Adrián de la Garza consumó su triunfo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones del albiazul. La derrota del ahora excandidato panista, Felipe de Jesús Cantú, en la elección extraordinaria por la Alcaldía de Monterrey, confirma la debacle del PAN de Nuevo León.
Acción Nacional sólo gobernará a dos bastiones, Santa Catarina y San Nicolás, además del municipio de Salinas Victoria. Que el albiazul no tenga nueve, de 12 municipios que integran la zona metropolitana, no representa una buena señal rumbo a 2021.
Una de las derrotas que más afectó al PAN de Nuevo León fue la pérdida de la Alcaldía de San Pedro, que gobernó desde 1992 y hasta 2018. En este municipio ganó con una amplia ventaja el candidato independiente, Miguel Treviño.
El panista Gonzalo Elizondo Lira gobernará Salinas Victoria, alcaldía que había pertenecido al PRI en años previos
El municipio de Monterrey, que fue dominado por los panistas desde 2006, con Adalberto Arturo Madero, y hasta 2015 con Margarita Alicia Arellanes Cervantes, se intentó recuperar la entidad. Fueron cuatro administraciones seguidas del panismo en aquel entonces, pero ahora son seis años sin gobernar la capital regia.
Tanto el diputado plurinominal, Raúl Gracia, y el dirigente albiazul, Mauro Guerra, apostaron por ganar la capital regiomontana, primero en las urnas de las elecciones ordinarias, extraordinarias y después en los tribunales para compensar el fracaso de San Pedro.
Pero este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación del PAN y ratificó el triunfo del priista Adrián de la Garza, quien gobernará por segunda ocasión el Ayuntamiento regio.
Ahora el PAN enfrentara tres años el castigo de la ciudadanía en ambas entidades. También perderá presencia entre los regiomontanos y sampetrinos a través del Programa de Acción Comunitaria, mejor conocido como el “PAC”.
En una disputa similar a la de Monterrey, la Sala Superior del TEPJF confirmó el triunfo de la priista Cristina Díaz Salazar en el municipio de Guadalupe y así desechó la impugnación interpuesta por el panista Pedro Garza Treviño.
Acción Nacional también enfrenta una crisis de credibilidad hacia el interior, pues militantes distinguidos acusaron a Gracia y Guerra de favorecer a familiares y amigos en candidaturas en zonas históricamente ganadas para este partido.
El padrino político de Mauro Guerra, el senador Raúl Gracia, y su hermana, Isabel Guerra Villarreal, llegaron a una diputación federal por la vía plurinominal.
En este trienio, el PAN tendrá que conformarse con tener mayoría en el Congreso local, aunque sus diputados no ocupen las comisiones más importantes, otra situación que agrava la debacle.
¿Derrota o robo?
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, expresó que las pérdidas electorales en los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Pedro se debieron a que el PRI robó los procesos electorales.
Para De la Fuente, Acción Nacional tiene que reforzar el área jurídica del partido. Esa es la lección que le dejan los comicios de julio de 2018 y la elección extraordinaria celebrada en diciembre, a finales de año.
“Nos deja una lección: que el PRI nos puede robar los procesos electorales, como lo hizo en Monterrey y Guadalupe, donde el PAN salió victorioso con el voto ciudadano en el pasado proceso electoral del 2018. Y bueno, tenemos que preparar al departamento jurídico para evitar cualquier tipo de fraudes como estos que se tuvieron en este pasado proceso”, dijo el diputado
El legislador señaló que en la actual Ley Estatal Electoral se necesitan revisar algunas situaciones jurídicas para la protección de los paquetes electorales.
“Hay que revisar la Ley Electoral en ese tema de proteger los paquetes electorales. Vimos que por ahí todos los candidatos perdedores se fueron a impugnar los diferentes procesos en el concepto del resguardo de los paquetes electorales”, advirtió el panista.
Otra de las observaciones que hace el panista al marco legal que rige los procesos electorales en el estado es la necesidad de reconocer la derrota y aceptarla.
“Hay que revisar jurídicamente con la autoridad electoral qué mejoras se tendrían que hacer a la Ley para evitar que los perdedores no se sepan perder en el pasado proceso electoral”, señaló Carlos de la Fuente.
