Cuando nadie quiere gobernar

Aunque no lo acepten de manera pública, al interior de algunas dirigencias estatales y municipales de los partidos políticos se extiende la zozobra por la presencia del crimen organizado en amplias zonas del país, lo que está condicionando la participación en el ejercicio electoral.

En las regiones más violentas de estados como Guerrero o Michoacán, las instituciones políticas se están enfrentando a serias dificultades para poder presentar candidatos debido a que pocos quieren asumir el riesgo por la inseguridad latente.

La cifra de alcaldes electos, en funciones o exalcaldes asesinados en 2017 fue la más elevada en la historia reciente con 23, un retrato de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las autoridades municipales, primer eslabón del orden gubernamental y por supuesto, el más expuesto.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Chilapa de Álvarez en Guerrero, el segundo municipio con la mayor tasa de homicidios en el país y que en los últimos meses ha vivido una de las peores rachas de episodios de violencia que mantienen a la población en estado de sitio de facto.

Ejecuciones, cuerpos desmembrados o calcinados, son algunos de los sucesos que han marcado el inicio de este 2018 en Chilapa, aunque los vestigios de violencia se han sentido ya desde hace algunos años.

Se trata, auténticamente, de una localidad que nadie parece querer gobernar, en donde los comercios cierran antes de la puesta del sol, en donde las escuelas pueden permanecer cerradas por días, incluso semanas; donde decenas de familias han sido desplazadas por la violencia.

La resistencia de los potenciales candidatos no es solo por el reto de gobernar algunos de los municipios más violentos del país, sino por hacerlo bajo el yugo del crimen organizado, orillados a buscar un pacto o a convertirse en un blanco más de los grupos criminales.

Hasta el momento, el único que ha alzado la mano en Chilapa es precisamente el alcalde con licencia, Jesús Parra García, precandidato priista; pero no solo es el único aspirante tricolor, sino que en la práctica podría ser también la única persona que verdaderamente aspire al cargo.

Otros partidos como el PAN o el PRD han enfrentado dificultades para encontrar precandidatos que quieran emprender una campaña por la alcaldía de Chilapa y en otros municipios de Guerrero. Ante la violencia, incluso el partido Morena ha tenido que suspender sus asambleas en distintas localidades.

La historia particular del alcalde con licencia de Chilapa es también un claro ejemplo de la crisis. El priista fue nombrado candidato sustituto previo a las elecciones de 2015 tras el asesinato del candidato Ulises Quiroz y después de que su suplente José Santos Valdivia rechazara asumir la candidatura.

Pero no es un caso aislado. Recientemente el municipio de Petatlán, también en Guerrero vivió una crisis de ingobernabilidad tras el asesinato del presidente municipal Arturo Gómez Pérez y después de que ni el candidato suplente ni los integrantes del cabildo quisieran asumir el cargo ante el temor a posibles represalias.

En Teloloapan, municipio cercano a Iguala, el PRI tuvo que recurrir de forma sorpresiva a un exdiputado local por el PT, Jesús Martínez como su precandidato exclusivo a la alcaldía, ya que nadie más se quiso registrar.

El Revolucionario Institucional tampoco tendrá precandidato en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, y hasta el momento el alcalde con licencia Juan Mendoza Tapia del PRD es el único apuntado para repetir en el cargo. Después de que pidió licencia, su suplente se negó a asumir.

En los municipios guerrerenses Tlapehuala y Zihuatanejo los alcaldes titulares pidieron licencia recientemente para buscar un nuevo cargo de elección popular y los suplentes tampoco quisieron contraer la responsabilidad.

Quienes están en posibilidad de encabezar una alcaldía, ya sea por la vía electoral o por suplencia, rechazan exponer su integridad ocupando una función de alto riesgo, en lugares donde prevalece la ley de plata o plomo; si no se alinean a los intereses de los grupos criminales o viven bajo su orden, se convierten en enemigo y por lo tanto en un blanco.

La pesadilla

La maldición de Chilapa de Álvarez es su ubicación geográfica. Cercana a la zona de la montaña de Guerrero, es considerada una fuente inagotable de amapola y el epicentro del enfrentamiento por el control del territorio, así como el punto estratégico de trasiego para los cárteles del narcotráfico.

Según las autoridades del estado de Guerrero es una zona de disputa entre los grupos delincuenciales ‘Los Ardillos’ y ‘Los Rojos’ que en los últimos años han aterrorizado a la población por la brutal violencia que dejan a su paso.

Un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. ubica a Chilapa de Álvarez como el segundo municipio con la más elevada tasa de homicidios en México durante 2017, con un promedio de 134.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo se encuentra detrás de Tecomán, Colima, que tuvo una tasa de 172.51 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 20.51.

Durante el año pasado, según datos oficiales, en Chilapa se cometieron 177 homicidios dolosos, una cifra excepcionalmente elevada para un municipio que apenas rebasa los 130 mil habitantes. Entre los 10 municipios con mayor tasa de asesinatos hay cuatro pertenecientes a Guerrero: Chilapa, Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo.

El diagnóstico sitúa a Chilapa como el tercer municipio con mayor índice de violencia en el país, por detrás de Tecomán y Manzanillo, municipios de Colima, tomando en cuenta otras variables como el secuestro, violación, lesiones y extorsión, además de los homicidios.

Más allá de la frialdad de los números, los habitantes de Chilapa de Álvarez viven una auténtica pesadilla, quedando en medio de una verdadera zona de guerra y siendo testigos de horrores que hace pocos años habrían resultado impensables.

Tan solo este año se han vivido episodios como la desaparición de cinco vendedores de muebles originarios de Veracruz el 25 de enero, cuyos restos fueron encontrados cinco días después junto a los de otras dos personas. Todos habían sido desmembrados y sus restos colocados en bolsas de plástico. El 25 de enero, mismo día que los comerciantes fueron plagiados, se encontraron los cuerpos de dos hombres calcinados en la colonia Progreso.

El 1 de febrero fue encontrado el cuerpo decapitado de una joven de 18 años, el cual mostraba signos de violencia.

Además de estos casos, en los últimos meses los reportes de personas ‘levantadas’, ejecutadas, calcinadas, degolladas o desmembradas, se han vuelto comunes.

Los funcionarios locales tampoco han escapado de la violencia. En julio de 2016 el regidor de Chilapa Miguel Ángel Salmerón Nava fue asesinado por un comando armado en la localidad de Tixtla mientras regresaba a su ayuntamiento.

Y otro regidor del municipio de Zitlala, Dagoberto Domínguez Acevedo fue ejecutado en diciembre de 2017 en Chilapa.

En los últimos 3 años también han perdido la vida en hechos violentos otros funcionarios de la demarcación como Apolinar García, director de Asuntos Indígenas, asesinado en octubre de 2016 o José Luis Parra Jiménez, secretario de Finanzas, ejecutado en septiembre del mismo año.

La primera víctima de la delincuencia organizada dentro del ayuntamiento de Chilapa fue Miguel Andraca Eligio, director de Gobernación del municipio, que fue asesinado en mayo de 2016 mientras comía en un restaurante de la localidad.

Temor e indignación

El padre Benito Cuenca, vocero de la diócesis Chilpancingo-Chilapa reconoce que la situación excepcional de violencia que se vive en la zona mantiene a la población con temor, un sentimiento que también se extiende hacia la clase política

El ambiente no es el más ideal para el ejercicio político ni para propiciar un ambiente electoral favorable ya a la puerta del proceso que tenemos este año en el país”.

“Estos acontecimientos trágicos que se han vivido en el estado es algo que llega a la opinión pública, que llega a la feligresía en general y esto crea indignación”.

Recientemente, dos sacerdotes de la diócesis, los presbíteros Germaín Muñiz e Ivan Añorve fueron asesinados en el municipio de Taxco y aunque el padre Cuenca sabe del riesgo en que se encuentran los religiosos afirma que eso no los alejará de su labor pastoral, hoy más necesaria que nunca.

“Estamos conscientes de la situación que vivimos pero tampoco podemos renunciar a nuestra labor, eso no se puede detener. Sabemos los riesgos que corremos”.

“Aquí es donde entra la tarea de la iglesia para ayudar a la sociedad y a los fieles a que no pierdan la esperanza”.