"Necesitamos tener centros penitenciarios con gobernabilidad, ahora, hay formas constitucionales y no constitucionales de llegar y mantener esa gobernabilidad”
"Es reordenar, clasificar, restablecer el flujo controlado, ese patio central (del Topo Chico) donde todo mundo anda suelto, no puede ser”
Para Miguel Sarre los ejecutivos estatales están obligados a controlar los autogobiernos en centros penitenciarios impidiendo que los grupos delincuenciales se agrupen en el interior.
El catedrático y representante del sector académico para la implementación de la reforma afirma que además es una obligación que tienen las autoridades, para poder cumplir con la ley, es decir con la reforma constitucional.
Reforma que establece que los jueces de ejecución deben ingresar, vigilar, inspeccionar y otorgar preliberaciones en los centros penitenciarios, cuando hoy en día no tienen garantías para entrar a un penal.
Y de no ingresar, ni la autoridad administrativa, ni el ejecutivo, ni el Poder Judicial están cumpliendo con la reforma.
“El modelo esperado es tener el control de los centros penitenciarios, principalmente con la clasificación de áreas.
“Tener a los internos con movimientos controlados. Es un proceso de uso de la fuerza razonable y contundente. Tiene que ser tan contundente que haga innecesaria la lucha cuerpo a cuerpo” explica Sarre.
“Es reordenar, clasificar, restablecer el flujo controlado, ese patio central (del Topo Chico) donde todo mundo anda suelto, no puede ser. Pueden unos internos estar en un lugar en un horario y luego otros ocupar ese espacio”.
Sarre concedió una entrevista luego de que Reporte Indigo publicó diferencias abismales entre el sistema penitenciario de Nuevo León y el de Chihuahua.
En Nuevo León los internos caminan por donde quieren, visten como les da la gana y pueden agruparse para tomar el control y agredir a sus rivales.
Mientras en Chihuahua los reos no pueden salir de su celda, excepto estén registrados con 24 horas de anticipación en una clase, capacitación o trabajo. Todos visten igual.
Aquí, en el Penal del Topo Chico, Los Zetas controlan el centro penitenciario y hasta piden cuotas a otros internos para no atentar contra ellos.
Allá, en el Centro Penitenciario de Juárez, el más peligroso del país hace cuatro años, ahora instalaron esclusas y muros que dividen a los internos en grupos delincuenciales y también los clasifican según la fase de su proceso penal.
En el Penal del Topo Chico los reos manejan efectivo, hay concesiones de negocios particulares por todos lados y tienen talleres de carpintería con herramientas punzocortantes al alcance.
En los centros penitenciarios de Chihuahua solamente manejan tarjetas de depósito, compran con sus huellas dactilares y no hay más talleres, sólo centros de carpintería con herramienta clasificada, trabajo por el que reciben una paga.
En Chihuahua llevan cuatro años legislado a nivel estatal para reglamentar todo el sistema penitenciario.
En Nuevo León no han legislado en materia penitenciaria en los últimos 20 años, y el hacinamiento y la falta de control en los tres centros penitenciarios ya provocó 44 reos muertos en Apodaca, en febrero de 2012.
Y es que criminales de las organizaciones más nefastas de la historia de Nuevo León se concentran con otros integrantes de sus agrupaciones y hasta tienen oportunidad de hacer planes en recintos comunes: El Penal del Topo Chico, el de Apodaca y el de Cadereyta.
Desde su encierro, Los Zetas, Los Golfos y Sinaloas, continúan agrupándose y ordenando muertes, robos, extorsiones y hasta secuestros.
Sarre explica que debe haber una gobernabilidad en los centros penitenciarios, pero también que armonice con los derechos humanos.
Porque autoridades administrativas y ejecutivos estatales buscan mantener esa gobernabilidad agravando las penas, en lugar de mantener las penitenciarías con gobernabilidad y un trato digno.
Esto, mientras en el Congreso de la Unión se discute la nueva Ley de Ejecución de Sanciones y Penas, que será clave para la regulación de los centros penitenciarios, que hoy están fuera de control en la mayor parte del país.
“Necesitamos tener centros penitenciarios con gobernabilidad, ahora hay formas constitucionales y no constitucionales de llegar y mantener esa gobernabilidad.
“Podemos tener modelos de gobernabilidad autoritarios y acorde con los derechos humanos. Por ejemplo, ¿un corte de cabello te ayuda mantener la gobernabilidad? Una vez que se toma el control debe irse soltando con criterio.
“Un juez debe exigir (para ingresar a un centro) a la autoridad administrativa que ponga orden. Sobre todo al poder ejecutivo, que está actuando a raíz de la orden de un juez como autoridad auxiliar”.
Y agrega que ese fue el sentido de la reforma al Artículo 21 Constitucional: “Garantizar la supremacía judicial en la ejecución de la pena”.
Sarre advierte que además, es necesario redimensionar el concepto de reinserción, porque el Estado no tiene por qué tratar de cambiar la personalidad de los internos.
Para tomar el control de los centros en el país y que los jueces de ejecución puedan ingresar, podrían darse choques violentos de la autoridad con internos.