Cuestiona IEPC elecciones de alcaldías

Recientes investigaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) sobre el financiamiento de las campañas en Jalisco en el 2012, arrojan nuevas lecturas.  

Tras concluir el proceso electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy Instituto Nacional Electoral) inició una investigación en contra del PRI, por la utilización durante las campañas de tarjetas de prepago de la institución financiera Monex para la nómina de su estructura territorial, pues se presumía un financiamiento ilegal. 

La resolución del IFE descartó cualquier ilícito en estas operaciones del PRI, pero concluyó que se sumarían a los gastos de campaña del partido 66 millones 816 mil 891 pesos, que fueron ejercidos a través de ese mecanismo y que no fueron reportados como tales. 

De estos, 50 millones 508 mil 891 pesos se agregarían al ejercicio de recursos del PRI nacional.

Además, se agregarían 10 millones 308 mil pesos a su campaña local en el Distrito Federal, y otros 6 millones de pesos (MDP) a la que realizó en Jalisco. 

De esta manera, el IFE instruyó al IEPC del estado para que añadiera dicho monto a los gastos electorales que aquí realizó el PRI.  

Pero hasta el momento, la suma de esos 6 millones de pesos no ha podido ser ejecutada por el IEPC debido a que la resolución del IFE fue impugnada tanto por el PAN y PRD –pues no hubo sanción-, como por el PRI, que argumenta que los recursos fueron parte de su operación ordinaria, y no gasto de campaña. 

Así las cosas, la versión oficial que se escribió y prevalece en Jalisco de la elección del 2012 es que las faltas cometidas por los partidos fueron, en verdad, mínimas. 

Si bien ejercieron 154 millones 542 mil 636 pesos, considerando sus ingresos públicos y privados, las irregularidades detectadas por el IEPC merecieron multas por solo 916 mil 619 pesos (0.5 por ciento). 

De estas sanciones, 676 mil 278 pesos fueron para el PRI por omisiones sin gran relevancia, como el haber realizado erogaciones desde cuentas bancarias con fines específicos distintos, pero nada tan grave como un rebase del tope de gastos en sus campañas. Todo esto podría dar un giro.

Las indagatorias que ha realizado la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos del IEPC, en tanto llega la resolución de la impugnación, dan pie a la reinterpretación de una elección donde las irregularidades de las fuerzas políticas, del PRI en particular, fueron mucho más serias de lo que hasta hoy se había podido documentar. 

Héctor Díaz Sánchez, director general de la Unidad de Fiscalización, detalla sus hallazgos en el expediente Monex para Jalisco.

“A raíz de la investigación (del IFE) se determinaron algunos montos que fueron erogados en Jalisco para la campaña local.

“El PRI realizó gastos en servicios personales para sus representantes generales de casilla en el proceso local 2012”.

RI: ¿Se refiere a la investigación de esos 6 millones de pesos erogados en Jalisco?

“Exacto, pero más que investigación lo tendríamos ya simplemente que acumular, esa acumulación, a los anteriores gastos que nosotros definimos, no ha sido posible porque esta sub judice o en espera de resolución”, dice Héctor Díaz.

RI: Si la resolución se confirma ¿el PRI rebasó el tope de gastos de campañas?

HD: Tendría que señalarte que seguramente en algunas campañas sí, porque ese tope se acumula a todas las campañas, que son 125 de municipios, 20 de diputados y una de gobernador. 

RI: ¿El partido definirá hacia dónde prorratea los 6 millones de pesos?

HD: Lo definió en su momento bajo los criterios de prorrateo que el reglamento en la materia le permite. No puede modificarlos, nosotros simplemente tomamos la cantidad y estaríamos distribuyéndolo entre ese criterio de prorrateo reglamentario que el partido tiene. 

RI: ¿Y qué resulta con esos parámetros de prorrateo?

HD: Ya hicimos algunos ejercicios y sí soy tajante: en gubernatura no hay rebase, pero sí hay rebase en alcaldías. 

RI: ¿En qué municipios el PRI rebasó el tope de gasto?

HD: No te lo puedo adelantar porque, aunque hay máxima publicidad, se trata de asuntos ya confirmados (donde aplica), pero sí son varios, hay varias alcaldías que sufrirían… quizá 10. 

RI: ¿Hay en la zona metropolitana?

HD: Hay en la zona metropolitana. 

Acaba el misterio

Este mismo año podría conocerse la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el expediente Monex, pero no hay nada seguro. 

De cualquier manera, ¿qué sucedería si se confirma que el PRI ganó una decena de alcaldías en Jalisco, entre éstas algunas de la metrópoli, violando la ley y dirigiendo más recursos de los permitidos a las campañas de sus candidatos?

No mucho, de hecho, solo sanciones pecuniarias para el partido, junto a la certeza en la sociedad de que ganó quebrantando la ley. 

Sin embargo, un caso como éste, con la legislación electoral tal y como quedó después de la reforma del 2013, y recientemente adoptada en Jalisco, traería repercusiones importantísimas, incluso en el ámbito penal. 

Ahora, el rebase del tope de gasto de campaña es una de las causales de nulidad de una elección en la Constitución Política federal y estatal, si el excedente es de 5 por ciento, y la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar menor a 5 por ciento, pero el caso Monex se revisa a la luz de la legislación antes de reformarse. 

Además, con la homologación de los ilícitos en todo el país que trajo la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el rebase del tope de gasto de campaña fue tipificado como un delito que es perseguido por la Fiscalía General del Estado, o la Procuraduría General de la República, según la naturaleza de la elección. 

El mismo artículo 15 que sanciona hasta con 15 años de prisión la obtención y utilización de recursos de procedencia ilícita o prohibidos para el apoyo a partidos y candidatos, dice también: “o en montos que rebasen los permitidos por la ley”. 

Esta pena “aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”. 

Apoyo militante

Una vía de financiamiento no público que tienen los partidos políticos son las aportaciones de sus militantes. 

El simple análisis de las operaciones de este tipo en Jalisco sugiere la gran diferencia que existe entre las dimensiones de los padrones del PRI y el PAN, los dos institutos más grandes. 

En el 2009, por ejemplo, mientras que el PAN registró 208 aportaciones de este tipo que ascendieron a un millón 203 mil 105 pesos (5 mil 784 pesos en promedio cada una), el PRI tuvo, por su parte, 12 mil 935 de estos apoyos por una cifra total de 2 millones 338 mil 912 pesos (un promedio de 181 pesos), según registros del IEPC. 

En el 2011, otro año con diferencias marcadas, el PAN tuvo 202 aportaciones por un millón 906 mil 374 pesos; mientras que el PRI reportó 2 mil 528 de estas operaciones por 2 millones 66 mil 37 pesos. 

Estas diferencias son entendibles al observar que el padrón de militantes del PRI en Jalisco asciende a 281 mil 859 personas aglutinados en sus distintos sectores corporativos (obrero, campesino y popular), ocho veces el del PAN, con apenas 34 mil 982 afiliados.