El pleno del Senado de la República aprobó este jueves, durante su sesión ordinaria a distancia, los cambios que la Cámara de Diputados le realizó a la minuta por la que se expide la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con 109 votos a favor, siete en contra y una abstención, los legisladores de Morena manifestaron que, aunque son valiosos los cambios, el nuevo ordenamiento sigue sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas y tampoco se integra de manera plena a la Fiscalía los diversos sistemas y mecanismos de protección de los derechos humanos creados por el estado mexicano para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.
Malú Mícher indicó que deberá quedar constancia que las voces y exigencias de los colectivos y grupos de víctimas, no fueron atendidas en su totalidad, por lo que dijo que su grupo parlamentario votará a favor, pero bajo protesta porque con las víctimas no se juega.
? Segunda sesión de la Cámara de Senadores, del 29 de abril de 2021 https://t.co/zzfwgOJ72E
— Senado de México (@senadomexicano) April 29, 2021
Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido afirmó que esta ley no está con las víctimas y sus familias por lo que adelantó, al igual que los partidos de oposición, su voto en contra.
Esta ley, propuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila el 7 de octubre de 2020, fue aprobada por votación unánime en el Senado el 17 de marzo pasado que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, abrogando la Ley Orgánica de la FGR, creada apenas en 2018, además de que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 65 ordenamientos legales.
Miguel Ángel Lucero Olivas, del PT, destacó que la inseguridad heredada por gobiernos corruptos que permitieron que el crimen y la delincuencia se impregnaran en nuestra sociedad, necesita de cambios estructurales para cambiar esta lamentable situación, por lo que celebró los cambios realizados por la colegisladora, que serán en beneficio exclusivo del pueblo mexicano.
Entre los cambios se encuentra el que las y los familiares, así como las víctimas puedan presentar propuestas de líneas de investigación, peritajes externos, así como permitir el acceso a la información de las carpetas de investigación de sus casos.
De esta forma, se busca garantizar en toda investigación y proceso penal los derechos de las personas víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
