Cuestiona al ‘cártel plaquero’

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“No somos una empresa fantasma ni tampoco recibimos los favores del gobierno de Baja California.

“La licitación del 28 de marzo para la fabricación de más de 78 mil juegos de placas metálicas y calcomanías, la ganamos por ley”.

Así respondió Gabriel Reyes Orona, abogado de la empresa cuestionada, Lazos Internacionales. 

Confirmó que sobre el amparo que tramitaron empresas que supuestamente han quedado fuera de los contratos, “no hay materia de suspensión porque lo que se pretende suspender ya se consumó”. 

Esto concluye que las placas metálicas adjudicadas a Lazos Internacionales ya se entregaron al gobierno contratante y sería imposible lograr la resolución de un amparo sobre un acto consumado, de forma retroactiva. 

Reporte Indigo publicó hace una semana la denuncia de José Luis Ruiz, apoderado legal de la Asociación de Fabricantes de Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, quien interpuso un recurso de amparo para suspender la adjudicación a Lazos Internacionales.

La razón del recurso legal interpuesto fue sobre la suspensión de la licitación anunciada ya que el gobierno bajacaliforniano decidió hacer una adjudicación directa a favor de Lazos Internacionales.

Los demandantes fueron el Grupo Industrial DLV, Troquelados e Impresos S.A. de C.V., Placas Realzadas S.A. de C.V. y Tumsa S.A. de C.V., participantes en la licitación suspendida. En su momento estas compañías no apelaron en la decisión del gobierno.

Denuncia corrupción 

En defensa de la empresa que representa, Reyes Orona declaró en entrevista que Lazos Internacionales cumplió con todos los requisitos.

Denunció que ante la “nula” competencia en el mercado de manufactura de placas metálica para automóviles, un grupo de empresarios impusieron barreras de acceso al mercado y, según sus palabras,  “lo convirtieron en su coto de poder”.

Esto, según el abogado defensor de la empresa contratada,  generó enorme corrupción, pues solo un selecto grupo se ostentaba como proveedor oficial de los servicios y bienes al sector público de la entidad.

“El gobierno de Baja California, en la pasada administración, cayó presa de estos grupúsculos que han hecho en el registro de la SCT una barrera de acceso al mercado, y la han operado como una patente de corso”, declaró Reyes Orona. 

Con las modificaciones a la Comisión Federal de Competencia Económica que se aprobaron el año pasado, comenzaron a romperse esas prácticas monopólicas y barreras de acceso.

La apertura permitió que Lazos Internacionales pudiera entrar a la competencia. 

“(Esta empresa) tiene sobrada capacidad técnica, económica y profesional”, dice el defensor. 

De propia voluntad, suspenden actividades 

Gabriel Reyes Orona admitió que por decisión administrativa la empresa suspendió sus actividades, pero “la suspensión no es materia de una sanción” porque no fue una determinación de la autoridad, sino decisión corporativa.

“Ahora ha regresado a rescatar sus mercados y a abrirse nuevos.  

“La planta de Lazos Internacionales está a la vista, no es administradora de subcontratistas, como alguna de las empresas quejosas”.

Entrevistado en sus oficinas, calificó de falso que el gremio de fabricantes de placas metálicas esté en contra de la empresa que representa. 

Él explica que en México existen 31 permisos para incursionar en este mercado, y la Asociación de Fabricantes de Documentos a la que pertenecen las empresas demandantes, apenas representa el 10 por ciento.

El abogado aclaró que en la parte judicial también ha habido engaños porque en materia de amparo, la suspensión no puede tener efectos restitutorios.

“Decir que en el caso de placas realzadas hay una suspensión, es mentir”, porque el texto de la resolución judicial establece que no tendrá efectos en caso de que no se hubiera firmado el contrato.

Pero los propios quejosos reconocen que el contrato se firmó antes de que ellos solicitaran la vía de amparo “y al juez no se lo informaron”. 

“Además, cuando solicitaron el amparo Lazos Internacionales ya había cumplido con el contrato; es una fantasía pensar que se puede reponer el concurso para licitar las placas”.

Explicó que es evidente que las empresas desconocen la Ley de Amparo porque lo solicitan contra actos consentidos, siendo que ellos concurrieron a un proceso de cancelación y no se opusieron.

Incluso, detalló el abogado, admitieron en su demanda que  no impugnaron que la autoridad canceló el concurso y decidió acudir al mecanismo de invitación o adjudicación directa.

“Bajo este esquema el amparo interpuesto es completamente improcedente”, asegura Reyes Orona. 

Defiende a sus clientes

Los demandantes están alegando que existen documentos oficiales, dentro de los acervos públicos, que señalan algún tipo de irregularidad, pero, según el defensor, “no precisan nada”.

“Lo que sí está muy claro, es que existe al menos colusión con funcionarios o servidores públicos que han dado acceso a los acervos y archivos públicos limitados y protegidos por la ley”, denunció. 

“Nos preocupa el uso que se hace de supuesta información interna del gobierno para tratar de armar una apariencia de irregularidad en donde no la hay, solo sospechas y presunciones”.

Esto debería preocupar a las autoridades de Baja California, sentenció Reyes Orona, porque los derechos de secrecía respecto al manejo público de sus acervos y archivos han sido violentados.

En su opinión, lo que está sucediendo es que las empresas pertenecientes a ese viejo mecanismo de colusión, están  desapareciendo.

“Lo más lamentable, es que esas empresas que se dicen independientes y acuden a la licitación como competidoras, utilizan la misma demanda, el mismo domicilio, los mismos abogados y toda la estrategia desplegada, de manera simultánea.

“No se puede hablar de una competencia cuando las empresas se manejan de manera monolítica con estrategias idénticas”.

Cuestionó si lo que tenemos en México son “cárteles plaqueros” o si estos grupúsculos son dueños de los contratos que propala el gobierno para la provisión de documentos oficiales.

“En lo técnico y en lo operativo se demostrará que Lazos Internacionales es superior a quienes antes proveían bienes y servicios al Estado”.

El gobierno uso sus facultades y canceló el concurso, si hubo una irregularidad los participantes pudieron recurrir a un recurso de ley, “pero la reclamación vino porque no fueron los beneficiados”. 

Lo que sigue ahora es que los jueces analicen las demandas de amparo de esas empresas que carecen de interés jurídico porque “pidieron suspensiones de actos completamente consumados”.

“Veremos un proceso en el cual, de manera extemporánea y sin los mecanismos adecuados de ley, se ha pedido lo imposible, deshacer lo consumado conforme a derecho”.

Será este 25 de julio cuando los jueces decidirán si la demanda de las empresas se hizo en tiempo o no, y si tiene un interés jurídico o no.

“Por lo pronto las placas ya se entregaron, se cumplió con el contrato en tiempo y forma. Lo que se ha hecho legalmente no tiene porqué volver atrás”, concluyó Gabriel Reyes Orona.