Juan Manuel Aguilar, investigador del Colectivo de Análisis y Seguridad con Democracia (CASEDE) y especialista en seguridad pública y uso de la fuerza procesal, comenta que casos como el de Debanhi y Yael se viralizan en las redes sociales porque tocan fibras sensibles en la sociedad y tienen un alto potencial para politizarse.
“El caso de Debanhi se relaciona con el movimiento feminista y el caso de Yael está vinculado como el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa porque era un joven universitario.
“Incluso, también puedo citar el caso del cuerpo del bebé que fue encontrado en el penal de San Miguel, en Puebla (y que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa). Este último caso terminó con la renuncia del secretario de Seguridad Pública local”.
“Como los casos se mediatizan y después se comienzan a politizar, hay una acción inmediata por parte de las autoridades, porque si no haces algo, la opinión pública lo comenta aún más”, explica.
En el caso del bebé de Puebla, el especialista acusa que las autoridades optaron por una solución sencilla que fue la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Raciel López Salazar.
Por la alta impunidad que hay en el país, gran cantidad de personas buscan la mediatización a través de las redes sociales para poder posicionar cierto evento en la agenda pública y política.
“En el mejor de los casos la agenda política puede delimitar que la agenda de gobierno atienda el caso, pero en la mayoría siempre hay salidas políticas simplonas como la renuncia, y muy pocas veces se logra la reparación del daño y se velan por los derechos de las víctimas”, acusa.
Sobre el caso de Debanhi, Juan Manuel Aguilar piensa que pronto el gobierno neoleonés buscará una salida fácil como la renuncia o destitución de algún funcionario, ya que la opinión pública lo que pide es la cabeza del secretario de Seguridad Pública.
En el caso de Ángel Yael, el especialista considera poco probable que se haga justicia, ya que opina que los responsables de su muerte fueron las fuerzas del Estado,
Pese a la mediatización de los casos y aunque toquen las agendas de la opinión pública, la política y las de gobierno, el miembro de CASEDE comenta que en la mayoría de ellos persiste la impunidad.
“Lo que hay que entender por los altos índices de impunidad es que estos casos pierden su vigencia mediática después de dos o tres semanas”
