Crueldad animal: delitos y penas
El maltrato animal en México es un problema que a pesar de ser muy antiguo tiene pocos años tratando de combatirse de manera real y eficaz. Es por ello, que organizaciones de la sociedad civil, legisladores y gobernantes se han unido para formar la bancada animalista, un grupo dedicado a transformar esta realidad mediante leyes e iniciativas
Luz RangelEn México 31 entidades federativas de 32 ya cuentan con una ley de protección a los animales; Oaxaca es el único estado que no la tiene. Sin embargo, no todas están actualizadas y clarificadas.
El abandono, la negligencia en los cuidados, la mutilación, la muerte, el uso en espectáculos y la tortura son algunas formas de crueldad hacia los animales. Esta práctica que implica causar dolor o estrés a seres vivos puede ser un delito, pero no en todos los casos hay tipificación o sanción.
El país cuenta con algunas regulaciones para el bienestar animal como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Federal de Sanidad Animal y la General de Vida Silvestre, así como las del Código Civil Federal.
A pesar de la amplitud, no existe un marco normativo que vele por la protección y el bienestar animal de forma específica. Además, las sanciones son administrativas la mayoría de las veces, por lo que existe reincidencia en algunos comportamientos de maltrato.
Las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional han logrado colocar este tema en la agenda legislativa para buscar implementar políticas públicas.
Esta organización, orientada a la lucha por la búsqueda y el reconocimiento de los derechos de todos los animales mediante la investigación científica, la educación, el trabajo legislativo y la concientización de la sociedad, conformó la primera bancada animalista para combinar el esfuerzo de organizaciones, legisladores y gobernantes.
“Son de absolutamente todos los partidos, alrededor de 29 personas. En las campañas electorales de 2018 se lanzó, también desde las anteriores, un compromiso para invitar a los candidatos a firmarlo. El año pasado se logró la firma de los presidenciables, incluido Andrés Manuel López Obrador”, dice Buenrostro.
Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores; Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República; Mario Delgado, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados; los diputados federales Sergio Mayer, de Morena, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, son algunos de los integrantes a nivel nacional de esta bancada que presentará una Ley General de Bienestar Animal para el siguiente periodo legislativo en el Congreso de la Unión.
Pedro Carrizales, “El Mijis”, diputado local de San Luis Potosí por Morena; Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, y Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), son otros integrantes.
Mientras tanto, la Ciudad de México, Jalisco y Monterrey atienden esta lucha desde objetivos específicos.
“México está atrás de algunos países de la Unión Europea donde ya se están tratando temas que aquí empiezan, nos llevan un camino andado. Pero en América Latina estamos más avanzados que al Centro y Sur del continente, estamos mucho mejor que algunos países del Oriente”, dice a Reporte Índigo Mariajosé Lozano, coordinadora de Comunicaciones en Igualdad Animal México.
CDMX, proteger a las mascotas
El Código Penal de la capital del país sanciona desde 2013 con penas de seis meses a dos años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad; si el animal muere son de dos a cuatro años de cárcel.
El diputado del PAN en el Congreso local de la CDMX, Diego Orlando Garrido López, planteó fortalecer la legislación. Propuso no sólo aumentar las penas de cuatro a seis años, también tipificar el homicidio animal como un delito e implementar de 400 a 600 UMAs de multa por intento de secuestro animal.
En entrevista, Norma Huerta, fundadora de Mundo Patitas, argumenta que la violencia social tiene como base a la violencia animal, por lo que primero es necesario contar con un censo de maltratadores para identificar quién puede y quién no tener una especie en casa.
“Las penas deben ser más fuertes para que sienten un precedente y duelan no solamente económicamente hablando. Dependiendo del grado de crueldad también debe haber trabajo comunitario para enseñar a las personas a valorar a un animal”, sostiene.
En 2017 la Constitución de la Ciudad de México reconoció a los animales como seres sintientes y dignos de recibir buen trato; por lo que los capitalinos tienen la obligación legal de respetarlos. Sin embargo, la activista señala la necesidad de clarificar el marco legal.
Norma Huerta sostiene que dado que el gobierno no tiene un presupuesto etiquetado para ayudar directamente a los animales, los mismos maltratadores podrían proveerlo como parte de la sanción.
Ahora, gracias a un dictamen aprobado en abril en el órgano legislativo local, las alcaldías deben destinar 42 millones 818 mil pesos para la esterilización obligatoria y masiva de perros y gatos.
Jalisco contra mataderos
El Congreso de Jalisco aprobó en abril una iniciativa de reforma a los artículos 305, 306 y 308 del Código Penal local para tipificar la crueldad animal y castigarla con cárcel. Fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, quien la propuso desde febrero.
Ante el Pleno, el emecista mostró un video que realizó la organización internacional Igualdad Animal México, la cual procura la defensa de los animales de granjas industriales o mataderos.
“Tuvimos evidencia de videos en 21 de ellos para darnos cuenta de que había un patrón: los rastros municipales no estaban cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) para asegurar que los animales no sufran una agonía prolongada”, revela la coordinadora de Comunicaciones, Mariajosé Lozano.
La activista explica que en Jalisco el delito de crueldad animal ya existía. Sin embargo, los artículos eran interpretados de diversas formas.
Además de la clarificación que logró la iniciativa aprobada, contempla expresamente por primera vez a los animales de granja. Esto es importante en un estado donde 211 millones de animales al año son sacrificados para la producción de carne y consumo humano en los 122 rastros municipales, 20 privados y 11 de Tipo de Inspección Federal (TIF).
La inhabilitación del maltratador puede durar hasta tres años o ser definitiva en caso de reincidencia.
De acuerdo con la iniciativa aprobada, el causar lesiones (mutilación, dolor, omisión de atención médica, ataques entre ellos o hacia las personas, privación de aire, luz, alimento, agua, abrigo) no estaba castigado con cárcel y con la reforma habrá de seis meses a un año de prisión, o dos en caso de reincidencia. La multa alcanza hasta las 300 UMAs.
La pena por causar la muerte incrementó de dos a tres años, cuando sólo se contemplaban de seis meses a tres años; la multa se mantiene de 200 a mil UMAs.
Además puede incrementarse en caso de tortura e implementarse el aseguramiento de los animales.
“El crimen que está mayormente penado es la crueldad en rastros hasta con cuatro años. Lo importante era asegurar que estuviera dentro del Código Penal y que realmente se pueda fincar el delito y perseguir a quien resulte responsable para aplicar la multa o los años de prisión”, expresa la activista.
Sin embargo, en el artículo 308 quedan exceptuados los sacrificios animales, las corridas de toros, las carreras, peleas o caza deportiva. Al respecto, la coordinadora de Comunicaciones sostiene que todo tipo de maltrato es reprobable y castigable, pero los avances legislativos tienen que darse estratégicamente.
“Una de las estrategias que hemos encontrado es asegurar que nuestro objetivo está claro: los animales de granja. Si hubiéramos tratado de hacer un cambio mayor que implicara trabajar con las excepciones se hubiera retrasado un cambio legislativo y estaríamos todavía en un debate. Vamos en pequeños pasos, pero firmes”, afirma Mariajosé Lozano.
Investigadores infiltrados de Igualdad Animal señalaron matanzas por menores de edad o en su presencia. La reforma establece en este caso que la pena será para los adultos responsables. Sin embargo, este es todavía un pendiente que estados como Nuevo León tienen que resolver.
Monterrey y la educación desde la niñez
La Plaza Monumental Monterrey Lorenzo Garza anunciaba corridas de toros para febrero y marzo de este año a las que los niños podrían entrar gratis.
La organización Animal Heros no tardó en manifestarse en contra de esta práctica que utiliza a los animales como un espectáculo violento ante menores de edad.
El Reglamento de Espectáculos Taurinos para el Municipio de Monterrey se limita a decir que los niños podrán torear con reses hasta de un año de edad a juicio de las autoridades y que niños menores de 14 años, sólo en forma muy especial y con permiso del juez de plaza, podrán permanecer en el callejón.
“Las corridas de toros son un espectáculo que conlleva violencia explícita, hay sangre, hay tortura, hay muerte de un ser vivo. No pueden estar como espectadores, no podrían estar participando en escuelas taurinas porque se está buscando la defensa del derecho humano a un ambiente sano y libre de violencia de los menores de edad”, argumenta Adriana Buenrostro.
“Hace dos años y medio se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado solicitando que se emita una recomendación sobre este tema. En su momento nos respondieron que no era de su competencia, pero estamos buscando que el gobierno de Nuevo León asuma esta responsabilidad”, informa Buenrostro.
Esta es una de las omisiones que existen en la entidad neoleonesa. Por ello, la diputada de Morena, Claudia Tapia, presentó desde septiembre una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, que aún está en estudio en la Comisión de Medio Ambiente. Su presidenta, Ivonne Bustos, diputada local de Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es parte de la bancada animalista.
“Claudia también forma parte de la bancada y está trabajando con Animal Heroes por los animales. Nosotros juntamos este equipo de políticos y todas las iniciativas y políticas públicas que quieran implementar están aprobadas y observadas por nuestra parte; consideramos que ésta que presenta Tapia es una muy buena oportunidad para poderse ir enfocando hacia una cultura de respeto hacia los animales y, sobre todo, de disminuir la violencia”, explica.
La especialista comenta que en el municipio de Monterrey hace falta un cambio en la visión de centros de atención canina y felina, la prohibición y ejecución de que no se puedan usar carretoneros y contar con un registro de animales de compañía para tener control de cuántos existen bajo tutela y en situación de calle.
Nuevo León castiga el maltrato animal desde 2015, pero la pena con cárcel es una de las más bajas a nivel nacional. Adriana Buenrostro considera que el año en prisión debe aumentarse.