Defensa total a los líderes sindicales

La reforma laboral que esperó 70 años para llegar al Congreso empieza a tambalearse. El tema que tiene en vilo su aprobación en el Senado es la transparencia sindical. El PRI se opone a toda costa que se implementen criterios para la transparencia de las aportaciones de los trabajadores sindicalizados.

Será por defender a los líderes, todos ellos personajes de la tercera edad, que sobreviven desde el pasado régimen priista, que la reforma laboral podría dormir el sueño de los justos.

En la Cámara de Diputados lo lograron. Pero en el Senado todo apunta que con una alianza entre los partidos de izquierda y el PAN se logre poner orden a los sempiternos líderes sindicales, todos del PRI.

Pero ante esta posible alianza los priistas ya tienen preparada la estrategia de congelar la reforma. Si se le modifican artículos tiene que regresar a la cámara de origen, en donde el PRI le mandaría a la congeladora legislativa.

Lo advirtió el líder cetemista Joaquín Gamboa Pascoe en una carta que envió a la Comisión del Trabajo de la Cámara alta y que fue leída por el senador Armando Neyra.

“La reforma objeto de estos comentarios es anticonstitucional al violar la autonomía sindical que consagra la Carta Magna, y que dejamos precisado que en su defecto legalmente procede que la Honorable Cámara de Diputados congele la reforma”, decía la misiva.

Así que en la espera de casi 70 años y los largos discursos y discusiones ya no están el outosourcing, el pago por horas o la flexibilidad laboral. El estira y afloja se mantiene en el quitar o no los privilegios de los líderes que llevan décadas al frente de las organizaciones de trabajadores afiliadas al PRI.

Es tal la presión que han empezado a sentir los líderes sindicales que ya hay reproches a Enrique Peña Nieto, quien aún no ha tomado protesta como presidente de la República.

Los priistas recriminan al senador panista, Javier Lozano, que además es ex Secretario del Trabajo, de ser quien impulsa estos cambios que violan la Constitución.

Neyra, quien es secretario de finanzas cetemista desde 1966, dijo en una reunión de la Comisión que el presidente electo tiene oídos para todos menos para los trabajadores de la CTM.

“El compañero Enrique Peña Nieto ahora anda en el extranjero, igual que lo hizo el presidente Felipe Calderón, ha estado escuchando a los políticos de esos países y a los empresarios, pero a los trabajadores y a los sindicatos no los han escuchado”, condenó.

El argumento tanto de Neyra como de Isaías González Cuevas, líder de la CROC, durante las reuniones de la Comisión de Trabajo de la semana pasada, es que los sindicatos rinden cuentas a sus agremiados.

Insisten en que reformar la ley para obligarlos a hacer públicos los gastos del dinero que reciben del gobierno es anticonstitucional y atenta contra la libertad de estas organizaciones.

Y ese fue el banderazo para que otros priistas enfocaran sus baterías contra la alianza que han pactado la izquierda y el PAN.

El líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, luego de participar en un evento político el pasado viernes, aseguró que el PAN, partido con el que lograron sacar la reforma en la Cámara de Diputados, atenta contra los intereses de la nación.

“Están más actuando con los intereses del partido que por los intereses de la nación”, señaló.

Defendió a los líderes sindicales, que están constantemente en escándalos por su riqueza, al asegurar que el PAN busca acorralarlos con esta reforma.

“Hay una estrategia del Partido Acción Nacional tendiente a arrinconar a los dirigentes”, señaló. Y es que no solo Neyra y González Cuevas son senadores, también lo es el líder del sindicato de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps.

La Comisión del Trabajo acordó que a más tardar el 20 de octubre tendría que estar aprobado el dictamen para que se fuera al Pleno y se votara esta reforma, por lo que esta semana será decisiva para ambos bandos, el que promueve la transparencia en los sindicatos (PAN, PRD, PT y MC) y el PRI que se opone.

Solo le quedan dos caminos a la iniciativa preferente que envió el presidente Felipe Calderón el primero de septiembre: una reforma laboral que proteja los intereses y privilegios de los eternos líderes sindicales priistas o la congeladora legislativa.