Hace cinco años, el 22 de enero del 2013, por decreto presidencial fue creada la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Considerado uno de los programas insignia de la actual administración, ha operado prácticamente en el caos y en el despilfarro.
Según información del mismo programa social, la Cruzada buscaba el empoderamiento de los más pobres para erradicar el hambre y fomentar su desarrollo.
“Pone en el centro la autogestión y el capital social de la propia comunidad, y parte del empoderamiento de las personas para que puedan construirse en protagonistas de su propio desarrollo”, señalan los objetivos del programa.
Esto debido a que en México aún viven personas en pobreza extrema.
En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mediante una encuesta evidenció que en el país existe 55.3 millones de personas pobres, es decir un 45.4 por ciento del total de la población, y de éstas, el 19.5 por ciento registraron pobreza extrema, personas que tenían que ser atendidas por la Cruzada.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado en diversas ocasiones anomalías en el programa social.
En la fiscalización de 2015, la ASF reveló que la Sedesol reportó la atención de 3.6 millones de personas, es decir el 59.5 por ciento de los 6 millones que se encuentran registrados en el sistema, esto sin precisar las causas por las cuales no se atendió al total de la población en pobreza alimentaria.
Durante esa auditoría, se informó sobre una reducción paulatina de los programas que integran la cruzada, en 2013 eran 70, en 2014 64 y en 2015 solamente 46.
En esa misma fiscalización, la ASF descubrió un supuesto fraude del programa, encabezado por Rosario Robles en 2013. Durante ese año, la Sedesol firmó convenios con distintas universidades bajo el esquema de subcontrataciones para realizar diversos proyectos, los cuales estuvieron mal hechos, quedaron inconclusos o no se enfocaban en políticas para erradicar el hambre.
De las cuatro empresas que obtuvieron licitaciones, una de ellas no declaró impuestos y mintió sobre su domicilio, su representante legal era hermano del representante de otra empresa ganadora y juntas transfirieron un total de 194 millones de pesos a Esger y Construcciones S.A.
Por su parte, la empresa Dumago Systems obtuvo un contrato por 33 millones de pesos por la realización de asesorías, las cuales según la ASF no correspondían a los objetivos del programa.
También se detectó el pago de 239 millones de pesos a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a una tercera (Esger Servicios y Construcciones) 160 millones. Esta última empresa recibió en total 416 millones de pesos de los cinco proveedores, un total del 60 por ciento del total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades.
La ASF concluyó que hay un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, ya que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”, ya que estas medidas “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”.
Para el 2016, el Coneval reconoció que la cifra de pobres en el país disminuyó a 53.4 millones, es decir, 2 millones de pobres menos, logro que el ex secretario de Sedesol, José Antonio Meade ha utilizado como emblema de campaña.
Esto lo logró mediante una estrategia de atacar carencias especificas, ya que el Coneval califica como “pobreza extrema” a la población que carece de acceso a tres de los siente indicadores: educación, salud, vivienda, alimentación, etc.
Atacando carencias específicas pero sin resolver el problema en su totalidad, es como la Cruzada contra el Hambre y los secretarios de Sedesol enfrentan el hambre y la pobreza.
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