A un año de haberse celebrado las elecciones federales de 2012, el IFE no logra concluir su proceso de fiscalización, que es calificado como “un fracaso”. Por eso el PRD solicita la dimisión de Alfredo Cristalinas Kaulitz.
“Debe irse porque carece de credibilidad jurídica y autoridad moral dados los evidentes y facciosos errores que cometió para favorecer, solamente, a la Alianza Compromiso por México”, señala Camerino Márquez Madrid.
El representante del PRD ante el IFE considera que el titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) siempre actuó “para proteger y encuadrar los números del PRI y el PVEM”.
Acota que queda a la vista que Cristalinas se empeñó en perjudicar la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, pues al no admitir el mismo criterio de prorrateo utilizado con otros candidatos y partidos, estableció otros “totalmente aberrantes” que pretenden perjudicar incluso a otros entes que aún no se constituyen en partidos políticos, léase Morena.
Márquez Madrid comenta a Reporte Indigo que el dictamen que el pasado miércoles fue devuelto nuevamente a la Unidad de Fiscalización del IFE prejuzga y anticipa.
“Incluso nos multa por elementos que no conocíamos, (de los que) no fuimos notificados ni se nos ha garantizado nuestro derecho de audiencia”, señala en alusión a oficios emitidos por el Instituto Electoral del Estado de México.
Sin embargo, en la pasada sesión extraordinaria, los consejeros rechazaron diversos planteamientos del partido del sol azteca, que solicitó revisar el dictamen consolidado de la UFRPP.
A reserva de lo que ocurra en la próxima sesión del Consejo General del IFE, Márquez Madrid señala que el PRD, que formó parte de lo que fue la coalición electoral de las izquierdas, exige que el dictamen de la Unidad de Fiscalización se rehaga “en su totalidad, con criterios uniformes para evaluar a todos los partidos”.
Se cocina una salida alternativa
El escenario al que no quisieron enfrentarse los consejeros electorales este miércoles fue el del empate.
Ante la falta del noveno consejero electoral que ocupe la silla que dejó vacante Sergio García Ramírez, era un hecho que, de haber tenido lugar la votación referente a las multas a los partidos, se habría terminado en un nuevo empate.
El consenso de devolver el dictamen y presentarlo en una próxima sesión anticipa que podrían implementarse ajustes para que, sin cambios al mismo, se apruebe en lo general el informe y, en lo particular, se manifiesten los distintos puntos de vista de los consejeros electorales.
Este escenario obligaría a los partidos de izquierda a acudir a la Sala Superior a impugnar.
Es un hecho que si no les admiten el prorrateo de los 72 millones de pesos (el presunto rebase de los topes de campaña de la coalición que postuló a AMLO) como gasto centralizado, recurrirán al Tribunal Electoral.
El reciente pacto entre consejeros les ha dado un respiro temporal para salir de la crisis institucional que enfrentan al estar empatados.
Además, “pareciera también que ya hay una razón de Estado de que el tema de la fiscalización pase al terreno jurisdiccional”, afirma Camerino Márquez Madrid.
Habrá que ver qué ocurre en la siguiente sesión extraordinaria del Consejo General y cuándo logra salir humo blanco de la Cámara de Diputados en torno al nombramiento del consejero faltante.
Es una pena, dice Márquez Madrid
Que el informe consolidado de la UFRPP haya sido devuelto una vez más prueba que no se cumplió con el acuerdo de modificarlo y conjuntar los diferentes gastos de las campañas de candidatos a presidente, senadores y diputados.
Es una pena, dice Márquez Madrid, que esta semana se haya vuelto al mismo escenario que hubo a fines de enero pasado.
Que la Unidad de Fiscalización nunca haya acatado ni tenido “la sensatez de aceptar que debía homologar sus criterios: estos no son unitarios y no hay lineamientos generales avalados por el Consejo General”, dice.
El militante perredista apunta que tal parece que la Unidad de Fiscalización asumió de facto que realmente tenía autonomía, pasando de largo a los consejeros electorales.