De procurador a testigo

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La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene desde anoche en sus instalaciones al procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, y al subprocurador de esa entidad, Ricardo Martínez.

Ambos funcionarios fueron requeridos de urgencia por Tomás Zerón de Lucio, director de Investigación Criminal de la PGR para sostener una reunión privada en las instalaciones de la PGR de avenida Reforma, en la colonia Cuauhtémoc.

Antes de llegar al DF, Blanco y Martínez se dieron tiempo de ir a comer en la cantina “Guadiana”, en donde un grupo de al menos diez hombres los vigiló a distancia hasta asegurarse de que ambos ingresaran a las instalaciones federales.

Una vez ahí, los funcionarios fueron informados de que tendrían que rendir su declaración ministerial en calidad de testigos por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Alrededor de las seis y media de la tarde, los funcionarios estatales fueron trasladados para declarar en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Blanco y Martínez se vieron involucrados en las declaraciones ministeriales que hizo ante PGR el líder de la organización criminal “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias, quien aseguró que el grupo criminal “Los Rojos”, opuestos a Guerreros Unidos, habría pagado 300 mil dólares al procurador de Guerrero para permitirles infiltrarse en los autobuses en los que viajarían los normalistas a la ciudad de Iguala.

Según esa misma declaración contenida en la causa 100/2014, que dio a conocer el diario Reforma, el líder del cártel declaró que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por el narcotráfico.

Aunado a esa declaración, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que tras los hechos de Iguala le pidió al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que vigilara al exalcalde de iguala, José Luis Abarca para que no se les fuera a ir.

“Le comenté que lo vigilaran, que lo cuidaran, que no se les fuera a ir, hablamos del entonces presidente municipal de Iguala y el entonces secretario de Seguridad. Era fundamental dado lo que le había ocurrido, tenía día y medio que había sucedido, fue el comentario directo. Preciso, que le pusiera doble vigilancia, para que no fuera a escapar dado que la responsabilidad se le veía”, dijo Chong en entrevista con Adela Micha.

Pero el propio Osorio Chong forma parte de la polémica, luego de que el perredista René Bejarano dijo que entregó en propia mano al secretario de Gobernación los señalamientos en contra de Abarca y el testimonio de un sobreviviente que acusó al edil de haber asesinado al dirigente Arturo Hernández Carmona, en mayo del 2013.

Los primeros en llegar a Iguala

El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, y su equipo fueron quienes se trasladaron las primeras horas después de los hechos a Iguala para desarmar a todos los policías municipales.

En sus declaraciones, algunos estudiantes de la Normal Rural señalan al subprocurador, Ricardo Martínez Chávez, como la autoridad que los rescató de diversas casas donde se encontraban escondidos en Iguala después del enfrentamiento con los municipales, que hoy se saben estaban al servicio de Guerreros Unidos.

Blanco fue el primero en señalar que detrás de la balacera y muerte de Iguala estaban los más altos mandos de la Policía Ministerial quienes presuntamente tienen nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos.

Desde el 13 de octubre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en su poder el expediente CNDH/1/2014/6432/Q en el que se documenta que el 29 de septiembre existieron reportes anónimos señalando que algunos normalistas se encontraban en la comandancia de la municipal de Iguala, otros en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y unos más en el Cuartel de la Policía del Estado.

Fue Iñaky Blanco quien coordinó los primeros operativos con el Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Estatal, Protección Civil y Policía Ministerial para localizar a los normalistas a partir de las declaraciones de dos presuntos sicarios de Guerreros Unidos que permitieron localizar cinco fosas clandestinas en la zona montañosa de la localidad de Pueblo Viejo.

De hecho, la PGR recibió de la Procuraduría de Justicia del Estado a los cuatro presuntos sicarios que indicaron en que zona se encontraban las fosas donde supuestamente habían quemado y enterrado a los normalistas.

Con base en la información de Martín Alejandro Macedonia Barrera, Honorio Antúnez Osorio, Maro Antonio Ríos Berber y Luis Alberto Gasoar, la PGR encontró las fosas y los múltiples cuerpos que hasta ahora no se sabe a quiénes corresponden.

A partir de lo que estos presuntos sicarios han declarado, la investigación apuntó hacia Cocula, donde policías de ese municipio también habrían participado en la balacera y posterior desaparición de los 43 normalistas.

Al descubrirse la red de corrupción entre policías municipales y Guerreros Unidos, también se buscó a los normalistas en el Centro de Reinserción Social de Iguala, en unas cisternas cercanas a ese lugar ya que un declarante anónimo advirtió que ahí se podrían localizar a los estudiantes.

Ayer, un grupo de encapuchados tomó de forma pacífica las instalaciones de la Rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para pedir la transmisión en vivo de su mensaje.

“El Estado Mexicano con toda la corrupción no está siendo claro en las investigaciones, está fabricando pruebas y con ello alarga de los familiares de los normalistas”, dijeron.

Renovarán la búsqueda

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace poco más de un mes en Iguala se reunieron ayer por primera vez con el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahí, en la residencia de Los Pinos, los familiares de los normalistas le pidieron una cosa, que los busquen vivos.

Qué dejen de buscar en fosas de las que solo han sacado restos de cuerpos que aún nadie sabe de quién son. 

Su constante consigna de que vivos se los llevaron y vivos los han de regresar fue la médula del encuentro.

Pero pidieron otras cosas y todas, las firmaron. Fue un pliego petitorio con 10 solicitudes entre las que destaca la creación de comisión mixta de seguimiento e información integrada por PGR, Segob y los propios padres de familia.

Que exista una atención integral y apoyo a las familias de los seis fallecidos en Iguala el día de los ataques de la Policía Municipal.

Los familiares de los normalistas también solicitaron al mandatario voltear hacia las escuelas rurales. Que establezcan una mesa de trabajo para identificar sus  necesidades.

Peña Nieto lo firmó. El documento también fue signado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Por la noche, los familiares de los desparecidos ofrecieron una rueda de prensa por su cuenta. 

Ahí señalaron mientras no se les entregue a sus hijos, los acuerdos firmados con Enrique Peña Nieto son insuficientes.

“Esos compromisos no son suficientes porque a pesar del esfuerzo no hay resultados. Sería significativo que nos entreguen a nuestros hijos desaparecidos”, aseguró Melitón Ortega.

Los puntos

Entre las peticiones que hicieron los padres a Enrique Peña Nieto están:

1. Fortalecer los esfuerzos de localización de los estudiantes desaparecidos con un plan renovado.

2. Crear de una comisión mixta de seguimiento e información para mantener informados a los padres de las investigaciones. 

3Dar atención integral y apoyo a las familias de las seis personas que murieron en Iguala y a las que resultaron lesionadas.

4. Establecer una mesa de trabajo en pro del apoyo a las escuelas normales rurales del país.

5. Ir hasta el final de las investigaciones, encontrar a los responsables y aplicar la ley tope donde tope.

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