La Cámara de Diputados planea aumentar recursos a los programas de carreteras y caminos rurales, que han sido cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por ejercer dinero de forma incorrecta.
En su Informe de la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó un subejercicio de más de 3 mil 600 millones de pesos, en su mayoría porque los proyectos a los que los diputados dieron recursos no cumplían con los requisitos para ejercer el dinero.
Para 2018, los legisladores han anunciado que eliminarán del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura Estatal y Municipal -conocido como fondo de los “moches”- para que ningún legislador pueda etiquetar dinero discrecionalmente, en tiempos en que los esfuerzos deberán estar enfocados en la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos de septiembre.
Sin embargo, los programas de carreteras alimentadoras y caminos rurales serán una ventana de escape a través de la cual los congresistas podrán etiquetar recursos a obras específicas… aunque no estén debidamente proyectadas y el dinero termine sin poder ejercerse.
Cada año, los diputados amplían el presupuesto para carreteras de forma considerable. Aunque el Ejecutivo suele enviar un proyecto con recursos etiquetados de forma general por estados, los legisladores añaden un listado de obras a realizarse en el año fiscal.
Dichas obras son palomeadas por la Comisión de Infraestructura, presidida en esta Legislatura por el priista Baltazar Hinojosa.
En 2017, por ejemplo, el Ejecutivo federal envió en su proyecto de PEF una proyección de 5 mil 814 millones de pesos para dichos programas.
En la negociación presupuestal, los diputados ampliaron ese recurso a 10 mil 920 millones de pesos; un aumento del 87 por ciento.
“El campo tenía una reducción de 7 mil millones, hay que ver cómo se lo reponemos. Carreteras alimentadoras viene en ceros, hay que reponerlos, proyectos de Desarrollo Regional, también viene en ceros, entonces habrá que reponerlos”
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Recursos sin proyectos
Para su análisis en la Cuenta Pública del 2016, la Auditoría Superior de la Federación solo analizó los componentes relacionados con la conservación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales –excluyendo el componente de Empleo Temporal-, que tuvieron un presupuesto de 16 mil 644 mdp.
De ellos, durante el año solo se ejercieron 12 mil 971 millones, apenas el 77 por ciento.
Para que se liberen los recursos, las obras deben contar forzosamente con un proyecto ejecutivo completo; el cambio de uso de suelo en terrenos forestales; la propiedad de los derechos de vía; la evaluación y autorización de impacto ambiental; el registro en la cartera de programas y proyectos de la Secretaría de Hacienda; la autorización de inversión aprobada, y otros permisos de la Conagua o del INAH.
Muchas de las obras promovidas y aprobadas por los diputados no cumplen con uno o más de estos requisitos, por lo que el dinero no es liberado para su ejercicio.
“La diferencia entre el presupuesto original y el ejercido se debe a que se cancelaron programas y proyectos de inversión por la falta de elementos para su ejecución, que provocaron retrasos en la liberación de recursos y en el proceso de licitación de las obras”, expuso la ASF.
La mayor parte de los proyectos cancelados formaba parte del grupo añadido por los diputados en el PEF.
Van por más
Para el 2018, el Gobierno federal planteó un presupuesto de 5 mil 860 millones de pesos para el programa de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
En su opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2018, la Comisión de Infraestructura determinó que solicitarán una ampliación de 19 mil 500 millones de pesos para la SCT.
Los legisladores de esa Comisión se han propuesto que para proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales se destinen 15 mil millones de pesos.
Jorge Estefan Chidiac, diputado por el PRI y presidente de la Comisión de Presupuesto, ha dicho que son varios los rubros a los que darán más recursos económicos para el siguiente año y, entre ellos, está éste de carreteras y caminos rurales.
“El campo tenía una reducción de 7 mil millones, hay que ver cómo se lo reponemos. Carreteras alimentadoras viene en ceros, hay que reponerlos, proyectos de Desarrollo Regional, también viene en ceros, entonces habrá que reponerlos; y otros más que conforme se vaya construyendo los consenso se hará”, afirmó.
Sin evaluación ni auditoría
El ejercicio de estos recursos, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se hace sin evaluación, autoevaluación o auditorías internas o externas sobre los procesos internos para llevar las obras a buen término.
La Auditoría encontró que la SCT no tiene lineamientos para la integración de los expedientes de obra, pues no hay controles para supervisar que no haya deficiencias en los proyectos, si contiene las firmas necesarias, si la licitación fue hecha correctamente o si la gana una empresa que pueda realizar la obra.
La ASF documentó que el Centro SCT de Hidalgo celebró un contrato de obra pública con Urbanización y Construcciones Aldana S.A. de C.V. por 9.5 mdp.
El contrato se firmó a pesar de que dicha empresa se encontraba inhabilitada por 12 meses al momento de su contratación, por lo que la SCT no debió otorgar ese contrato.
