En marzo, Nuevo León ocupó el segundo lugar de los estados con mayor número de reportes de desapariciones. Fueron 21 según reveló la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en el documento “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19” que publicó a finales de abril.
En medio de la pandemia de coronavirus, este estado llevó a cabo de manera virtual el Encuentro Latinoamericano 2020 Abramos horizontes ante las desapariciones organizado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), en colaboración con Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), Servicios y Asesoría para la Paz Serapaz A.C. y Due Process of Law Foundation.
En la mesa la Experiencia de Nuevo León, CADHAC logró reunir a tres actores responsables de atender la problemática en la entidad: Adrián de la Garza, quien fuera procurador de Justicia de 2011 a 2015, durante el gobierno de Rodrigo Medina; Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública desde 2018 y Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal General de Justicia también el mismo año.
Fasci Zuazua realizó un recuento de las desapariciones en Nuevo León. Las primeras en la época posrevolucionaria, luego en la década de los sesenta y setenta y los casos aislados que comenzaron a presentarse en 2006 y 2007.
“El crimen organizado empezó a desaparecer personas. No había experiencia institucional, no había experiencia personal, sabemos hoy que antes no sabíamos. No sabíamos entender siquiera la crítica”, reconoció el secretario.
Consuelo Morales, fundadora y directora de CADHAC, contó que las primeras personas desaparecidas en Nuevo León pertenecían a las policías estatales y municipales, los jóvenes y aquellos que no podían pagar el cobro de piso a organizaciones delictivas y las autoridades no atendían a sus familias.
“Había un criterio no escrito por parte del Ministerio Público de no tomar la denuncia hasta después de 48 horas porque se pensaba que la gente se iba y luego iba a aparecer, aun cuando había testigos de la desaparición forzada o violenta”, admitió el ahora alcalde de Monterrey.
Fue hasta 2011 cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, logró en Nuevo León un acercamiento con De la Garza.
“El entonces procurador esa misma noche los recibió. Fue una pequeña comisión de la caravana del consuelo, fueron tres o cuatro familiares de personas desaparecidas y tres o cuatro miembros de CADHAC. Adrián, en 2011, escuchó los testimonios y con ello se abrió una nueva etapa. Se pidió el compromiso de todo su equipo”, expresó la activista.
Plan estratégico de desapariciones a prueba
Autoridades estatales y municipales, la Fiscalía General de Justicia local y asociaciones civiles como CADHAC volvieron a unir esfuerzos en el Plan Estratégico en Materia de Desaparición en Nuevo León.
Éste fue presentado el 24 de septiembre de 2019 y tendrá una primera etapa a diciembre 2020, para luego replantear un plan de continuidad. Sus cinco líneas estratégicas son: búsqueda; investigación; medidas de atención, ayuda y asistencia digna; fortalecimiento de instituciones y marco normativo.
La primera línea la lidera la Comisión Local de Búsqueda y la segunda la Fiscalía General de Justicia. En ese sentido, el titular de este órgano autónomo, Gustavo Adolfo Guerrero, explicó la importancia de actuar con sentido de urgencia con el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que surgió en 2014 y conforme a la Ley de Declaración de Ausencia de 2015.
“Identificar las causas, los patrones, el modo de la operación y las principales formas de victimización y la responsabilidad criminal. Asimismo, acceder a los registros de las bases de datos de gobierno y dar con el paradero de las personas desaparecidas, todo esto dentro de las primeras 72 horas”, enlistó en su intervención durante el encuentro.
La siguiente línea estratégica se trata de las Ventanillas de Atención a Víctimas de Desaparición que instalaron nueve municipios metropolitanos.
“No participamos en la investigación pero sí participamos en la reparación del daño, aunque es irreparable”, dijo Adrián de la Garza.
Y aunque Nuevo León ya cuenta con investigación forense en materia de registro de ADN y restos óseos, el reto es mejorar la estrategia genética a fin de que este programa pueda ser referente nacional y se replique en otras entidades del país.