Defensa vs respeto

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) se pronunció el pasado 18 de agosto, por medio de un comunicado, para que las autoridades pongan atención a los temas de violencia en contra de las mujeres y de la mencionada comunidad.

 

Jonathan Ávila Jonathan Ávila Publicado el
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El subsecretario de Asuntos Religiosos de la Segob, Humberto Roque Villanueva, aseguró que hasta ahora las actuaciones de la CEM no violaban la legislación vigente 

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) se pronunció el pasado 18 de agosto, por medio de un comunicado, para que las autoridades pongan atención a los temas de violencia en contra de las mujeres y de la mencionada comunidad.

 

El documento se firma bajo la Red Nacional de Organizaciones “Todos los derechos para todos”, desplegándose organizaciones como la Unión Diversa de Jalisco, Mujeres Líderes en Progreso, Mujeres de Izquierda, Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Humano, Vuelo de Colibríes, Cultura Diversa, Familias en la Diversidad Sexual, Inter de Guanatos, Grupo de Jóvenes en la Diversidad, Fundación Mix LGBT, Soy Bisexual, AYNI (Centro de Investigación y Desarrollo), Mujeres 

Jóvenes Líderes de Tlajomulco e Impulso Trans.

 

Aplaudieron los avances en materia de reconocimiento de los derechos de homosexuales para contraer matrimonio y la interrupción legal del embarazo, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero señalaron que en la entidad existe un rezago en la detección, prevención y erradicación de la violencia.

 

“Las autoridades nacionales, estatales y municipales están para garantizar los derechos humanos, de acuerdo al artículo uno de la Constitución; existen tratados internacionales, de los cuales México ha ratificado, las autoridades responsables están para sancionar cualquier práctica que violente las garantías individuales, es por ello que en días pasados realizamos algunos extrañamientos”, se lee en el desplegado enviado a los medios locales.

 

Esto se da en el contexto de una renovada oposición a la reforma que a nivel nacional está promoviendo el presidente, Enrique Peña Nieto, en materia de matrimonio civil para todas las personas.

 

Luego de que la Comisión Episcopal para la Familia, Adolescentes, Jóvenes, Laicos y Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hiciera público su respaldo a las actividades propuestas por el Frente Nacional por la Familia, que el 10 de agosto pasado diera a conocer distintas acciones para mostrar su rechazo a la iniciativa presidencial.

 

Fue el pasado 12 de agosto que la CEM publicó una carta con asunto “respaldo al Frente Nacional por la Familia”, firmado por José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM.

 

“La irrupción de la mentalidad de ‘ideología de género’ se mueve con una ‘bandera’ de aceptación, al promover el valor de la diversidad y la no discriminación; pero lo hace con criterios de verdadera ideología, pues ‘niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer […] presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia’”, se lee en la misiva de Robles Ortega.

 

Históricamente el peso de Jalisco y la Iglesia Católica ha puesto a esta región en el centro de la oposición a las reformas que desde la vía penal, y ahora con las resoluciones de la SCJN, se han tenido.

 

Por lo que las organizaciones locales se pronunciaron en contra de que Robles Ortega, con jurisdicción en el Arzobispado de Guadalajara, haga las declaraciones avaladas por la CEM. 

 

De esta manera es que piden a las autoridades que frenen y castiguen estas prácticas que consideran atentan contra los derechos humanos de los grupos señalados.

 

“Los líderes religiosos se amparan en la libertad de expresión pero violan el principio de libertad religiosa establecido en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, al pretender imponer a todo el país una concepción única del matrimonio”, expresa la Red.

 

No obstante que el pasado viernes el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Humberto Roque Villanueva, respondió a medios nacionales que hasta ahora las actuaciones de la CEM no violaban la legislación vigente.

 

“Lo que están haciendo jerarcas católicos y de la denominación genérica evangélica es defender un punto para ellos de dogma y que no tiene, todavía, que ver con una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión”, dijo Roque Villanueva en entrevista con Radio Fórmula.

 

En todo caso, agregó el funcionario federal, si las movilizaciones atentan contra la autoridad o los gobiernos locales es como podrían actuar y hacer patente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

 

Mientras tanto, desde Jalisco las organizaciones ya hicieron un llamado para que la autoridad tome medidas y no sea un promotor de acciones que posteriormente puedan atentar contra la comunidad LGBTTTI, como ya se ha hecho en otras manifestaciones públicas y declaraciones de funcionarios de primer nivel.

 

Rechazo desde la autoridad

 

Mientras la comunidad LGBTTTI ha recurrido a las autoridades nacionales, estatales y municipales para que la Iglesia Católica mesure sus discursos en contra del matrimonio igualitario, éstas mismas han caído en un discurso discriminatorio al tratar el tema de la transexualidad.

 

Así fue como lo evidenciaron integrantes de la comunidad Transgénero que acudieron a la Secretaría de Salud para entregar un oficio y pronunciarse sobre la negativa de las mismas autoridades que han negado los servicios para convertir a mujeres en hombres y viceversa.

 

Estos mismos documentos fueron entregados a la mesa directiva del Congreso Local del Estado de Jalisco y las comisiones legislativas de Salud, Género y Derechos Humanos, para que sea de su conocimiento el caso y se pronuncien al respecto.

 

“Nos estamos dando cuenta que muchos de los cirujanos que ahí están laborando canalizan a las compañeras a los hospitales donde ellos atienden de manera privada, que ninguna de las compañeras ha querido ir por cuestiones económicas y por cuestiones propias”, dijo Paty Betancourt, fundadora de RedLac Trans, activista y quien entregó los oficios.

 

Aunque al pronunciarse el titular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruces Mada, expresó que los médicos están protegidos por el criterio de  “objeción de conciencia”. Esto luego de que 14 chicas trans no tuvieran la posibilidad de completar su transformación por parte del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

 

“Primero, el cambio de sexo debe estar supeditado a un personal calificado que sepa hacer el procedimiento de cambio de sexo, que yo no sé si hoy día, lo desconozco, alguno de los médicos adscritos al Instituto de Cirugía Reconstructiva tienen la capacidad o la peripecia o la preparación para hacer el cambio de sexo; quizá no exista ni uno”, agregó Cruces Mada en entrevista con el diario Mural el pasado sábado.

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