El sábado 31 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se da a los empresarios el plazo de un mes para que cumplan con las disposiciones laborales, de seguridad social y fiscales establecidas en las nuevas reglas en materia de subcontratación laboral u outsourcing.
Lo anterior se hizo en una edición especial del DOF después de que la noche del viernes, diputados y senadores aprobaron modificar el decreto en esta materia promulgado el 23 de abril del año en curso.
La aprobación y publicación de la nueva resolución se realizó en una sesión extraordinaria debido a que ayer concluía el tiempo para que los empresarios cumplieran con las normas establecidas, entre ellas, darse de alta en un padrón para subcontratistas a cargo de la Secretaría del Trabajo, así como ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit.
Cabe destacar que los partidos de la oposición, que solicitaban una ampliación por cinco meses, votaron en contra de la propuesta, salvo algunas excepciones, por considerar insuficiente esta prórroga de 30 días. Proponía el 1 de enero del siguiente año para su entrada en vigor, pero será el próximo primero de septiembre.
Consideran plazo insuficiente para regular outsourcing
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la ampliación del periodo de la entrada en vigor del outsourcing para el primero de septiembre próximo resulta insuficiente, por lo que insistirán en homologar el plazo con las empresas gubernamentales hasta el primero de enero del 2022.
“Reiteramos que lo deseable para alcanzar una solución definitiva a los inconvenientes detectados en las diferentes dependencias para concluir con los trámites, era que se homologara el plazo entre las empresas públicas y privadas, toda vez que las primeras tienen hasta el 1 de enero de 2022 para cumplir con la reforma”, señaló el presidente de los patrones, José Medina Mora.
A su vez reconoció el trabajo de los legisladores para lograr la ampliación del plazo, pues esto permitirá que las empresas puedan avanzar en su proceso de cumplimiento; no obstante, insistió que “el periodo no es suficiente para que las más de 387 mil compañías que enfrentan problemas operativos o técnicos logren solventar en tiempo y forma los requerimientos normativos”, comentó.
