Defensores Cristóbal Sánchez y Irineo Mujica alcanzarían 24 años de prisión: ONG
Front Line Defenders denunció que los defensores de migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica podrían alcanzar hasta 24 años de prisión
Indigo StaffFront Line Defenders denunció que los cargos contra los defensores de migrantes Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica no han sido retirados, y por ello podrían alcanzar hasta 24 años de prisión, a pesar de que recientemente recibieron la liberación de la prisión preventiva en Chiapas.
La organización de derechos humanos narró en comunicado que ambos defensores fueron detenidos, del pasado 5 de junio al 12 de junio, sin una orden judicial y con cargos fabricados.
Y aunque el 12 de junio –agregó la organización– un juez ordenó su liberación, “no se han retirado los cargos y, en caso de ser declarados culpables en un posible juicio futuro, los defensores enfrentarían hasta 24 años de prisión”.
Cristóbal Sánchez Sánchez ha trabajado temas de migración durante los últimos 15 años, fundó el Colectivo de Cultura Migrante, donde ayuda a las carvanas que pasan por el país.
Según Front Line Defenders, en 2011 fue detenido en Tapachula por documentar violaciones de derechos humanos contra migrantes.
Por su parte, Irineo Mujica es defensor de derechos humanos desde hace más de 15 años en México y Estados Unidos, es director de Pueblo Sin Fronteras en México y fundó 7 albergues para migrantes en México.
Front Line Defenders reveló que recibió información sobre pruebas fabricadas contra Cristóbal Sánchez, entre las que destacan algunas de migrantes.
Ambos defensores fueron puestos en libertad el pasado 12 de junio, debido a falta de pruebas contra ellos.
Por tanto, la FGR ahora puede presentar más pruebas, y de ser hallados culpables –añade la organización- los defensores enfrentarían a 24 años tras la rejas.
Por ello, Front Line Defenders instó a las autoridades mexicanas a que se le retiren todos los cargos a Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica; cesar de inmediato la persecución y el arresto contra los defensores; evitar que el trabajo de los activistas se estigmatizado por funcionarios del gobierno; y garantizar la integridad y seguridad física y psicológica de los detenidos.
