DEA detecta sobornos a juez casinero

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Cuando el abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón cruzó hace dos años a la ciudad texana de Eagle Pass, no se imaginaba que estaba bajo el ojo vigilante de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por una indagatoria abierta en su contra.

Al ser detenido el litigante, ligado con el Cártel del Golfo, él desconocía que los agentes antinarcóticos tenían razones para creer que sobornaba al juez casinero, Luis Armando Jerezano Treviño, investigado por lavado de dinero.

La DEA detuvo al defensor el 10 de enero de 2012 en Eagle Pass, Texas, para interrogarlo sobre su relación con el juzgador federal y el extinto narcotraficante Juan Chapa Garza, asesinado en la ciudad de México hace cuatro años.

A lo largo del interrogatorio, al que tuvo acceso Reporte Indigo, el abogado cayó en contradicciones cuando fue cuestionado por los agentes y reveló un inusual patrimonio para un abogado mexicano que, como él calificó, era “clasemediero”.

El profesionista no sólo dio a conocer que era empresario de la construcción, la minería y los deportes, sino que también recibía pagos del operador financiero de Juan García Ábrego, el fundador del Cártel del Golfo, a través de una reconocida cadena comercial.

Antes de este incidente, la DEA había detectado transacciones atípicas en una cuenta bancaria que Gutiérrez Falcón tenía en el banco IBC, así que le incautó poco más de 900 mil dólares.

Esto se suma al aseguramiento de 1.5 millones de dólares en depósitos que el litigante hizo a favor de Jerezano Treviño y que la agencia antinarcóticos sospecha fueron producto de sobornos.

Según la dependencia, estos pagos se hicieron luego de que el juez otorgó un amparo al cliente del abogado que le permitió recuperar bienes y empresas, aseguradas por el Gobierno Federal al ser extraditado a Estados Unidos, en 1994.

“Investigadores tienen razones para creer que Gutiérrez Falcón, como intermediario de Chapa Garza, utilizó ganancias de la droga para pagar sobornos a Luis Jerezano por sentencias favorables de los tribunales federales.

“Ordenando al gobierno de México a regresar bienes y propiedades personales de Chapa Garza entre 2006 y 2007”, indica el reporte del interrogatorio.

Esta línea de investigación confirma lo publicado por Reporte Indigo, que el juez recibió beneficios monetarios después de favorecer al narcotraficante con el juicio de amparo número 1190/2006.

“Registros también muestran que el 21 de noviembre de 2007, Gutiérrez Falcón recibió un pago de Chapa Garza por la cantidad de 8 millones 250 mil pesos”, continúa el informe.

“Este dinero se ocultó posteriormente en una cuenta en el banco IBC”.

El abogado dijo que esos fueron sus honorarios por la venta de las propiedades que su cliente recuperó en el amparo otorgado por el juez suspendido el 27 de octubre de 2006. 

Cohecho y contradicciones

Los dos agentes especiales asignados al caso describen en el reporte que entrevistaron al litigante por más de dos horas en el Departamento de Seguridad Nacional, en Eagle Pass, aproximadamente a las 13:15 horas de aquel día.

En el informe detallan que Gutiérrez Falcón, con el alias de “Falco”, cayó en diferentes contradicciones en su declaración, aunque se mostró cooperativo.

El abogado les llevó papelería sobre su trayectoria académica y profesional, y de los litigios donde representó al capo extraditado.

“Al hojear los documentos, durante toda la entrevista de más de dos horas, la mano de Gutiérrez tembló mientras movía los documentos, hablaba rápido y manifestó que estaba extremadamente nervioso”, describen los agentes de la División de Campo de Houston.

Uno de ellos se detuvo a analizar la sentencia que le permitió a Chapa Garza recuperar su patrimonio y, a pregunta expresa, le cuestionó si alguna vez le había depositado dinero a Jerezano Treviño.

“Gutiérrez afirmó que él nunca ha enviado ningún dinero en alguna forma a ningún juez federal o estatal”.

Esta afirmación, según el reporte, es refutada por los registros del banco IBC, que indican que el 20 de agosto y el 17 de diciembre de 2007, el litigante depositó en total 907 mil 715 dólares a una cuenta del juez y su esposa, Claudia Zulema Alanís Treviño.

El profesionista también negó haber tenido negocios con Jerezano Treviño, o conocerlo personalmente a él y a su familia.

“Gutiérrez manifestó que su relación era ‘solamente profesional’”.

Otra de las contradicciones fueron los títulos con los que se ostentaba el defensor en Estados Unidos.

Aunque al abrir cuentas en el banco IBC declaró que era constructor, al ser cuestionado por los agentes confesó que él no estaba involucrado en ese giro.

Gutiérrez Falcón explicó que sólo había edificado tres casas pequeñas con un amigo y remodelado dos con una compañía, pero que “no había llegado a nada”.

“Él hizo ‘poco dinero’. Él manifestó que era una aventura empresarial con su amigo Gabriel Gálvez Núñez y que había invertido aproximadamente 102 mil dólares para la mano de obra y la adquisición de propiedad”, relata el documento.

“La aventura solamente le había retribuido alrededor de 11 mil dólares”. 

Además, confesó que cinco años atrás había comprado dos lotes contiguos a su casa por un precio menor a los 100 mil dólares.

“(Una agente) explicó que ella tenía información de inteligencia de que Gutiérrez lavó dinero para Garza. Gutiérrez rotundamente negó alguna vez haber poseído o movido dinero para alguien y que el único dinero del que se ocupó eran sus propios honorarios”.

¿Empresario minero y además de deportes?

El abogado defensor también confesó a la DEA sobre otras de sus incursiones empresariales.

Aseguró tener una mina de alabastro junto con un hermano y dos amigos, que fue cedida después de representar a una compañía minera, pero que no la habían expropiado porque eso era muy caro.

Afirmó poseer los derechos mineros y que la adquisición no había pasado por un agente de bienes raíces.

También, dijo que tenía campos de futbol, donde jugaba el equipo de sus hijos, pero sólo mediante un contrato de arrendamiento que costaba menos de 100 mil dólares.

Al observar el nerviosismo del litigante ante ese tipo de preguntas, los agentes especiales lo presionaron para que hablara sobre las actividades extrajudiciales con su cliente y con el juez federal.

Él negó haber representado casinos o a cualquier otro individuo con un gran flujo de efectivo, y que sólo recibió dinero de Chapa Garza por sus honorarios profesionales.

Señaló no haber adquirido tierra para alguien más y no dar dinero a algún corredor para adquirir propiedades a sus clientes.

Sobre su saldo millonario en el banco IBC, explicó que 750 mil dólares provenían de los honorarios por la venta de las propiedades que recuperó a Chapa Garza.

Otros 300 mil dólares, aseguró, eran fruto de sus años de trabajo como abogado y que los había depositado en Estados Unidos, porque era peligroso tener esa cantidad de dinero en México.

Aunque las pesquisas de la DEA ubicaron las transacciones que él hizo a favor del juez federal, el defensor indicó que nunca había movido efectivo o girado cheques para alguien más.

Dijo que tampoco había adquirido bienes para Biotecno México, S.A. de C.V., una empresa “fantasma” involucrada en lavado de dinero, también investigada por la agencia antinarcóticos, en la que el litigante es socio.

Abogado de narco y ‘amante de la ley’

Contradictorio y ambiguo, el representante legal de Chapa Garza justificó sus acciones ante los agentes especiales que lo interrogaron.

“Gutiérrez se puso a explicar que él era un buen hombre de clase media, que él vivía en una casa de clase media y que no trabajaba para ‘criminales’”, se lee.

“Cuando se le preguntó por qué trabajó para Chapa, un narcotraficante convicto, Gutiérrez manifestó que el ‘amaba la ley’ y que esa fue la única vez que tuvo esa clase de cliente”.

Antes de representar a narcotraficantes, el abogado fue profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, y juez en los ramos civil y penal en esa entidad.

“(Añadió) que era un hombre que vivía como ‘clasemediero’ y que el dinero en sus cuentas bancarias era sólo su dinero, y que él nunca había tomado ‘dinero de la droga’ o movido el dinero de alguien más en sus cuentas bancarias”.

Durante el encuentro con la DEA confirmó que su cliente había sido asesinado, aunque al principio del interrogatorio había desconocido este suceso.

“Cuando se le preguntó si sabía que Chapa estaba muerto, él manifestó que no había recibido una declaración formal de que estaba muerto, pero que no tenía contacto con él desde agosto de 2010”.

Seguido de esta respuesta, una de las agentes le informó que había una confirmación de que el capo había fallecido por una herida en la cabeza, durante un tiroteo en la Ciudad de México, donde vivía con un pseudónimo.

Ante esa afirmación, Gutiérrez Falcón reviró: dijo que sí sabía que su cliente había sido identificado a través de sus huellas dactilares en diciembre de aquel año.

“Indicando que, de hecho, estaba al tanto de la confirmación del asesinato de Juan Chapa Garza y la fecha aproximada en que sus huellas dactilares confirmaron su muerte”.

Pagan con supermercado en Saltillo

El litigante recibió de Chapa Garza, como pago de sus honorarios, un terreno a nombre de la empresa que opera una sucursal de la cadena de supermercados Soriana, en Saltillo, llamada Arrendadora Inmobiliaria Las Arboledas, S.A. de C.V.

Los agentes mencionan en su informe que es una compañía “fantasma”.

El predio en el que se ubica el local, relató, fue asegurado en 1997 por la Procuraduría General de la República, la PGR, y posteriormente fue liberado mediante la resolución de Jerezano Treviño.

“Gutiérrez dijo que la compañía le pagó, no Chapa directamente”, cuenta el reporte.

El predio pertenecía a Chapa Garza desde 1994 y más adelante fue vendido por 8 millones 250 mil pesos.

Para corroborar la operación, el litigante presentó una copia del contrato con Chapa Garza, así como un cheque del banco HSBC a nombre del profesionista, que acredita el pago con el inmueble.

“El contrato/acuerdo muestra el cheque de caja número 1479971, como la propiedad dada a Gutiérrez por Garza bajo el nombre comercial de ‘Arrendadora Inmobiliaria Las Arboledas’”.

En este punto, el abogado de nuevo empezó a contradecirse, un comportamiento que fue consignado por los agentes.

“Gutiérrez se puso aún más nervioso y continuó con una historia irracional que no tenía absolutamente ningún sentido sobre un supermercado ‘Soriana’, que fue el comprador de la tierra, y que el dinero venía del ‘supermercado’ después de que fue construido sobre la propiedad sin tener permiso de la PGR durante el aseguramiento”.

El defensor mostró una compraventa notariada de la tienda por la empresa operadora, fechada en septiembre de 2006, un mes antes de que el bien fuera liberado por Jerezano Treviño.

La DEA apuntó que parecía haber un conflicto de interés en la venta de la propiedad entre Chapa Garza y el aseguramiento de la PGR, pero el litigante manifestó que “lo que él hizo fue legal en México y la ley le permitió múltiples interpretaciones”.

Después del interrogatorio, Gutiérrez firmó con la agencia un formulario de consentimiento para examinar los documentos que entregó a los agentes a las 15:30 horas de aquel día.

La papelería quedó como evidencia en custodia y fue analizada en la División de Campo de Houston, Texas.

“Gutiérrez también explicó que él podía regresar en cualquier momento a Estados Unidos para someterse a preguntas adicionales y la entrevista terminó cordialmente”, relatan los agentes especiales en su informe.