Cuentas claras, amistades largas

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) guarda una amistosa relación con los entes auditables. 

Porque en la recta final de las administraciones da su visto bueno a cuentas del 2010 de casi todos los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

Y también al Gobierno Estatal, cuya cuenta del 2009 avaló sin señalamientos y las bancadas del PRI, el Partido Verde Ecologista y el PRD en el Congreso local rechazaron.

Fue por eso y el donativo de 80 millones de pesos para un predio que adquirió la ASEJ que la Comisión de Vigilancia del Congreso citó al auditor Alonso Godoy Pelayo a comparecer al Legislativo. 

Estos grupos parlamentarios críticos del auditor avalan o rechazan su trabajo de acuerdo a sus conveniencias partidistas.  

Porque tanto el presidente de la Comisión de Vigilancia, el priista Salvador Barajas del Toro, como el coordinador de la bancada del PAN, José Antonio de la Torre Bravo, tienen puntos de vista encontrados sobre Godoy Pelayo. 

En el caso de los panistas, su coordinador señala: “no compartimos algunos criterios que está teniendo la Auditoría, porque hemos regresado cuentas al señor auditor y nos las regresa sin considerar los documentos que acreditan algunas de sus observaciones”.  

“Ha sido incongruente el grupo parlamentario del PRI al regresar a la ASEJ la auditoría que venía sin cargo de 2009 del Ejecutivo y que en éstas (las cuentas de 2010 de los municipios) no hayan manifestado ninguna extrañeza”. 

El priista Barajas del Toro cree que esta crítica de los panistas se debe a un asunto meramente político, aunque la misma actitud tomó su partido al rechazar las cuentas del Gobierno del Estado de 2009. 

“Indiscutiblemente que debe haber inquietud por el Partido Acción Nacional en cuanto a las cuentas públicas de gobiernos que no son de su partido, porque lo mismo sucedió con las cuentas cuando ellos eran gobierno”.  

Pero independientemente del pleito partidista, es indiscutible que la ASEJ tiene que explicar su relación con los entes auditables. 

Primero en el caso del gobernador Emilio González Márquez por el donativo millonario y luego con los Ayuntamientos por no haber señalado ni una irregularidad a pesar de información evidente sobre uso inadecuado de los recursos. 

“Sí genera cierta duda el tema de que estos municipios que están controvertidos, pues resulta que no hay una sola observación y municipios tan pequeños tienen cargos de casi la totalidad de su presupuesto”, señala De la Torre Bravo sobre la percepción que tiene de la ASEJ. 

Lo que no vio la Auditoría 

Las administraciones de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque tienen gastos irregulares en sus cuentas de 2010, por lo que extraña que no haya observaciones de la Auditoría. 

Durante ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó indicaciones a los tres municipios y envío recomendaciones por el uso irregular del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Guadalajara tuvo 49 observaciones que derivaron en tres recomendaciones y cinco promociones de responsabilidad administrativa; Tonalá tuvo 16 observaciones que derivaron en 16 recomendaciones y Tlaquepaque 27 que resultaron solo en una recomendación. 

También en el caso de Tonalá, ha sido “reprobado” y catalogado como una “vergüenza” por su falta de transparencia según el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. 

En Guadalajara se realizó un gasto millonario de 71 millones de pesos en comunicación social durante ese año, y esta dependencia fue la que más tuvo “fondo revolvente” o una caja chica para gastos menores de alrededor de 145 mil pesos al mes, lo que da un estimado de 1.7 millones de pesos al año. 

También durante este año se realizaron los contratos de la polémica repavimentación de la ciudad que costó mil 100 millones de pesos. 

Diputados panistas denunciaron un fraude por el sobrecosto en dicha compra, pero la Auditoría tampoco observó ninguna irregularidad en esta asignación de recursos. 

En el caso del gobierno encabezado por Emilio González Márquez, la ASEJ tenía observaciones por 447.1 millones de pesos, y aunque no todas fueron solventadas, no se fincaron cargos ni se hicieron señalamientos en esta cuenta del 2009. 

Los apuntes se hacían en proyectos como el Macrobús, la Ciudad Judicial e incluso una entrevista realizada por el periodista Pedro Ferriz al Gobernador de Jalisco. 

Y lo anterior es solo la parte de lo que se dio a conocer. 

Porque la Auditoría tiene acceso a todas las finanzas de estas administraciones que se endeudaron de forma histórica. 

Para el coordinador de los panistas en el Congreso local,  esta información debería estar al acceso de todos los legisladores: 

“El tema es que también hemos solicitado la información precisa para que a cada uno de nosotros nos esté llegando ese informe que manda la ASEJ para que nosotros podamos hacer una evaluación de eso”. 

Ahora tanto panistas como priistas tienen al auditor en la mira y está por comparecer en el Congreso local. 

Según el diputado priista Salvador Barajas del Toro  “al momento no se ha planteado que comparezca para el tema de alguna cuenta pública”. 

“Si es que las respuestas no son satisfactorias y logramos enlazar el resultado de una auditoría ante aportaciones del Poder Ejecutivo ya veríamos el procedimiento a seguir”.

Pero el panista De la Torre Bravo señala que sí habrá cuestionamientos, pues “genera extrañeza por qué ninguno de estos municipios que manejan una gran cantidad de recursos no tienen observaciones aun cuando ha habido señalamientos serios por parte de las mismas autoridades”. 

Auditor con inmunidad
Por Paloma Robles

Las irregularidades en el manejo que ha tenido la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) han exhibido en numerosas ocasiones a su titular, Alonso Godoy Pelayo.

De quien se sabe que cobró ilegalmente 9.8 millones de pesos por un supuesto pago de vacaciones. 

Pero además se dio a conocer pagos por más de 5 millones de pesos a su suegro, quien aparentemente era proveedor del Congreso.

Para la fracción parlamentaria del PRI era la oportunidad de iniciar una cacería de brujas en contra de la legislatura anterior, liderada por los panistas y que había dejado serios problemas económicos a la actual administración.

Pero el pago de favores entre instituciones pesó a la hora de actuar.

El escándalo terminó en las calles, un juicio ciudadano se impuso al titular de la ASEJ al tiempo que al interior del Congreso no se atrevieron a destituirlo por temor a la represalias en las cuentas públicas de los municipios en donde gobernaban sus partidos.

La Legislatura se enfrascó en las formas y no se pudo destituir al auditor, luego vino el escándalo sobre la invalidez de su nombramiento, tema que derivó en un juicio administrativo en el que la autoridad obligó al Congreso a nombrar a un nuevo titular.

Hasta la fecha el Poder Legislativo no ha cumplido el mandato y no ha dado ni los recursos ni la aprobación para iniciar la búsqueda de un nuevo perfil.