La polémica por el aumento a la tarifa del transporte urbano llegó a su límite. Esta semana se cumple el plazo que impusieron los concesionarios del transporte público para que el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón autorice o no el alza en la tarifa de este servicio.
Los transportistas amenazan con retirar 14 rutas en varios municipios, lo que significaría una afectación en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Para contrarrestar la advertencia de los permisionarios del transporte urbano existen dos salidas: aumentar la tarifa o la suspensión del servicio. El subsidio federal fue desconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la entidad regiomontana el 20 de febrero
La Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León estableció como plazo final el próximo viernes 1 de marzo para que el Gobierno estatal cumpla con su demanda.
“A partir del día 1 de marzo los titulares de las concesiones y permisos que amparan diversas rutas que prestan servicio renunciarán a las concesiones y permisos por no poder continuar brindando el servicio en las condiciones actuales”, dice un primer comunicado fechado el 19 de febrero.
Los transportistas argumentan que se debe considerar que el costo de combustible ha tenido un aumento de 40 por ciento, lo que complica mantener la operación.
“Ante la incapacidad de prestar el servicio por el incremento de los costos del transporte público de pasajeros, que no ha sido reconocido por el Gobierno del estado, lamentamos informarles que las siguientes rutas o ramales dejarán de prestar el servicio el 1 de marzo”, reiteró la asociación el pasado 21 de febrero en un segundo comunicado.
El problema no es menor. Perjudicaría la movilidad en San Nicolás, Escobedo, Salinas Victoria, Monterrey, Apodaca y Guadalupe.
Pero el gobernador Jaime Rodríguez se mantiene en calma; aseguró tener un plan para suplir las unidades que dejen de prestar el servicio. “El Bronco” podría pedir apoyo a la recién creada Agrupación Consorciada de Sistema de Transporte S.A de C.V
La agrupación está conformada por 17 rutas de 14 empresas de transporte en Nuevo León, las cuales son contraparte de centrales obreras como Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). El presidente es Miguel Ángel Lozano Munguía, alcalde de Pesquería y también empresario de transporte.
La otra salida de Jaime Rodríguez es que el Gobierno federal autorice el aumento para que los concesionarios que amenazan con suspender el servicio no lo hagan. Sin embargo, reconoció que no lo ha hablado directamente con el tabasqueño, sino que espera la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una larga incertidumbre
En septiembre del año pasado, el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV) aprobó un aumento de un peso en el costo del boleto en camión urbano, que pasaría de 12 pesos a 13, así como un incremento de 50 centavos cada tres meses hasta llegar a los 19.50 pesos en 2021.
El 21 de diciembre, el mandatario regiomontano anunció que sí habría un incremento, lo que desató la molestia de la ciudadanía y organizaciones civiles, como Únete Pueblo, que marcharon y armaron un plantón afuera de Palacio de Gobierno.
La inconformidad se agudizó aún más cuando los diputados del Congreso local aprobaron el 26 de diciembre el Paquete Fiscal 2019, el cual incluye el aumento en el servicio de transporte urbano.
Desde ese entonces, el mandatario estatal sólo ha alargado el anuncio del alza. No lo ha formalizado.
El gobernador logró calmar a los empresarios transportistas con la idea que dialogaría con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que tuvieran una consideración en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se agrega al diésel.
“He hablado con el presidente para ver el tema del IEPS, para buscar ese acuerdo con el Gobierno federal y que en el tema del transporte público, exclusivamente en el transporte público, tengamos alguna consideración en el IEPS”, dijo “El Bronco” el miércoles 16 de enero pero lo negó durante la visita del líder de Morena a Nuevo León.
Jaime Rodríguez también dijo el pasado 13 de febrero, en un evento en la colonia CROC, que no habrá “tarifazo”. Esto levantó la inconformidad de los concesionarios.
Transporte secuestrado
Diputados de la bancada del PAN en el Congreso local consideran que los permisionarios tienen secuestrado el transporte público y pidieron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón no dejarse amedrentar.
El coordinador de los legisladores panistas, Carlos de la Fuente, dice que el gobernador no tendría que caer en la amenaza de los transportistas y que es su obligación brindar este servicio.
“No puede caer el gobernador en la amenaza bajo el secuestro de unos empresarios del transporte urbano, el transporte es un derecho de los ciudadanos y es una obligación del estado ofrecerlo. Está concesionado y como una concesión, los permisionarios deben de cumplir con su tarea y obligación”, reclama el legislador panista
De la Fuente añade que su partido no va a permitir que presionen al gobernador pero le exigirán que no se deje amedrentar por los empresarios del transporte.
El diputado informa que esta semana la bancada panista presentará iniciativas en materia de transporte público en Nuevo León, en el sentido de que se mejore el servicio.
“Los transportistas están presionando a que se aumente la tarifa sin ofrecer un estudio que garantice una mejora en la calidad del servicio y es por ello que este lunes, bueno, en esta semana, presentamos dos iniciativas que son muy importantes en materia de transporte”, adelanta.
