema de Justicia Penal. Reconocida trayectoria profesional que revele conocimiento práctico del sistema y que, además, haya sido coherente y respetuosa de los derechos humanos’’
“Ante la inminencia del proceso de selección en marcha, nos unimos a las consideraciones de la Fundación para el Debido Proceso, organización internacional cuyo objetivo es promover el Estado de Derecho en América Latina, respecto a los elementos mínimos para ser fiscal”, explicó esta organización en un comunicado.
Señaló que el elegido deberá ser imparcial, con ausencia de vínculos, actuales o pasados, que generen la apariencia de falta de independencia.
“Conducta ética irreprochable y alta calidad moral, que no pueda ser objeto de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones éticas, y que sea reconocida públicamente.
“Conocimiento legal sobresaliente. Alto nivel de conocimiento del Derecho Penal y Administrativo, así como de diversos aspectos de la investigación criminal y materias afines”, se detalla en el documento.
