Los contratos irregulares para las pruebas de COVID-19 en el Congreso de la Ciudad de México fueron firmados a pesar de que existe un mecanismo institucional para evitar anomalías.
En julio de 2020, la Junta de Coordinación Política del Legislativo aprobó el Decálogo para la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras.
Durante una conferencia de prensa, legisladores locales informaron que el decálogo era una herramienta para evitar la discrecionalidad y la corrupción en contratos.
El decálogo detalla que el Congreso tiene que hacer públicas las compras que realiza, las convocatorias de licitación y quiénes participarán en las mismas.
Asimismo, el documento indica que el Legislativo también debe difundir su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Calendario de Adquisiciones, los Montos de Actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios y la actualización de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de la Dirección General de Administración y de la Dirección de Adquisiciones.
Igualmente señala que el Legislativo tiene que publicar el inicio de los procesos de adquisiciones y arrendamientos con al menos un mes de anticipación.
Mientras que en el caso de los procesos que se llevaron a cabo antes de la entrada en vigor del decálogo, el Congreso tiene que dar a conocer la documentación correspondiente a las compras de un año antes.
Entre los aspectos más importantes del decálogo, está que las sesiones del Comité de Adquisiciones del Legislativo iban a ser transmitidas en vivo. Al igual que todas las deliberaciones de los ganadores de los concursos de licitación, de invitación restringida y adjudicación directa.
Sin embargo, las sesiones del comité no se han publicado en los canales institucionales del Congreso ni tampoco las reuniones en donde se han dado a conocer los ganadores de los contratos.
Y a pesar del decálogo, el Congreso de la capital adjudicó los dos contratos referidos por adjudicación directa a proveedores sin las credenciales institucionales requeridas.
