La urgencia por adquirir insumos que permitieran al Estado enfrentar la pandemia provocó que el 80 por ciento de las adjudicaciones se realizaran de manera directa, una práctica que no es bien vista cuando de combatir la opacidad se trata.
“Las adjudicaciones directas son una mala práctica, pero todavía es más delicado estar a ciegas en buena parte de las contrataciones del país. Hoy hay más de 20 estados que no transparentan sus compras gubernamentales por la emergencia. El mayor riesgo siempre estará donde no sabemos qué está pasando”, advierte Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó que la Secretaría de Salud no ha dado a conocer los datos relativos a la adquisición de insumos y equipos de salud provenientes de China para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, por lo que le solicitó buscarla y entregarla a la brevedad.
Aunado a esto, el INAI también reveló a través de un comunicado que la secretaría que encabeza Jorge Alcocer Varela, refleja insuficiencias para tratar adecuadamente los datos personales de los pacientes con COVID-19.
La pandemia ha demostrado las deficiencias del sector salud para el tratamiento adecuado de los datos personales de la infinidad de pacientes de COVID-19
“No sabemos con qué rigor y con qué protocolos se manejaron las bases de datos que ya se llevaban por los expedientes médicos de pacientes con un tratamiento ordinario cuando, por la atención del virus, fueron remitidos a segundas manos, incluso, trasvasados de hospitales”, acusó el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.
Supervisar la deuda de la pandemia
Transparencia Mexicana junto con Tojil, identificaron que los gobiernos estatales no están informando clara y oportunamente a la ciudadanía sobre la deuda adquirida en el marco de la pandemia dirigida a enfrentar la emergencia o a mitigar sus efectos económicos y sociales.
“Los estados informan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o en algunos casos a través de las secretarías de finanzas, pero no dejan claro qué parte de la deuda será invertida en la emergencia o la reactivación económica.
“Sólo Guanajuato y Jalisco informan en sus micrositios COVID-19 sobre la deuda que han contratado para sortear los efectos de la pandemia y sus consecuencias económicas”.
A través del programa de seguimiento conocido como #SusanaVigilancia, señalan que actualmente el Gobierno federal y 11 estados contrataron deuda pública durante el primer semestre del 2020.
Durante el periodo que coincide con la crisis sanitaria, el conjunto de estados y la Federación contrajeron en conjunto un adeudo estimado en más de 140 mil millones de pesos.
El Gobierno federal y 11 estados han contratado deuda pública durante el primer semestre del 2020 y nueve no han publicado información actualizada al respecto
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz son las entidades que no incluyen en sus sitios web información actualizada al 2020 sobre la deuda pública que han contratado.
Círculo incompleto
Desde la creación y promulgación de la Ley Nacional de Transparencia, el país ha avanzado significativamente en esta materia. Tan es así, que durante el 2016 y 2017, esta legislación fue un referente a nivel mundial, asegura la comisionada del INAI, Josefina Román, sin embargo, los niveles de corrupción van en aumento.
En el 2018 el INAI recibió 236 mil 490 solicitudes de información y en 2019 obtuvo 272 mil 579, un aumento que se atribuye al ejercicio que el presidente realiza diariamente con su conferencia mañanera
“Qué es lo que pasa. En transparencia hemos hecho un muy buen trabajo y la pregunta sería por qué en el combate a la corrupción estamos tan mal. Creo que la transparencia son los cimientos de cómo combatir de mejor manera la corrupción y esos cimientos se han puesto bien y sólidos.
“No obstante, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son un círculo virtuoso, empieza con la transparencia, con la información, con los archivos, con la estadística, pero lo que continúa en ese ciclo es el control interno y externo. Todo lo que implican los órganos de control y la Auditoría Superior de la Federación.
“Además ahora cierra con la parte de responsabilidades. Si se detecta que un servidor público violó la ley pues tiene que haber consecuencias. Por eso existe una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, lo que significa que es un trabajo de muchos”.
Ni mejor ni peor, solo diferente
Al hacer una comparativa entre la actual administración y la del sexenio pasado encabezada por Enrique Peña Nieto, Josefina Román asegura que una no es mejor que la otra.
“En relación con el sexenio anterior me parece difícil compararlo. No es que estemos mejor o peor, simplemente es diferente. De solicitudes de acceso a la información en 2018, por ejemplo, recibimos 236 mil 490, para el 2019 obtuvimos 272 mil 579, entonces el ejercicio del INAI incrementó.
“De lo que va del año hasta la última quincena de junio llevamos recibidas 101 mil 608 solicitudes, entonces desde la perspectiva del INAI las solicitudes han aumentado por el ejercicio de información que se realiza cada mañana con las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque muchas de las solicitudes son preguntas relacionadas con lo que ahí se dice”, apunta la Comisionada del INAI.
Contrario a lo que la funcionaria Román señala, Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana en entrevista con Reporte Índigo, asegura que a pesar de que el gobierno de la cuarta transformación ha intentado ser transparente no lo ha logrado del todo.
Creo que es un gobierno que busca ser abierto, pero que en términos de documentos y datos no ha podido ser transparente
“Su fortaleza es su capacidad de comunicar, pero no lo ha sido la entrega de la información pública. Las declaratorias de inexistencia han crecido significativamente. Hay un modelo de comunicación abierto, pero con menor transparencia en términos de lo que los ciudadanos solicitan”.
Además comenta que desde marzo, cuando impulsaron un grupo de trabajo de 13 países sobre los peligros de corrupción en la pandemia, en todos los países apareció como riesgo la corrupción en contrataciones públicas debido a que los controles habituales estarían suspendidos por un periodo indeterminado, los cuales se han incrementado con la estrategia para la reactivación económica.
“Al principio había una necesidad de contratar rápido y bien suministros esenciales para la emergencia, pero más de 110 días después la situación se mantiene con el agravante de que empezamos ya a ver las licitaciones vinculadas con la reactivación económica. Se mantiene un crecimiento en el gasto en salud y se suma uno inmenso en infraestructura”.
